El magistrado debe asegurar que están sujetos al máximo grado de protección

El acuerdo del Consejo de Ministros para la desclasificación de documentos contiene una exigencia al juez para que imponga en su custodia "el máximo grado de protección y reserva procesal", lo que, según fuentes jurídicas, puede traducirse en que Juan del Olmo decrete el secreto sumarial sobre ellos. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, preguntada sobre qué tipo de medidas esperaba que adoptase el magistrado para asegurar esa reserva, manifestó que la decisión sólo le corresponde al juez, porque "es el único que está en condiciones de valorar qué incidencia tienen en el proceso".

De la Vega precisó que los documentos se remitirán al magistrado "sin tachaduras" y con su contenido "literal". El anterior Gobierno, ya en funciones, desclasificó parcialmente un documento del CNI, elaborado el mismo 11 de marzo de 2004, en el que figuraba una llamativa tachadura. En ese papel se consideraba "casi seguro" que ETA era la autora de los atentados, basándose en análisis pero en ninguna prueba o dato físico obtenido en las primeras horas de las pesquisas. La literalidad del párrafo censurado fue conocido pocos días más tarde.

La máxima reserva sobre el contenido de los documentos también fue solicitada por el Gobierno cuando remitió algunos de esos papeles al Congreso de los Diputados para que fueran revisados por la comisión del 11-M en sesión secreta. Los documentos fueron llevados en custodia por funcionarios de los servicios secretos, que los mostraron e impidieron que fueran sacados de la sala donde estaban reunidos los comisionados. Una vez vistos, los recogieron y se los llevaron. Pese a ello, su contenido fue conocido, en algunos casos de forma textual, gracias a las filtraciones de los comisionados. Entre los papeles filtrados estaban algunos informes de Europol sobre la amenaza islamista ahora desclasificados.

Lo mismo ha ocurrido con numerosos documentos del sumario. Algunos han sido publicados literalmente por la prensa incluso cuando se encontraban bajo secreto, incluidos informes de servicios policiales amigos. Estas filtraciones han supuesto verdaderos quebraderos de cabeza para los responsables antiterroristas españoles, que incluso han recibido reprimendas de sus colegas extranjeros en algunas reuniones internacionales.