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El Gobierno entiende que no existe plazo para enviar las leyes de liquidación de cuentas

El PSE acusa al Ejecutivo de dificultar el control de la ejecución presupuestaria

El Gobierno entiende que ha cumplido "escrupulosamente" la Ley de Régimen Presupuestario, pese a no haber enviado a la Cámara ningún proyecto de ley de liquidación de cuentas en ocho años, ya que la normativa no fija "ni modos ni plazos" para hacer efectiva esa exigencia legal. La portavoz del Ejecutivo, Miren Azkarate, argumentó así ayer el incumplimiento de ese precepto legal en todo el mandato del lehendakari Juan José Ibarretxe. No obstante, anunció que el Gabinete irá enviando "paquetes liquidatorios" a la Cámara, aunque no pudo precisar cuándo lo hará.

Azkarate sostuvo ayer en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno que éste ha cumplido "escrupulosamente" la Ley de Régimen Presupuestario, en contra de la acusación del Grupo Socialista, que le pide cuentas por lo que considera un incumplimiento "sistemático" de esa norma, ya que no ha sometido a la Cámara desde hace ocho años los preceptivos proyectos de ley de liquidación de las cuentas de cada ejercicio.

A juicio de la portavoz, el Ejecutivo cubre por completo sus obligaciones cuando envía al Parlamento el proyecto de Presupuestos de cada año, ya que éste incluye lo que denominó una "preliquidación" del ejercicio anterior y un avance del que se halla en curso. "Entendemos que se cumple con lo que establece la ley", sostuvo.

Azkarate admitió que la Ley General Presupuestaria establece también el envío a la Cámara de un proyecto de ley con la liquidación definitiva de las cuentas de cada ejercicio y que éstos no se han enviado, pero se amparó en la inexistencia de requisitos ni plazos prescritos. "La ley no fija modos ni plazos de presentación para esas leyes", argumentó.

La portavoz no explicó por qué el Gobierno no ha enviado ni un solo proyecto de ley liquidador de cuentas desde el año 1998 y volvió su reproche al Grupo Socialista, que ha reclamado explicaciones sobre esta cuestión a la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia. Los gobiernos anteriores, sostuvo la portavoz, "presentaban paquetes liquidatorios que aglutinaban varios ejercicios. Eso lo sabe perfectamente el partido socialista, porque se ha hecho así estando ellos como socios en el Gobierno".

En adelante, anunció la consejera, "se seguirá actuando de la misma manera, pero, insisto, no hay obligación de presentarlo ni anualmente ni cada dos años, no se establece nada [en la Ley de Régimen Presupuestario]", añadió.

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Azkarate dijo no estar en condiciones de precisar en qué plazo piensa el ejecutivo empezar a enviar al Parlamento los proyectos de ley de los ejercicios entre 1998 y 2004.

La parlamentaria socialista Joana Madrigal, autora de la petición de aclaraciones a la vicelehendakari, no acepta los argumentos ofrecidos ayer por la portavoz e insiste en que hay un incumplimiento legal. "Las normas están para cumplirlas, máxime cuando afectan a los dineros que el Gobierno administra por cuenta de los ciudadanos", señaló. "Remitir con ocho años de retraso una ley de liquidación de un presupuesto hace que la información pierda un alto porcentaje de eficiencia en cuanto al control que se puede realizar a partir de ella, a su inmediatez y a su contraste", argumentó.

A su juicio, la "pequeña información" sobre el ejercicio vencido que se adjunta a cada proyecto de ley de presupuesto, resulta "totalmente insuficiente" y los informes trimestrales que el Ejecutivo remite a la Cámara "contienen información tan fraccionada que no puede calificarse de tal, sino de intoxicación de papeles", critica.

Madrigal señaló que el Gobierno ha tenido "pavor" de mandar a una Cámara en la que se halla en minoría esos proyectos con las cuentas de un auténtico "período negro" en el orden presupuestario. El PSE esperará a la explicación que ofrezca la vicelehendakari para decidir si emprende una iniciativa de modificación de la ley para, entre otras cosas, fijar un plazo cerrado a la presentación de las leyes de liquidación.

Emergencias químicas

El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión de ayer los nuevos planes de emergencia exterior de once empresas químicas que emplean sustancias peligrosas en sus procesos productivos. Los protocolos han sido elaborados por la Dirección de Atención de Emergencias de Interior en colaboración con todos los implicados -Osakidetza, Ertzaintza, Industria ayuntamientos o empresas- y adaptan los antiguos planes a la actual normativa de la UE.

Los planes pretenden prevenir y en su caso mitigar las consecuencias de posibles accidentes graves estableciendo las medidas de protección adecuadas, los recursos necesarios y el esquema de coordinación con las autoridades y los servicios de emergencia.

Entre las empresas cuyos programas han sido aprobados para sus instalaciones figuran Petronor, Repsol, Fertiberia o Atofina. Interior está elaborando actualmente planes similares para otras 15 firmas químicas.

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