Mercado de mujeres

Es discutible que la información sirva para modificar hábitos y, sin embargo, cabría pensar que si los clientes de la prostitución -varones, casi exclusivamente- se acercaran a la realidad que viven la mayor parte de mujeres a las que "visitan", probablemente su relación con este comercio sexual sería distinta.

Las mujeres que ejercen hoy la prostitución en España son -según datos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil- en un 90% inmigrantes en situación irregular. (Cuando las mujeres tienen otras alternativas, por lo general, no se prostituyen). Esta situación de ilegalidad significa que las mujeres son totalmente dependientes de los proxenetas o empresarios para los que trabajan. Privadas de su documentación, amenazadas para evitar las denuncias, son trasladadas continuamente de ciudad tanto para "mover" el mercado como para evitar que establezcan relaciones afectivas con los clientes o con otras chicas. La inmensa mayoría proviene de países con graves dificultades económicas (países centroamericanos, este de Europa, África subsahariana) y de familias pobres o excluidas socialmente. Las posibilidades de estas mujeres para organizar y financiarse un viaje hasta España son prácticamente nulas. Si llegan aquí es "gracias" a una red -más o menos importante- de delincuentes que las captarán, trasladarán, y colocarán en el circuito de los moteles, locales de alterne, pisos o calles donde ellas atenderán a una media de 15 clientes al día -según todos los informes consultados 1 millón de españoles mantienen, diariamente, contactos sexuales pagados-. Al iniciar su relación con la banda criminal, cada mujer contrae una deuda casi imposible de saldar (unos 45.000 dólares para llegar a Europa) que la mantendrá encadenada a sus explotadores y que éstos aprovecharán, sin ninguna compasión. A veces, tras haber cobrado una parte de la deuda, si los proxenetas tienen dudas sobre la productividad de la chica, pueden venderla a otro burdel, compensando con creces el beneficio previsto. Ella, por su parte habrá adquirido una nueva deuda con su siguiente "jefe". Las mujeres son frecuentemente vendidas y revendidas, cruzando ilegalmente las fronteras hasta acceder a algún Estado miembro de la Unión Europea. En ese viaje muchas de ellas sufren todo tipo de abusos o son violadas según innumerables testimonios recogidos por las organizaciones no gubernamentales y la Interpol.

La Organización Internacional de Migraciones calcula que unas 500.000 mujeres entran cada año en la UE víctimas de este tráfico de seres humanos. Las Naciones Unidas, por su parte cifran en 4 millones el número de mujeres y niñas víctimas del mercado mundial del sexo que se ha convertido, tras los estupefacientes y las armas, en la tercera fuente de ingresos de las redes del crimen internacional. Los beneficios de este negocio ilegal alcanzan en todo el mundo los 5 billones de euros anuales. En España y según los datos disponibles, el comercio sexual mueve 40 millones de euros diarios.

La pobreza, la dependencia y las desigualdades de género están en el origen de un drama humano con el que convivimos sin conmovernos y del que se lucran las redes de delincuencia. Los límites a la inmigración regular, la globalización financiera y de la información, y el fácil tránsito dentro de las fronteras de la Unión Europea, han producido un amplio movimiento de personas que desean acceder al bienestar que los países ricos exhibimos sin pudor.

A veces engañadas con una oferta de empleo falsa, o sabiendo que vienen a ejercer la prostitución pero sin conocer en absoluto cómo será su vida real, miles de mujeres -las menores son cada vez más numerosas- malviven en nuestros burdeles, clubes de carretera, calles o apartamentos. La Interpol se refiere también en sus informes a un tráfico encubierto, facilitado a través de agencias de colocación, meras tapaderas, que reclutan secretarias, bailarinas, actrices o trabajadoras domésticas muchas de las cuales acabarán en un burdel de mayor o menor standing. Durante los últimos años, el mercado del sexo ha sufrido un incremento tan importante de la oferta, que la demanda se ha disparado también. En el caso de los países europeos, el fenómeno del tráfico de mujeres y niñas está directamente ligado al negocio de la prostitución, cuyo consumo es creciente.

Las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, los gobiernos de los Estados miembros de la UE y las organizaciones no gubernamentales consideran la lucha contra el tráfico de seres humanos como una prioridad en sus agendas de los próximos años. Los instrumentos legales -particularmente el Protocolo de Naciones Unidas, adoptado en el año 2000 para "prevenir, reprimir y sancionar el tráfico de personas, especialmente de mujeres y niñas"- y la cooperación transnacional en los espacios de justicia y de interior, son elementos fundamentales para ir eliminando esta actividad criminal muchas de cuyas organizaciones son enormemente poderosas. El último Convenio contra la trata de seres humanos aprobado el pasado 16 de mayo por el Consejo de Europa abre la puerta a la posibilidad de penalizar a los clientes que, con conocimiento de la situación de ilegalidad del negocio, compren los servicios sexuales de una mujer víctima de explotación. Esta fórmula fue adoptada por Suecia en 1999 -en una versión más radical pues se penaliza todo el consumo de prostitución- con un resultado bastante aceptable: Suecia ha dejado de ser un país atractivo para los traficantes. La medida está inspirada en la necesidad de hacer al cliente consciente -y responsable- de su participación en el sostenimiento de un negocio ilegal que ha convertido a las mujeres en pura mercancía.

Comprar y vender sexo podría llegar a ser una actividad comercial, ligada al ocio, sin ninguna otra connotación. Hoy por hoy, más del 90% de los clientes son varones y más del 95% de las personas que ejercen la prostitución son mujeres en una clara relación de subordinación y dependencia -cuando no de auténtica esclavitud-. Estamos, sin duda, ante una manifestación evidente de la desigualdad de hombres y mujeres y muy lejos de asistir a lo que pudiera ser un intercambio equilibrado entre personas libres.

Más allá del posible debate sobre la mejor forma de abordar el problema de la prostitución, que es complejo y admite múltiples perspectivas, la lucha contra el mercado ilegal de mujeres y niñas, no admite discusión. Ésa debe seguir siendo la principal preocupación de los responsables políticos y también de una sociedad que aspira al bienestar y la dignidad de sus ciudadanos y ciudadanas.

Elena Valenciano es portavoz socialista en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y presidenta de la Fundación Mujeres.