El Gobierno vasco lleva ocho años sin liquidar los presupuestos

El Gobierno lleva ocho años incumpliendo la obligación legal de remitir al Parlamento para su debate el proyecto de ley con la liquidación de los presupuestos anuales. El último que fue enviado, según consta a los servicios del Parlamento, se remonta a 1997, cuando era lehendakari José Antonio Ardanza.Desde entonces nunca se ha vuelto a cumplir esta exigencia, impuesta por la Ley de Régimen Presupuestario. Para la oposición, este incumplimiento denota el "oscurantismo" que ha presidido la gestión presupuestaria durante los mandatos de Juan José Ibarretxe.

El Gobierno está obligado por ley a presentar anualmente un proyecto de Presupuestos al Parlamento vasco, pero también tiene un segundo mandato: remitir a la Cámara, tras el vencimiento del ejercicio, y también como proyecto de ley, la documentación relativa a la liquidación de dichos presupuestos, para su debate y aprobación. La finalidad de este trámite es que el órgano legislativo que dio el visto bueno a las cuentas de la comunidad autónoma, pueda conocer el grado de cumplimiento o desviación de lo aprobado y los partidos de la oposición estén en condiciones de controlar la ejecución del presupuesto por parte del Gobierno.

Esta obligación ha sido incumplida sistemáticamente por los dos gobiernos del lehendakari Juan José Ibarretxe. De hecho, ni siquiera remitió en 1999 el proyecto de ley de liquidación de las cuentas del último año de mandato del anterior gobierno presidido por José Antonio Ardanza. Tanto durante su larga etapa de gobierno, como en la de su predecesor, Carlos Garaikoetxea, se procedió escrupulosamente a la liquidación de las cuentas.

Portavoces oficiales de la Vicepresidencia del Gobierno declinaron explicar, a petición de este periódico, los motivos por los que no se ha procedido según lo que establece la normativa legal en materia presupuestaria aprobada por el Parlamento vasco.

Desde Ardanza

Los proyectos de ley que faltan por enviar a la Cámara deberían dar cuenta de la liquidación de los presupuestos entre 1998 y 2004. El primero corresponde al último año de mandato del anterior lehendakari, José Antonio Ardanza, que debería haber enviado al Parlamento el Gobierno de Ibarretxe, que tomó posesión en enero de 1999. El resto de las liquidaciones no tramitadas en el Parlamento pertenecen a los dos mandatos completos del lehendakari Ibarretxe.

La Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi prescribe en su artículo 126: "La documentación relativa a la liquidación de los Presupuestos Generales (...) será remitida por el Gobierno mediante el correspondiente proyecto de ley para su debate y aprobación por el Parlamento".

Las fuentes consultadas atribuyen el incumplimiento de este precepto a la conflictiva situación presupuestaria que han vivido los dos gobiernos Ibarretxe (prórrogas, aprobaciones de cuentas mutiladas y declaradas inconstitucionales, o sacadas adelante en votaciones cuestionadas), ya que la aprobación de los proyectos de ley de liquidación de la cuenta general les habría resultado igualmente difícil.

"Esconder datos"

Para el portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, el comportamiento del Gobierno en esta materia "no tiene parangón" en Europa. "Es la única Administración que conozco que esconde datos esenciales para el control parlamentario de lo que ha hecho con los presupuestos", afirma. En su opinión, el incumplimiento de la obligación legal de presentar al Parlamento la liquidación de las cuentas vencidas supone "un ejercicio de oscurantismo" que redondea los procedimientos dudosos con los que se han sacado adelante los presupuestos en los últimos años. Pastor resalta que, incluso en las prórrogas, el Ejecutivo ha utilizado unas normas de ejecución presupuestaria que le permite incorporar y modificar partidas de gasto "sin ningún control", de modo, dice, que "le es casi más cómodo no tener presupuestos, que tenerlos".

A esta situación se une el retraso en la auditoría de los presupuestos por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Aunque el Gobierno está obligado a enviarle la documentación a 31 de enero de cada año y el órgano fiscalizador debe emitir su juicio en cuatro meses -por lo tanto en mayo de este año debería haberse enviado a la Cámara el informe sobre las cuentas de 2004-, lo cierto es que el último ejercicio del que hay informe es 2002.