Los vocales de CiU, ERC y PP copan los votos particulares

Los siete miembros del Consejo Consultivo no han logrado tomar decisiones por unanimidad en la mayor parte de consultas sobre los aspectos más polémicos del nuevo Estatuto. Los dos integrantes del organismo a propuesta de CiU (Jaume Camps y Agustí Bassols) han votado junto a Jaume Vernet, elegido a propuesta de ERC, aspectos como la constitucionalidad de la apelación a los derechos históricos.

También apoyan con desigual convicción la inclusión en el Estatuto de un sistema de financiación basado en el concierto.

Sin embargo, estos tres juristas no lograron imponer sus tesis al quedar en minoría frente a los dos miembros propuestos por el Gobierno (Joaquim Tornos y Marc Carrillo) y los propuestos por el PSC (Pere Jover) y por el PP (Joaquim Borrell).

Los miembros del Consultivo propuestos por CiU, ERC y PP han optado por presentar votos particulares en aquellos puntos en que no han logrado suficiente apoyo para sus tesis.

De estos votos particulares destacan los presentados por Agustí Bassols y Jaume Camps, en los que defienden las tesis de Convergència i Unió sobre competencias y consideran exageradas las inconstitucionalidades detectadas en este punto por el resto de ponentes. Defienden, por ejemplo, la legalidad de la propuesta para que la Generalitat pueda legislar en materia de inmigración. Bassols y Camps creen que la posible inconstitucionalidad de estos aspectos se salva a través de la comisión bilateral Estado-Generalitat.

Joaquim Borrell, elegido a propuesta del PP, afirma, en cambio, que la asunción de las nuevas competencias por parte de la Generalitat previstas en el proyecto estatutario supone una "reforma encubierta de la Constitución". Alerta, también, de que la aprobación del Estatuto con el actual redactado implicaría "la modificación de leyes estatales, la reestructuración de sus instituciones y el condicionamiento de algunas competencias". Borrell también ha emitido un voto particular para dejar claro que la definición de Cataluña como "nación" puede tener "efectos jurídicos" no permitidos.

La laicidad de la enseñanza pública que defiende el tripartito y que provoca el rechazo total de CiU también ha sido objeto de un voto particular por parte de Agustí Bassols. En opinión de este jurista, la definición de España como estado aconfesional no comporta la realidad de signo opuesto, un estado laico. Sobre la reforma inducida por el Estatuto de leyes orgánicas, rechazada por el Consultivo, vocales a propuesta de CiU y ERC afirman que el Estatuto, como ley paccionada de rango orgánico especial, puede dejar sin aplicación en Cataluña determinadas leyes orgánicas.