Prendas de la China

Más de 75 millones de prendas de vestir procedentes de China siguen retenidas en los puertos europeos, pendientes de que en el seno de la UE se alcance una posición común en las negociaciones con el país asiático que se reanudan hoy. Esa situación refleja una doble incapacidad de Europa: la de asumir las consecuencias del libre comercio y la de las instituciones comunitarias para facilitar la solución de contenciosos como el abierto.

La Unión Europea está dividida entre los países que configuran el bloque proteccionista, con Italia, Francia y España a la cabeza, y aquellos otros que no disponen de una industria de la confección tan amenazada y pueden permitirse defender el derecho de los consumidores a beneficiarse del efecto favorable que sobre los precios tiene la competencia internacional. Alemania y Reino Unido destacan en este segundo grupo. La mayor parte de esas prendas retenidas forman parte de pedidos ordenados antes de que entrara en vigor el nuevo sistema de cuotas en ese sector con China, el pasado 10 de junio. Ésta fue una revisión de un acuerdo mucho más amplio, en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que obligaba a los países a eliminar el sistema de cuotas en el textil a partir del pasado 1 de enero.

Lo que no habían previsto los principales países productores era que la capacidad competitiva china fuera tan abrumadora como para inundar todos los mercados con sus productos. La reacción de la UE y de EE UU fue revisar lo pactado, con el fin de proteger a sus industrias domésticas: intentar prolongar la respiración de un sector ciertamente amenazado si la defensa competitiva no se fundamenta en una diferenciación y calidad suficientes.

El sector de la confección es de los más expuestos a la emergencia de competidores con costes de producción más baratos. Los países con más bajos salarios o jornadas más dilatadas no sólo están dominando el mercado, sino provocando deslocalizaciones de empresas hasta ahora radicadas en los países más desarrollados. Sin embargo, la defensa a ultranza de sectores maduros, o de empresas incapaces de sobrevivir en un contexto más competitivo no es una buena política. En primer lugar, porque impide que las propias empresas adopten decisiones de modernización y diferenciación; en realidad, hay empresas españolas en ese sector exitosas internacionalmente, pero son excepciones. En segundo, porque el que acaba pagando es el consumidor. Finalmente, porque actitudes proteccionistas extremas imposibilitan que los países menos desarrollados gocen de la necesaria igualdad de oportunidades, en este caso comerciales, que se supone potencia el proceso de globalización en ciernes.