La cuadratura del círculo político

La entrevista del presidente del Gobierno con el líder del principal partido de la oposición celebrada anteayer tuvo el desenlace contradictorio propio de este tipo de rituales político-mediáticos. Las versiones dadas por Zapatero -a través de la vicepresidenta del Ejecutivo- y por Rajoy -en persona- acerca de sus dos horas largas de conversación sin testigos tuvieron contenidos muy diferentes: una charla superficial sobre pájaros y flores, según el presidente del PP, y una reflexión profunda en torno al panorama nacional e internacional, según María Teresa Fernández de la Vega. Mientras que la portavoz del Gobierno aseguraba a los periodistas que Zapatero había ofrecido a su interlocutor "un marco estable de relación", Rajoy lamentaba la falta de eco de sus propuestas para consensuar las políticas de Estado.

El Gobierno socialista, sin embargo, no hubiese podido suscribir los ambiciosos acuerdos genéricos ofrecidos por el líder de los populares sin hacer saltar a la vez por los aires el delicado mosaico de entendimientos con los grupos parlamentarios que le mantienen en el poder: la geometría política tampoco ha resuelto la cuadratura del círculo. Ni siquiera los arbitristas que defienden la idea de una gran coalición capaz de realizar ese programa se toman la hipótesis en serio. Existe, en cambio, un amplio espacio de colaboración posible entre el Gobierno y el PP en provecho propio y del sistema constitucional en su conjunto: socialistas y populares pueden aceitar los engranajes de la maquinaria del Estado, actualmente semibloqueada, fatigada y chirriante como consecuencia de sus feroces enfrentamientos de los últimos meses.

La Constitución de 1978 exige un alto grado de consenso a los dos grandes partidos mayoritarios no sólo para reformar su articulado, sino también para conseguir que el régimen democrático funcione adecuadamente. La renovación de Enrique Múgica como defensor del pueblo mostró que el PSOE y el PP pueden llegar a entenderse -pese a todo- a la hora de votar las designaciones parlamentarias que exigen mayorías cualificadas del Congreso y del Senado. El proyecto de reforma del Estatuto valenciano ejemplifica la posibilidad de alcanzar acuerdos satisfactorios entre ambos partidos incluso en el conflictivo ámbito territorial. Y la división horizontal del poder en el marco del Estado de las autonomías hace inexcusable la colaboración de los Gobiernos autonómicos -sea cual sea su color partidista- si se aspira a resolver problemas tan graves como el déficit sanitario.

A menos que fuesen convocadas elecciones anticipadas para las Cortes Generales o para los Parlamentos de las comunidades que otorgan a sus presidentes la potestad disolutoria, los ciudadanos españoles no serán llamados a las urnas hasta los comicios municipales y autonómicos de mayo de 2007. Es una etapa demasiado larga como para que la estrategia de la tensión -tal y como ha venido aplicándola el PP tras su derrota del 14-M- no termine volviéndose finalmente contra sus airados promotores. Las prisas son malas consejeras de los aspirantes al poder: si Zapatero llegó a la presidencia del Gobierno el año 2004, tal vez la razón fuese que su meta inicial era el año 2008; en cambio, Rajoy podría quedar fuera de la carrera para 2012 por su estrategia desestabilizadora durante la actual legislatura. El corrimiento de los dirigentes del PP hacia las posiciones de la derecha autoritaria, patriotera y clerical ocupadas en su día por Alianza Popular les asegura la fidelidad de sus votantes tradicionales pero les aleja de los sectores moderados de una sociedad moderna y secularizada. El aislamiento de los populares respecto a las restantes fuerzas políticas les obliga, además, a ganar de forma arrolladora para conquistar el Gobierno; los resultados de las recientes elecciones autonómicas en Galicia ponen de manifiesto que el actual PP está condenado a permanecer en la oposición aunque le falte un solo escaño para disponer de la mayoría parlamentaria absoluta.