Señorías, muevan su trasero

Estos últimos días hemos tenido nueva confirmación a través de un informe de la OCDE (Una mirada a la educación, 2005) de algo que ya sabíamos: España está en la cola de los países de su entorno social y económico en lo que al gasto público en educación se refiere. A pesar que ese informe no decía nada sobre Cataluña, una evidencia más de que no existimos a los ojos del mundo como realidad política que tomar en consideración ni tan sólo en los densos informes académicos, sabemos lo que ocurre en nuestro país: si España está por debajo de la media de estos países, Cataluña está por debajo de la media española. Así de claro y de rotundo. Es decir, si España está mal en términos educativos, Cataluña está peor.

No es ésta una revelación ni una primicia. Hace ya muchos años que el esfuerzo presupuestario en educación es claramente insuficiente si por suficiente tomamos la media de gasto de los países de la OCDE. Partimos de una realidad indiscutible: el gasto total por estudiante está significativamente por debajo en España y en Cataluña en referencia al gasto realizado por la mayoría de los países de la OCDE. Si en estos países la media se situa en los estudiantes no universitarios sobre los 5.000 euros, en España no llegamos a los 4.000 y en Cataluña nos acercamos a los 3.500. Es evidente que los recursos económicos siempre son limitados, pero esta afirmación dicha sin más comentarios se convierte en una gran coartada para que las cosas sigan por los mismos derroteros. Incluso alguien podría advertir que ese análisis no es del todo correcto en la medida en que los países ricos pueden destinar más recursos absolutos que los menos ricos, sin que de ello se infiera que el esfuerzo de los más ricos sea mayor que el de los menos ricos. Cierto. Si tengo 1.000 e invierto 100, mi esfuerzo es del 10%. Pero si tengo 600 e invierto 90, mi esfuerzo será del 15 %. Lo alarmante de la situación es que también en el nivel de esfuerzo realizado España y Cataluña se sitúan en la cola de los países desarrollados.

Eso puede parcer chocante con la realidad percibida, ya que todos los gobernantes que hemos tenido, en España y en Cataluña, se han llenado la boca de la importancia que para sus respectivos gobiernos tenía la educación. Incluso hay gobernantes que han hecho suya la famosa expresión de Blair de "education, education, education" para recalcar lo importante que para su Gobierno era esta cuestión. Pues bien, la relevancia de una cuestión, su prioridad política, el peso que los gobernantes dan a un ámbito de gobierno, se puede y se debe medir en el nivel de prioridad presupuestaria que se le otorga. Y si Cataluña y España suspenden por lo que hace referencia a la aportación por estudiante realizada en cifras absolutas no es sólo porque hay países más ricos y que disponen de más, sino porque proporcionalmente la partida presuestaria destinada a la educación es tambien menor. Es decir, menos dinero y menos esfuerzo. Y ahí está la clave del problema. Conclusión: contrariamente a lo que los gobernantes dicen, la educación para ellos no parece muy importante. Si queremos ser políticamente correctos, diremos que para nuestros gobiernos la educación es importante, pero menos.

Así pues, llegamos a la conclusión de que lo invertido no es sólo insuficiente, sino que además -observando el escaso esfuerzo realizado- es vergonzoso e irresponsable. Lógicamente, en estas condiciones no podemos aspirar a tener unos resultados de excelencia educativa, y tampoco nos debería extrañar que ejerzamos un liderzgo entre los países desarrollados por el porcentaje de jóvenes que no superan el bachillerato.

Es sabido que el presupuesto por sí solo, por generoso que sea, no es suficiente para obtener un sistema educativo de calidad y que a su vez produzca amplios niveles de equidad. Hacen falta políticas concretas para abordar los múltiples retos planteados. Afortunadamente, hay propuestas e ideas. El curso escolar que acabamos de empezar tiene ante sí importantes retos legislativos, tanto en España como en Cataluña. Soy partidario de que el legislador legisle y con las leyes se oriente aquello que objetivamente no funciona o simplemente se intuye mejorable. Pero es del todo imprescindible que, ante tanta fiebre legislativa (¿cuántas reformas hemos vivido en la educación estos últimos años?), el gobernante se decida a aportar más recursos. Si en la década de los noventa fue la enseñanza universitaria la beneficiada, ahora le toca urgentemente a la enseñanza obligatoria.

Si el esfuerzo presupuestario se hubiera realizado en los años noventa, la reforma de la LOGSE no habría fracasado. Fue un modelo que, entre otras aspiraciones, amplió a los 16 años la educación obligatoria y buscó un modelo comprensivo, es decir integrador dentro del sistema para todos los chicos y chicas en edad escolar, con voluntad de contrarrestar en los jóvenes las condiciones sociales más adversas que existen en nuestra sociedad. Pues bien, la aplicación de ese modelo con voluntad integradora fracasó y el fracaso arrastró en gran medida el prestigio social de una parte de nuestro sistema educativo. Como decimos popularmente, perdimos bous i esquelles.

Hagan las leyes que sean necesarias, modifiquen lo que se deba modificar, pero sobre todo incrementen el presupuesto. Señorías, ustedes que pueden, muevan su trasero por la educación. Destinen más recursos para intentar reorientar un rumbo educativo que no sólo no ofrece la mínima calidad deseada, sino que dualiza nuestra sociedad en materia educativa de manera alarmante.

Jordi Sánchez es politólogo.