Camps, el agua y el método alemán

Hace más de 4 años la Generalitat Valenciana y la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar firmaron un convenio para la modernización de los regadíos, donde como compensación por las inversiones llevadas a cabo en la construcción del embalse de Alarcón, la Generalitat Valenciana se comprometía a modernizar los regadíos de la Ribera del Júcar. El coste estimado en el documento es de 50.000 pesetas / hanegada para la ejecución de la red de transporte desde la conducción principal hasta los cabezales y otras 50.000 pesetas / hanegada para la instalación de los cabezales de riego con estación de filtrado, abonado y grupos de hidropresión.

La superficie total a modernizar, regadas por la Acequia Real del Júcar, la Real Acequia de Escalona y la Real Acequia de Carcagente, es de 225.972 hanegadas, lo que implicaba una inversión de 22.597 millones de pesetas, la mitad con cargo a la Consejería de Infraestructuras y la otra mitad a la de Agricultura. Desde la firma del Convenio en julio de 2001, la Generalitat tan sólo ha adjudicado 3 de los 45 sectores, y lo que es peor, tan sólo la parte correspondiente a la Consejería de Agricultura.

Frente al coste estimado en el Convenio de 300 euros / hanegada a cargo de Agricultura (otros 300 le corresponden a Infraestructuras), en los 3 sectores ya en marcha, a pesar de la baja ofertada por los adjudicatarios de un 25%, el coste se ha disparado a 540 euros / hanegada, lo que supone una desviación del 80%, todo ello sin contar posibles modificados o liquidaciones complementarias que se produzcan durante la ejecución. Con ese nivel de desviación, la inversión necesaria para modernizar los regadíos de la Ribera del Júcar estaría por encima de los 244 millones de euros.

Con la llegada del PSOE al Gobierno del Estado en 2004, el PP de la Comunidad Valenciana convierte el agua en eje central de su estrategia política de confrontación. Sin embargo, la ineficacia en la reutilización de aguas depuradas por parte de la Generalitat que acaban vertiéndose al mar (tan sólo se reutilizaron para riego 149 hm3 de los 502 hm3 que se depuraron en 2004) y el incumplimiento de los compromisos adquiridos en la modernización de regadíos en la Ribera (3 sectores de 45), deja al descubierto las vergüenzas del PP valenciano.

La estrategia electoral del PP exigía con urgencia tapar la brecha del incumplimiento en la modernización de la Ribera, pero la dura realidad hace que se den de bruces no sólo con la brutal deuda acumulada sino con el plan de saneamiento que han tenido que afrontar al haber liquidado el presupuesto del 2003 con déficit. La deuda de la Generalitat está cifrada por el Banco de España en 9.345 millones de euros, el equivalente a un 12% de nuestro PIB, la más alta del conjunto de comunidades autónomas (la media está en el 6,5%).

La ley 5/2001, Complementaria de la ley General de Estabilidad Presupuestaria, obliga a las comunidades a que liquiden sus presupuestos con déficit, a presentar un plan económico financiero que corrija la situación. Cuando Camps liquidó el presupuesto de 2003 admitió tan sólo un desfase entre gastos e ingresos de apenas 4,1 millones de euros, sin embargo cuando el 22 de noviembre de 2004 el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó un Plan de Saneamiento Financiero para la Comunidad Valenciana, elevó el déficit real del ejercicio 2003 en términos de Contabilidad Nacional (SEC 95) a 971 millones de euros.

Camps optó entonces, entre otras medidas correctoras, por la aplicación del recargo sobre carburantes así como recortes en gastos de funcionamiento, subvenciones y publicidad institucional; pero sobre todo, y lo que es más importante, más de la mitad de la cuantía del ajuste recae en la reprogramación de las inversiones, retrasándolas a años posteriores.

La cuadratura del círculo, cumplir con el compromiso de modernizar los regadíos y al mismo tiempo no salirse de las limitaciones impuestas por el Plan de Saneamiento 2005-2008, se logra, cómo no, a través de "nuevas fórmulas de financiación", en palabras del otro Camps, Gerardo. Es decir, a través del método alemán, del peaje en sombra, de una mayor participación del sector privado. En el caso de la modernización de regadíos, el gobierno Camps, obligado por la presión de las denuncias de la oposición y los agricultores, licita el 23 de agosto de 2005 seis sectores de la Acequia Real del Júcar y otros tres de la de Escalona y utiliza como "nueva fórmula de financiación" el método alemán. La cláusula 17 del Pliego de condiciones dice que el precio del contrato (35 millones de euros es el presupuesto de licitación) se pagará en diez anualidades contadas desde la recepción definitiva de la obra (plazo de ejecución 36 meses) fraccionando el precio en nueve partes ya que el primer año será de carencia. Si logra adjudicarse antes de final de 2005 y se ejecuta sin ningún tipo de retrasos el primer pago se realizaría en diciembre de 2009 y el último en 2017.

Pero el método alemán era ventajoso hasta que se modificó el Reglamento Europeo de Eurostat, pero no después; por eso el PP dejó de utilizarlo, ya que la obra ejecutada cada año, aunque no esté recibida por el Estado pasa directamente a engrosar el déficit, lo cual perjudica sustancialmente el cumplimiento de los principios de convergencia con Europa. "No es comprensible que, desaparecidas las ventajas en cuanto al cómputo del déficit, que se abonen intereses a la empresa privada cuando la deuda pública está a cifras más ventajosas para la Administración pública". Estas palabras no son de ningún responsable del Ministerio de Economía y Hacienda, ni siquiera de ningún parlamentario o portavoz del PSPV sino que fueron pronunciadas el 24 de octubre de 2004 por el portavoz de Fomento del Grupo Popular en el Congreso, Andrés Ayala.

Camps en realidad no difiere ni un ápice de lo que defiende Rajoy y el grupo popular en Madrid, ni tan siquiera pretende burlar a la Intervención General del Estado, mediante artificios contables, para que en las liquidaciones de 2006 y siguientes no se compute el déficit real que genera la utilización del método alemán, porque ya ha probado el correctivo de la liquidación del 2003, lo que hace es seguir utilizando el agua como eje central de su campaña política, eso sí, a base de engañar el máximo tiempo posible, para que la dura realidad, los incumplimientos y las mentiras no se descubran antes de la próxima convocatoria electoral de 2007.

Camps engaña en primer lugar a toda la comarca de la Ribera incumpliendo un compromiso que es incapaz de llevar a cabo, pero también a la provincia de Alicante porque al mismo tiempo impide que las comarcas del Vinalopó, L'Alacantí y la Marina Baixa puedan recibir una sola gota de agua del Júcar, ya que sin modernización de regadíos no hay sobrantes y sin sobrantes no hay agua a trasvasar. Y además insulta a la inteligencia de todos los ciudadanos, porque en la situación de profunda crisis financiera en la que el PP ha sumido a la Generalitat, los reiterados ofrecimientos para asumir el coste del trasvase del Ebro o la más reciente bravuconada ofreciéndose a financiar la construcción de los tramos II, III y IV del Júcar-Vinalopó son, sin lugar a dudas, una burla y un claro ejemplo de cinismo político.

Ricard Torres, portavoz de Economía del PSOE en el Congreso de Diputados.