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El dinero siempre está cercano al poder. El dinero fácil y la especulación se dan la mano. Políticos, gobernantes e instituciones judiciales deben estar atentos. Hay que ser cuidadosos para evitar que actuaciones personales puedan dañar a instituciones y grupos políticos. Los actos delictivos se consumen en quienes los cometen. Estas consideraciones no afectan a la presunción de inocencia.

Mientras no exista sentencia condenatoria y definitiva no cabe hablar de delincuentes. Ni el teniente alcalde de Camas y diputado provincial por el PP, ni el edil de IU detenidos puede decirse que sean delincuentes. Ni han extorsionado, ni la grabación entregando 12.000 euros a un concejal para conseguirse voto en un pleno, ni la promesa de pagar más de un millón de euros si así lo hacía, como se ha dicho, afectan a la presunción de inocencia. Tampoco deben trasladarse estos actos -si se han generado- a sus grupos políticos. Falta la sentencia. Que se afirme judicialmente que lo han hecho en beneficio del PP. No en el suyo. Lo que no se comprende es que Javier Arenas se limite a decir que los hechos de Camas son graves. Ya se sabe. Tampoco que cuando la corrupción salpica a sus concejales exija la presunción de inocencia que no concede al PSOE, salvo que tenga dos constituciones. Una para el PP. Otra para el PSOE. Otra lectura no extraigo de su forma de actuar.

Acaba de archivarse una denuncia del PP ante la Fiscalía General del Estado. No hay la corrupción que se atribuía al PSOE del Ayuntamiento del Sevilla. En el archivo se dice que: "No existe vinculación ente las personas que pudieron beneficiarse y este grupo político". No sirve. Arenas saca su constitución personal y sigue erre tras erre.

De esta forma es muy difícil que se tomen en serio sus manifestaciones. Además, y es peor, pueden ayudar a que algunos políticos de su grupo piensen que ancha es Castilla y se encuentren a sus anchas.

Claro que qué se puede esperar de quien tolera en su grupo a quienes atribuyen delitos por apellidos -caso Oña- o a quien es capaz de colar una pregunta parlamentaria por la que se hace sospechoso de colocarse en un trabajo público a cualquier persona que tenga parentesco con cargos de cualquier nivel dentro de la Junta. Sólo que la política no goce de las cualidades que la definen.