Ingresan en prisión dos acusadas de maltrato a enfermos mentales en Valencia

Un juzgado de Llíria (Valencia) decretó ayer el ingreso en prisión de la ex directora y una antigua empleada de una residencia de enfermos mentales de L'Eliana por supuesto "trato vejatorio denigrante, maltrato psíquico y físico y detención ilegal" de una decena de enfermos. La Guardia Civil, que detuvo a las acusadas el martes, comprobó durante el registro del centro -que desde noviembre tenía otro gestor- la existencia de un zulo en el que supuestamente escondían a enfermos. La Generalitat Valenciana cerró ayer la residencia.

Rosa Pérez Sancho, de 45 años (ex directora del centro), y Natividad R. B., de 29 años (ex empleada), estaba previsto ingresaran anoche en la prisión de Picassent (Valencia), según fuentes del Tribunal Superior de Justicia. Al parecer, la juez decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza basándose en los indicios de la investigación y después de que ambas acusadas se negasen a declarar.

La Guardia Civil las detuvo el martes. Están acusadas de supuestos malos tratos físicos y psíquicos a enfermos mentales y ancianos a los que pegaban, ataban y escondían en un zulo del centro tutelado por la Generalitat valenciana. La Administración nunca detectó el sótano de los supuestos horrores a pesar de haber enviado, en varias ocasiones, inspectores a dicho centro. Una alfombra y una mesita en un pasillo tapaban la trampilla de acceso al zulo. Bienestar Social decretó anoche "preventivamente" el cierre de la residencia.

Rosa Pérez empezó a utilizar un chalé de la L'Eliana (a 12 kilómetros al oeste de Valencia) como residencia de ancianos en 2000 con el pretexto de que eran familiares. Un año más tarde Bienestar Social detectó la actividad ilegal al denunciarse la desaparición de un anciano con Alzheimer. Pérez cambió entonces el objeto de su negocio atendiendo a los requisitos estipulados por la ley y obtuvo una licencia para regentar una vivienda para enfermos mentales crónicos (pacientes con trastornos psíquicos graves pero con un cierto grado de autonomía).

El Ayuntamiento de L'Eliana, tal como ayer confirmaron la concejal de Servicios Sociales y el responsable de la Policía Local, conocía la residencia (sobre la que no tiene competencias) y había intervenido en distintas incidencias (fuga de un interno, riñas entre ellos). El centro, conocido como Residencia Santa María de La Cañada, es privado, tutelado por la Generalitat Valenciana y acoge a personas sin recursos económicos (los gastos se cubren con una participación de la Administración autonómica y aportaciones de las familias o subsidios de los enfermos). Tenía permiso para siete pacientes. Según la Guardia Civil, convivieron 14.

Ni el Ayuntamiento ni los servicios de urgencias que atendieron a alguno de los internos observaron nunca que los pacientes presentaran lesiones, falta de higiene o descuido. La Generalitat valenciana, según explicó ayer la responsable de Bienestar Social, Alicia de Miguel, "estuvo desde 2001 pendiente de ese centro, se observaron irregularidades administrativas pero ninguna que exigiera el cierre".

El pasado mes de noviembre, Rosa Pérez cedió la gestión del centro a Ángel Alberca Corral. La operación se firmó ante notario y fijó un alquiler de 1.800 euros mensuales. En febrero, Pérez denunció en un juzgado de Llíria el impago del alquiler. La ex propietaria y ahora sospechosa denunció ante la consejería supuestas irregularidades que la inspección no confirmó.

El 30 de agosto, Pérez denunció ante la Policía Local de L'Eliana que no había cobrado el alquiler desde que cediera la gestión (que no fue comunicada a Bienestar Social pero que es, según De Miguel, legal) y que poseía material gráfico que comprometía al gerente como maltratador de los enfermos.

La Guardia Civil tomó declaración al actual gerente. Y la historia dio la vuelta. Los testimonios de algunos enfermos mentales señalaron a Rosa Pérez como maltratadora. Aparecieron relatos escalofriantes de golpes con un bate de béisbol (apodado Jacinto), gritos continuos, vejaciones, encierros prolongados, abandono. Eso y el registro del chalé, en el que se comprobó la existencia del zulo, motivaron la detención de la propietaria y la de su estrecha colaboradora y ex empleada. Sin embargo, no hay partes de lesiones.

Lo que sí pudo comprobar ayer mismo la Guardia Civil, es que en un apartamento propiedad de Rosa Pérez en Port Saplaya, vivían en régimen de residencia pero ilegalmente, entregándole la pensión, dos ancianos sin familia que fueron hallados en el suelo, en estado de confusión y desorientación. Los dos permanecen en el hospital Clínico de Valencia.