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La guerra de grandes constructores en Castellón lleva a los ayuntamientos de Cabanes y Oropesa al juzgado

Los responsables de los ayuntamientos de Cabanes y Oropesa habrán de presentarse hoy ante el tribunal contencioso administrativo para explicar el procedimiento con el que están llevando la recepción y análisis de las propuestas de urbanización del entorno del parque temático Mundo Ilusión. La guerra abierta entre los grandes constructores llega así a los tribunales donde, según todo parece indicar, se librarán las próximas batallas de este enfrentamiento que comienza a salpicar a las administraciones. El motivo de la comparecencia de los consistorios ante el tribunal es un escrito de súplica presentado por uno de los dos grupos que protagonizan la disputa, el formado por Lubasa y PGP (asociados en este proyecto con el alicantino Ortiz) frente al grupo Marina D'Or. La decisión del tribunal viene dada por un recurso contencioso administrativo presentado por Lubasa y PGP poco después de que Marina d'Or hiciera pública su propuesta de urbanización de los cerca de 20 millones de metros cuadrados, ubicados entre Oropesa y Cabanes, que están en litigio. El recurso, que también se formalizó como alegación ante los ayuntamientos, hace referencia a la sociedad con la que el grupo Marina d'Or presentó su proyecto. Según el registro mercantil, Construcciones Castellón 2000, que es la mercantil con la que se firma la propuesta, no tiene como objeto social ni el desarrollo urbanístico ni la presentación o gestión de propuestas de urbanización. Pese a que se trata de una cuestión jurídica que, al parecer, es subsanable, el "error" podría provocar el inicio de un largo contencioso.

El objeto de la súplica presentada es lograr la paralización de la convocatoria de los plenos en ambos ayuntamientos, previstos para el sábado, en los que, si el tribunal no lo impide, se votarán los informes técnicos municipales que señalan la propuesta de Marina d'Or como la más favorable para cada uno de los municipios.

En cualquier caso, éste no es el único recurso presentado por Lubasa y PGP, quienes también han denunciado ante el mismo tribunal el hecho de que la apertura de plicas se haya realizado antes de que se culminara el procedimiento habitual marcado por la ley durante el que, por ejemplo, como promotores del proyecto, habían de informar a los propietarios del suelo afectado, cuando aún no se ha finalizado con este trámite.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de septiembre de 2005