Las raíces sirven para crecer

Desde hace cuatro años en Cataluña se habla de revisar el Estatut, el instrumento fundamental de regulación de nuestra capacidad de autogobernarnos. Hacerlo en situación de normalidad democrática es una novedad que celebramos, teniendo en cuenta las vicisitudes de nuestra historia y los escasos periodos de paz y libertades colectivas de los que nuestra nación ha gozado.

Podríamos haber hecho un proceso ejemplar, de debate sereno, de trabajo riguroso y profundo y que ahora demuestre lo que desde hace siglos está latiendo en la vida política catalana y no conseguimos explicar: nuestras legítimas esperanzas de participar decisivamente no sólo en el trabajo que debe llevarnos a avanzar económica y socialmente como nación, sino también a participar, desde el reconocimiento de nuestra singularidad, en la configuración de España como un Estado moderno que deje atrás siglos de desconfianza por el hecho de sabernos diferentes y acelerar la construcción de un Estado auténticamente federal.

Tendremos nuevo Estatut y será de todos. La grandeza de las mayorías cualificadas consiste en poner de acuerdo a fuerzas políticas diversas

En diciembre de 2003, renació la gran esperanza con la configuración de la nueva mayoría parlamentaria catalana, la elección del principal impulsor de este proceso como presidente de la Generalitat y, unos meses más tarde, la composición de las Cortes Generales del Estado -mucho más abierta a la interpretación plural y a las posibilidades de avance descentralizador- y el acuerdo por parte de los máximos representantes de las diferentes ideologías presentes en la sociedad catalana de crear una ponencia que hiciera esta importante labor.

Era la primera vez que no se redactaba un texto estatutario como inicio de un proceso constituyente. El consenso necesario no se basaba en el imperativo de quien tiene que obtener un instrumento que defina las primeras normas básicas, sino que surgía de la modulación de las estrategias partidistas, las cuales, sin olvidar los mensajes a su potencial electorado, estaban comprometidas a buscar grandes acuerdos que mostraran a toda España una imagen de unidad para dotarnos de un nuevo texto con mayores competencias y financiación y que nos permitiera gobernarnos con más bienestar los próximos años.

En las últimas semanas, como si hubiéramos olvidado el procedimiento para la modificación del Estatut y el comportamiento que esperábamos, Esquerra Republicana (ERC) y Convergència i Unió (CiU) adoptan actitudes en las que prevalece la estrategia electoral. Aparece con fuerza la expresión blindaje por razón de derechos históricos y se abren los circuitos de las carreras patrióticas.

La historia de Cataluña como pueblo es larga y difícil de resumir. De entre todos los periodos, uno nos ha marcado la vida política y seguramente la personalidad: el papel que Cataluña desempeñó en la guerra de Sucesión (1701-1704). Previamente disfrutábamos de las llamadas "constituciones y privilegios". Antes de extinguirlas con el Decreto de Nueva Planta (1716), Felipe V no sólo había convocado a las Cortes Catalanas, que su antecesor (Carlos II) había menospreciado, sino que aprobó el capítulo de Cortes en el que se decidió la edición de la compilación de todas estas constitucions i altres drets de Catalunya, impresos en 1704.

Hemos tomado nota de la soledad en que nos quedamos cuando las monarquías de los Estados europeos que se habían aliado contra aquella Castilla -Francia, a principios del siglo XVIII- nos abandonaron después de utilizarnos como campo de operaciones de un viejo conflicto internacional y nos abandonó, incluso, el archiduque Carlos cuando fue coronado rey de Austria. La admiración y el reconocimiento a la resistencia con la que Barcelona y Cardona aguantaron el asedio de las tropas castellano-francesas cuando toda Europa ya había aceptado a Felipe V como rey de Cataluña, Aragón y Castilla, se convirtió entonces en una resistencia hasta la muerte en defensa de las instituciones catalanas, propiciando que los protagonistas se convirtieran en nuestros héroes más honorados; Rafael Casanova, de manera especial, porque representaba a todos los luchadores.

En tiempos de falta de libertad, todos encontrábamos en la pérdida de aquellos derechos históricos por las armas y la extinción de nuestras instituciones (Consell de Cent y Generalitat), la fuerza necesaria para luchar una y otra vez para recuperarlos. Del relato más o menos riguroso obtuvimos la energía que necesitábamos para luchar contra la desesperanza. De aquel neoforalismo que Carlos II había tolerado para favorecer los proyectos económicos de grupos de propietarios emergentes que deseaban intervenir en España y acceder sin intermediarios a comercializar con América, se inspiró en parte el catalanismo político del siglo XIX y la reivindicación republicana, finalmente conseguida a raíz del Estatut de 1932, de recuperar el Parlamento propio y la Generalitat.

La suma de todos estos referentes nos ha ayudado a avanzar como pueblo, y así lo refleja el preámbulo del actual Estatut cuando afirma: "La libertad colectiva de Cataluña encuentra en las instituciones de la Generalitat el lazo con una historia de afirmaciones y respeto de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de la persona y de los pueblos; historia que los hombres y mujeres de Cataluña quieren proseguir para hacer posible la construcción de una sociedad democrática avanzada". Los referentes históricos, los derechos perdidos y reconquistados son importantísimos. Si durante los siglos XVII y XVIII la catalana era una sociedad donde sólo contaban los señores feudales, los comerciantes incipientes, los propietarios y, de manera muy especial, el poder eclesiástico (la Junta de Braços), ahora, por suerte, se ha convertido en una comunidad en la que los derechos, las libertades, las leyes (actuales constituciones) no son sólo para los privilegiados, sino para todo el pueblo. Con la reforma del Estatut tenemos que profundizar en estos nuevos derechos, especialmente para los más desfavorecidos. Los derechos humanos, el acceso a la educación y a la cultura, la dignidad y calidad de los servicios, la igualdad de género, los avances científicos puestos a disposición de la calidad de vida de todos los humanos, el derecho a la salud y a la seguridad, la normalización plena de nuestra lengua...

Hemos de decir bien claro que somos una nación y, en un nuevo paso hacia adelante, trabajar para tener un Estatut, para buscar consensos amplios bajo normas básicas que reconozcan derechos sociales y garanticen derechos nacionales.

Me gustaría que no se diera una carrera inadmisible de estrategia partidista basada en grandes frases de retórica patriótica que, lejos de reivindicar la historia, impiden avanzar. Tendremos nuevo Estatut y será un Estatut de todos, como lo ha sido el actual, y no un Estatut de partes, porque la grandeza de las mayorías cualificadas consiste precisamente en poner de acuerdo a fuerzas políticas de signos diferentes. Si no fuéramos capaces de aprobarlo, quien ganaría, como tantas otras veces ha pasado en nuestra historia, sería la derecha más centralista. Y creo que esto ninguno de los partidos que formamos el Gobierno tripartito ni CiU lo podemos permitir.

Montserrat Tura i Camafreita es consejera de Interior y miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSC.