Entra en vigor la subida de los impuestos sobre el alcohol y tabaco para pagar el déficit sanitario

Las subidas de los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, acordadas por el Consejo de Ministros del viernes, entraron ayer en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Tales aumentos, que el Gobierno justificó para paliar el déficit de la sanidad y que decidió el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 13 de septiembre, implican una subida de un céntimo por litro de cerveza; de 30 céntimos por el litro de alcohol de alta graduación y una media de 10 céntimos por cada cajetilla de tabaco. El Gobierno señala que estas subidas "no afectarán a la inflación".

Esta subida de impuestos forma parte del paquete de medidas que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presentó en la Conferencia de Presidentes, celebrada el sábado de la pasada semana en el Senado. El Consejo de Política Fiscal y Financiera -organismo que reúne a los ministerios de Economía y Administraciones Públicas con los consejeros económicos de las comunidades autónomas- aprobó el martes pasado el plan para paliar el déficit de la sanidad pública.

Además de la subida de estos dos impuestos, el Consejo de Ministros autorizó otra medida del paquete para tapar el agujero sanitario: la concesión de anticipos de tesorería a las comunidades autónomas por valor de 1.365 millones de euros, a cuenta de la liquidación definitiva del sistema de financiación sanitaria.

El texto del real decreto justifica la subida de los impuestos del alcohol y tabaco porque "resulta especialmente coherente con la finalidad perseguida, ya que incide sobre productos cuyo consumo puede ser nocivo para la salud y, por tanto, generadores de gasto sanitario".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha insistido en que estas subidas de impuestos tendrán un "efecto mínimo" sobre el precio del tabaco y el alcohol.

El Gobierno aprobó, asimismo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, del pasado martes, una aportación a las comunidades autónomas por valor de casi 1.700 millones de euros, de los que 500 son aportación directa y el resto son fondos variados, como insularidad, residentes extranjeros, etcétera. Estas aportaciones se demorarán hasta que el Gobierno conozca las variables que condicionan el reparto a las comunidades autónomas.

Las medidas del Gobierno contaron con el apoyo de la mayoría de las comunidades autónomas. Sólo votaron en contra las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Se abstuvieron las comunidades gobernadas por el PP -Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja, Baleares y Castilla y León-, con la excepción de Navarra (donde gobierna Unión del Pueblo Navarro, la marca del PP en ese territorio), que votó a favor.