Las extrañas vías del capitalismo español

PARA AUMENTAR EL GRITERÍO sobre la oferta pública de adquisición (OPA) de la compañía eléctrica Endesa por Gas Natural sólo faltaban las declaraciones de Aznar. Según el ex presidente, la operación es "una equivocación muy seria", cuyo objetivo sería "intentar utilizar empresas para apoyar proyectos políticos... es un intento promovido políticamente en contra de la competencia, la libertad de empresa y los intereses de los consumidores"; la finalidad "es que todo esté concentrado en las mismas manos en Cataluña, que es lo que a su vez condiciona al Gobierno" (Abc del pasado día 8).

Lo dice la misma persona que siendo jefe del Ejecutivo (1996-2004) utilizó el gigantesco cash flow de una Telefónica recién privatizada, a cuyo frente puso a su compañero de pupitre Juan Villalonga, para competir con los medios de comunicación privados que no le eran afines. Operación técnicamente catastrófica y políticamente arbitraria. En aquella ocasión, los que hoy se oponen a la OPA de Gas Natural permanecieron en un sepulcral silencio, observando la competencia desleal y los trucos de leguleyo como algo natural.

Si se analiza la OPA de Gas Natural sobre Endesa desde el punto de vista político, hay que acudir a la política de privatizaciones del PP, que sustituyó el sector público empresarial por un sector privado gubernamental

El capitalismo español tiene extrañas vías para autogenerarse. En las últimas décadas ha aparecido una clase empresarial, muchas veces con presencia exterior, que ha dado vida a un tejido de sociedad civil muy notable, y que afortunadamente tiene pocas relaciones con el poder político. En segundo lugar está el duopolio financiero que gira alrededor de los dos megabancos españoles, SCH y BBVA; ante tal grado de concentración cabe interrogarse sobre qué ocurriría si no existiesen las cajas de ahorro.

En tercer lugar están, precisamente, los conglomerados que giran alrededor de las cajas, de un poder creciente porque están sustituyendo, en buena parte, la presencia industrial que los bancos tuvieron durante el franquismo y los primeros años de la transición. En las cajas está representado el poder de las comunidades autónomas y, en última instancia, de los partidos políticos. Los que piden una privatización de unas cajas de ahorro muy bien gestionadas saben que los únicos entes que podrían comprarlas serían los bancos, con lo que se trasladaría ese poder regional al poder financiero privado. Para lo bueno y lo malo.

La última pata del capitalismo español está formada por el antiguo sector público empresarial, privatizado en una pequeña porción por los Ejecutivos de Felipe González, y en su gran mayoría en los ocho años de Gobierno de Aznar. En el libro El modelo económico español 1996-2004, de los economistas Bernardo de Quirós y Martínez Rico (Instituto de Estudios Económicos) -una inteligente defensa de la política del PP-, se explican las diferencias entre las privatizaciones del PSOE y las de Aznar. Mediante las primeras, "el Estado sólo transfirió una parte del capital de las joyas de la corona, reservándose su control estratégico y funcional"; con el PP, "España se embarcó en una profunda dinámica de desmantelamiento del sector público empresarial que afectó a la participación estatal en los principales sectores económicos". Lo que no dice ese libro es que se sustituyó el sector público empresarial por un sector privado gubernamental: se hizo una desamortización al frente de la cual el Gobierno del PP puso a gestores de su absoluta confianza, algunos de ellos sin carrera empresarial, sólo por su cercanía ideológica a la derecha, o por su amistad con el presidente del Gobierno o su ministro de Economía Rodrigo Rato.

De aquellos polvos, estos lodos. Entre las empresas que protagonizan la OPA en cuestión, varias provienen de ese sector privado gubernamental, y sus gestores alcanzaron la cima en el proceso de privatizaciones del PP. Para comparar la madurez de nuestro capitalismo es preciso girar la cabeza hacia los consumidores y los accionistas, y hacia la autonomía de los organismos reguladores. Sólo ellos deben ser quienes diriman la bondad de unas operaciones atravesadas de lleno por la historia política de los últimos años.