Tres meses de contactos y una reunión en un chalé

Una larga conversación en el chalé del empresario Eusebio Gaviño en Bormujos (Sevilla), a mediados de agosto, fue el germen de la investigación policial que ha llevado a la detención de Gaviño y de dos concejales del Ayuntamiento de Camas, Antonio Enrique Fraile (PP) y José del Castillo (PA), y a la toma de declaración del alcalde de la localidad, Agustín Pavón (IU). Según fuentes de la investigación, a esa reunión, grabada por alguno de los asistentes, acudieron el empresario, los dos ediles, el alcalde y Francisco Javier Gordo, asesor de la concejal Carmen Lobo. La edil, que estaba en las listas de IU, fue forzada a dimitir por el alcalde en 2004, tras una sentencia judicial (recurrida y aún no firme) por la que ella y Gordo fueron condenados a año y medio de prisión por falsear un contrato de alquiler.

La marcha de Carmen Lobo y, un año después, de la edil Inmaculada Larrinaga (PP), dejó al equipo de gobierno (IU-PP-PA) en minoría. Desde febrero, las dos ediles votaban casi siempre con la oposición (PSOE y Nueva Izquierda), lo que paralizó la aprobación en pleno de proyectos municipales, incluidos los urbanísticos.

La reunión en el chalé de Bormujos fue la culminación de varios contactos con Francisco Javier Gordo, iniciados en junio, para persuadirle de que convenciera a Lobo de un cambio de voto. Gordo informó a la policía de esos contactos, incluida la conversación grabada. A partir de ese momento, los implicados empezaron a estar controlados.

Los contactos desembocaron en el supuesto intento de soborno el pasado lunes, vigilado por la policía. Según fuentes de la investigación, Gaviño citó a la concejal en un bar de Sevilla y le entregó un sobre con 12.000 euros. Supuestamente, el pago se realizaba para que al día siguiente, en un pleno convocado por Pavón en plenas fiestas de la localidad sevillana, Lobo apoyara dos proyectos urbanísticos que ya habían sido rechazados antes. Con esos proyectos, el Ayuntamiento quería poner a la venta, por casi 11 millones de euros, cinco parcelas de un polígono empresarial, con uso industrial y de oficinas. Y cambiar la calificación urbanística de otra parcela, en el centro del pueblo, para permitir la construcción de 200 viviendas de precio libre.

Según fuentes de la investigación, los 12.000 euros eran sólo un anticipo de un supuesto pago mayor que Lobo iba a recibir si votaba a favor de los proyectos. La edil, tras ir al baño del bar para que una policía certificara la cantidad, volvió y aseguró que apoyaría las propuestas municipales. Pero después denunció todos los hechos ante el juzgado. El martes volvió a votar contra los proyectos municipales y a la mañana siguiente la policía detuvo al empresario y a los dos concejales.