¿Están fuera de banda?

El juez Grande-Marlaska, sustituto de Garzón en la Audiencia Nacional, investiga la supuesta pertenencia a ETA de varios miembros del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK, en sus siglas en euskera). El Gobierno, que en su día desistió de instar la ilegalización de esa formación, por considerar insuficientes los indicios existentes, no ha cambiado de posición. Sin embargo, la admisión a trámite de una querella presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha motivado la apertura de una investigación en virtud de la cual ya han comparecido como imputados miembros de EHAK y de Batasuna -estos últimos deberán pagar fuertes fianzas para eludir la prisión provisional-, y el lunes lo hará Rafael Díez Usabiaga, secretario general del sindicato abertzale LAB, en el que militaban varios de los candidatos que resultaron electos.

No tienen razón quienes sostienen que las medidas actuales del juez Marlaska dan retrospectivamente la razón a su exigencia de intervención del Gobierno. La suspensión de EHAK antes de las elecciones presentaba grandes dificultades. No era un caso comparable al de la agrupación electoral Aukera Guztiak, creada expresamente para sustituir a Batasuna. Bastaba demostrar esa voluntad de sustitución fraudulenta de una organización ilegal; mientras que EHAK era un partido preexistente, legal, por lo que su ilegalización hubiera requerido, de acuerdo con la Ley de Partidos, demostrar que había incurrido en actividades "reiteradas y graves" de apoyo, exculpación o legitimación del terrorismo. Algo difícil de hacer en el escaso tiempo que había entre la presentación de la candidatura y las elecciones. Una suspensión cautelar implicaba el riesgo de tener que repetir las elecciones si en su momento el Tribunal Constitucional rechazaba la suspensión.

La situación actual es diferente. La imputación lo es, según la querella, por un presunto delito de pertenencia a banda armada de los artículos 515 y siguientes del Código Penal: los que sirvieron a Garzón para decretar la disolución de Batasuna. Si, como afirma ahora el fiscal del caso, han aparecido nuevos elementos, deben investigarse de acuerdo con los requisitos propios del derecho penal, con todas las garantías legales. Lo que no resulta admisible es la pretensión de los dirigentes de Batasuna de que deje de aplicarse la ley para favorecer un clima de distensión.

Dos días después de que se conociera la nueva oleada de cartas de extorsión enviadas por ETA, y de que una docena de encapuchados tratase de abrasar vivos a los ertzainas del cuartel de Ondárroa, Díez Usabiaga protestaba de que se hable "tanto de la kale borroka" y tan poco del "apartheid" y la "caza política" de los dirigentes abertzales. Y Otegi advertía de que la decisión del juez había "colmado la paciencia" de su partido, al que "a partir de ahora" nadie podrá hacer responsable "de ningún tipo de enfrentamiento popular o armado que exista". Sin embargo, la ilegalización de Batasuna no es consecuencia de sus ideas independentistas, sino de su vinculación con ETA y de su incapacidad para desmarcarse del entramado coactivo montado por la banda.