El traspaso de los parques nacionales

El Ministerio de Medio Ambiente ya dispone de un borrador de ley sobre Biodiversidad y Parques Nacionales. Con él actualizará la Ley de Conservación de la Naturaleza, de 1989, pero reformada en varias ocasiones, para adecuarla a la sentencia del Tribunal Constitucional que dictaminó que los parques nacionales son competencia de las comunidades autonómicas.

La ministra Cristina Narbona afirma que el nuevo texto fijará los criterios comunes que deberán tener los parques nacionales para que la cesión no suponga la pérdida de la red. El ministerio ha mantenido ya contactos con Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía para comenzar las negociaciones del traspaso. Este mes están previstas reuniones entre todas las comunidades y los ministerios de Medio Ambiente, Administraciones Públicas y Economía.

Además, la ley adecuará la legislación a la normativa comunitaria de protección ambiental y dará cobertura a la estrategia de Biodiversidad, que el ministerio aprobó en 1998.

Narbona prevé también enviar al Congreso antes de diciembre la Ley de Responsabilidad Ambiental. El borrador obliga a las empresas a suscribir un seguro o a disponer de un fondo para cubrir sus posibles daños al medio ambiente.

El ministerio prepara una Ley de Envases que renovará todo el sistema de reciclaje y actualizará los objetivos. Esta ley va paralela a varios decretos: el del reciclado de aparatos electrónicos (que entró en vigor en agosto), el decreto sobre uso de neumáticos usados y otro sobre aceites usados.

En el litoral, el ministerio evalúa las propuestas de las comunidades para comprar suelo en la costa para preservarlo de la especulación. Hasta el momento, Medio Ambiente sólo se ha comprometido a comprar el Club Med de Cadaqués. Narbona asegura que estas compras se harán "en un plan de colaboración con cada comunidad para preservar la costa". Las autonomías tendrán que pagar parte del suelo y pactar con el ministerio cómo preservar el litoral.

Por último, antes de 2006 el Congreso debe aprobar la ley de Evaluación Ambiental de Planes y Programas, que obliga a evaluar el impacto ambiental de todos los planes del Gobierno y no sólo de las obras una a una, y el proyecto de ley de transparencia de la información ambiental, que obliga a hacer públicos todos los informes sobre el tema. El proyecto de ley es fruto de un convenio internacional suscrito por España.