El Gobierno desclasifica documentos sobre el 11-M que reclamó el juez Del Olmo

El Gobierno decidió ayer desclasificar y entregar al juez Juan del Olmo todos los documentos secretos de la policía y la Guardia Civil y parte de los del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el 11-M y las investigaciones y alertas previas de la amenaza del terrorismo islamista en España. El magistrado había cursado el pasado 15 de febrero a los Ministerios de Interior y Defensa sendas exposiciones motivadas para que se levantase el secreto sobre dichos papeles, una vez que ambos departamentos se habían negado a entregarlos invocando que estaban sujetos a la Ley de Secretos Oficiales.

La desclasificación afecta a todos aquellos documentos que, desde el 1 de enero de 2002, habían elaborado el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil sobre el riesgo de un atentado islamista en España y sobre las personas investigadas por los atentados del 11 de marzo de 2004 y por el suicidio colectivo de siete terroristas en un piso de Leganés, el 3 de abril siguiente. También afecta a cuatro informes del CNI relativos a sus pesquisas frente al terrorismo islamista, especialmente los que se refieren a Allekema Lamari, uno de los siete suicidas de Leganés.

El levantamiento del velo sobre esos documentos fue solicitado en sendas exposiciones motivadas elaboradas el pasado 15 de febrero por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo. Éste reclamó "cuantos datos, documentos, notas, informes, informaciones, análisis, estudios, investigaciones, etcétera obren en poder de los servicios de inteligencia del Estado" sobre el 11-M y las pesquisas previas, así como sobre las 90 personas que en ese momento estaban detenidas, presas o sometidas a investigación por los atentados.

Máxima reserva

El juez cursó las exposiciones motivadas después de que, el 7 de noviembre, los secretarios de Estado de Defensa, Francisco Pardo, y Seguridad, Antonio Camacho, se negasen a atender una petición idéntica, alegando que la ley Reguladora de Secretos Oficiales les obligaba a mantener sobre ellos la máxima reserva. La única posibilidad legal que le quedaba al juez era pedir al Gobierno la desclasificación mediante exposición motivada. En el caso de que ésta fuese rechazada, podía recurrir la negativa ante el Tribunal Supremo.

No obstante, antes de las vacaciones fuentes del Gobierno explicaron que su voluntad era acceder a la desclasificación "inmediatamente después de las vacaciones" (ver EL PAÍS del 8 de agosto). Inicialmente, el Ejecutivo se inclinaba por no levantar el velo sobre los documentos del CNI pero sí facilitar todos los de la policía y la Guardia Civil.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer que se había tomado la decisión de desclasificar los documentos por el "carácter excepcional" de las circunstancias incluidas en el sumario de la causa, así como por "los incidentes gravísimos" que se juzgan y por "la gravedad" tanto de los delitos investigados como de las penas que les corresponden.

Los documentos desclasificados ayer -siete meses después de la exposición motivada del juez- son prácticamente todos los de la policía y la Guardia Civil que había exigido Del Olmo y sólo algunos del CNI. Entre estos últimos se encuentran los referidos a Allekema Lamari, sobre los que, según la primera contestación de Antonio Camacho al juez, no había ni rastro en el Ministerio del Interior.

De la Vega aclaró que los documentos del CNI que se han enviado al juez son aquéllos que el propio servicio "ha considerado que afectan a las personas que el juez relaciona con el proceso" y no vulneran las reservas que establece la ley reguladora de este organismo, es decir, que no afecten "a estructuras del Estado o a otros servicios internacionales".

La mayoría de esos papeles ya habían sido revisados, bien en sesión secreta bien en el seno de la Comisión de Secretos Oficiales, por los diputados del Congreso que formaban la ya conclusa comisión de investigación del 11-M. De hecho, en las conclusiones de ese comité se contienen varias referencias a los papeles ahora desclasificados, sobre todo a los que alertaban del incremento de la amenaza islamista contra España. Otros han sido publicados por la prensa.