Menos demagogia y más transparencia

El autor aboga por la publicación anual de una

liquidación territorializada de los Presupuestos

para evitar que las balanzas fiscales se

conviertan en instrumentos de agitación política.El saldo fiscal de una región es la diferencia entre la contribución vía impuestos de sus residentes al sostenimiento de las Administraciones públicas y los beneficios que éstos derivan de su actuación. Para calcularlo, resulta necesario imputar a cada territorio su parte de los ingresos y gastos públicos. En otros países, este laborioso y aburridísimo ejercicio se realiza de forma rutinaria y sus resultados no suelen generar titulares de prensa. En España, sí. Aquí el tema ha consumido ríos de tinta y seguirá haciéndolo en el futuro, con especial intensidad cada vez que toque hablar de financiación autonómica.

La razón de este fenómeno es que las balanzas fiscales se han convertido en un instrumento de agitación política. Algunos partidos nacionalistas, y muy especialmente los catalanes, han visto en ellas una herramienta útil para ayudar a crear una "conciencia nacional" cimentada sobre el rechazo a un "Estado español" que se presenta como explotador. Con este fin no han dudado en manipular los datos ni en recurrir a interpretaciones torticeras de los resultados del análisis, perdiendo así la parte de razón que contienen algunas de sus críticas al sistema de financiación autonómica y al reparto territorial de las inversiones públicas.

La más común de las prácticas que se han utilizado para inflar el déficit fiscal catalán consiste en imputar territorialmente los gastos de la Administración central siguiendo el criterio de flujo monetario -esto es, en función de dónde se localizan los perceptores inmediatos de cada partida y no sus beneficiarios últimos-. Esto lleva a imputar a Madrid todo el coste de la superestructura política y administrativa del Estado, incluyendo los aparatos centrales de los ministerios, y de muchos organismos que prestan servicios que benefician uniformemente a todos los españoles, y a no imputar a Cataluña parte alguna del coste de nuestras embajadas o de la contribución española a la Unión Europea. Junto con otros ejemplos del mismo cariz, esto puede llegar a elevar espuriamente el déficit fiscal catalán en medio billón de pesetas, lo que supone casi el 50% del saldo calculado de acuerdo con criterios más razonables.

Pero lo más grave no es cómo se calculan las balanzas fiscales, sino la interpretación que se hace de ellas. En la propaganda nacionalista un saldo fiscal negativo se equipara con el latrocinio fiscal, sin tener en cuenta que el grueso de tales saldos no es el resultado de actuaciones arbitrarias de la Administración central, sino la consecuencia natural de un sistema impositivo y de protección social que aplica reglas uniformes en toda España a la hora de redistribuir rentas entre individuos. Leyendo las muy numerosas y lastimeras quejas sobre el expolio fiscal que inundan regularmente la prensa catalana, uno no puede menos que imaginarse una horda de enloquecidos inspectores de Hacienda saqueando nuestros campos y villas. Por fortuna, tal horda no existe, o al menos yo no la he visto pese a llevar viviendo en Barcelona tiempo más que suficiente para ello. Lo que sí veo es una situación en la que a la hora de pagar impuestos y de cobrar la pensión o la prestación por desempleo, lo que importa no es dónde vive uno, sino cuánto gana, cuánto ha cotizado y cuántos familiares tiene a su cargo. Es cierto que el sistema genera considerables trasvases de recursos entre regiones, pero esto es así porque la renta y el empleo no están distribuidos de manera uniforme en el territorio. Hay regiones donde la gente gana más y, en consecuencia, paga más impuestos y percibe menos prestaciones sociales. De acuerdo con mis cálculos, esto explica en promedio tres cuartas partes de los saldos fiscales regionales, lo que deja mucho menos espacio para la arbitrariedad fiscal del Gobierno central de lo que nos quieren hacer creer algunos políticos.

La utilización demagógica que se ha hecho de los saldos fiscales ayuda a entender por qué los sucesivos Gobiernos españoles no se han distinguido precisamente por su entusiasmo a la hora de suministrar información territorializada sobre sus actuaciones. Esta actitud, sin embargo, resulta equivocada por dos razones. La primera es que atenta contra un principio de transparencia que es parte fundamental del sistema democrático. La opinión pública ha de tener acceso a toda la información necesaria para evaluar y controlar la actividad del Gobierno, y esto ha de extenderse también a la dimensión territorial de sus políticas. La segunda es que se trata de una estrategia torpe y miope. Es torpe porque transmite la impresión de que se están escondiendo cosas inconfesables. Y es miope porque las balanzas fiscales se van a seguir haciendo igual, y cuanta menos información se tenga mayor será el margen para la manipulación.

Bienvenida sea, por tanto, la reciente resolución del Congreso instando una vez más a la publicación de las balanzas fiscales regionales. Sin embargo, sería mejor que el Gobierno se comprometiese ya a publicar anualmente una liquidación territorializada de sus presupuestos desglosados por programas en vez de una balanza fiscal, entendida como un único número por región. Esta opción tendría tres ventajas importantes. La primera es que no exige un consenso metodológico previo como el que se está intentando alcanzar en la comisión creada por el Instituto de Estudios Fiscales. Tal consenso es prácticamente imposible porque algunos integrantes de la comisión buscan únicamente un marchamo de respetabilidad para "opciones metodológicas" como las descritas arriba mientras que otros, razonablemente, se resisten a ello. La falta de acuerdo entre ambos grupos bloqueará previsiblemente la comisión y podría servir como coartada para volver a incumplir el mandato parlamentario, lo que sería una muy mala noticia. La segunda ventaja es que, a diferencia de los saldos fiscales agregados, este documento puede servir de base para un análisis de la distribución regional de aquellos componentes del gasto público que responden a una lógica propiamente territorial, lo que ayudaría a identificar posibles disfunciones y a remediarlas. La tercera es que éste sería también un buen instrumento para hacer un poco de pedagogía sobre las balanzas fiscales. Un esfuerzo decidido en esta línea por parte del Gobierno y de los partidos nacionales resultaría imprescindible para contrarrestar un victimismo nacionalista que lleva ya tiempo calando en la opinión pública de algunas regiones sin oposición aparente.

Ángel de la Fuente es vicedirector del Instituto de Análisis Económico del CSIC.