Un antitrasvase completamente inviable y disparatado

La política del agua emprendida por la ministra Narbona hace más de un año, ofrece un rasgo definitorio muy claro: es esencialmente antitrasvasista. En un país con los rasgos hidrogeográficos que tiene España, existen recursos de agua más que suficientes para atender los problemas de escasez de agua mediante trasvases y con una buena gestión. La ley de aguas vigente, promulgada en 1985, establece que es en el Plan Hidrológico Nacional donde deben establecerse los trasvases entre cuencas. Es un procedimiento reglado por ley. Sin embargo, para ello se requiere que los políticos que nos gobiernan, perciban el agua como un asunto de estado, supeditado al interés general de la sociedad. Los trasvases son posibles y viables, pero con un consenso regional unánime y con fórmulas de cooperación territorial pactadas. Lamentablemente, no ha sido ésta la labor emprendida por la ministra Narbona. Todo lo contrario. Allá donde había o podía haber un trasvase de agua, se ha sembrado la crispación y la discordia para abortar su realización. Ocurrió con el trasvase del Ebro, y ello a pesar de que los informes que manejaba la ministra tras tomar posesión demostraban que era posible un trasvase de 620 hm3/año sin provocar el más mínimo impacto ambiental en su delta. Se intentó hace unas semanas con el Tajo-Segura. Ahora le ha tocado el turno al Júcar-Vinalopó.

"Donde ayer había unanimidad y consenso, hoy hay una fractura social y territorial"

"Resulta inconcebible la complicidad de las organizaciones agrarias con los antitrasvasistas"

Además de antitrasvasista, la política de la Sra. Narbona se caracteriza también por otros rasgos fundamentales. La improvisación más caótica y la concesión sin límites a las exigencias de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Ésta es una realidad patente, bien conocida por todo el profesorado universitario que investiga temáticas de agua. La Fundación ha logrado convertirse en un lobby mediático, que la aleja muchas veces de los supuestos fines técnicos, científicos y "no lucrativos" que deberían presidirla. Tal vez, no sea una organización política, pero su credo ha dado vida a las posturas más radicales de Aragón y Cataluña contra el trasvase del Ebro. No se puede ocultar esta realidad, como tampoco el silencio que mantienen sus miembros más destacados a los múltiples inconvenientes que tiene la desalación. Idéntica gravedad reviste su velado apoyo al Pacto del Agua en Aragón. Y es conocida su complicidad y autoría del decretazo de derogación del trasvase del Ebro y de promulgación del Programa Agua. Un decretazo que se ha producido sin mediar ningún proceso de participación pública por parte del profesorado universitario, tal y como se hizo en la tramitación del Plan Hidrológico Nacional. Sin duda, el decretazo Narbona tiene muchas vergüenzas que ocultar, especialmente una: el agua no es un asunto de estado.

La labor de los dirigentes antitrasvasistas de la Fundación ha sido fundamental en la paralización del trasvase Júcar-Vinalopó. Su máximo representante en la Comunidad Valenciana, que mantiene lazos más que evidentes con Esquerra Republicana de Cataluña, se ha erigido en jurado, juez y verdugo del Júcar-Vinalopó. Se ha fomentado la crispación y la guerra del agua entre comarcas valencianas hermanas. Donde ayer había unanimidad y consenso, hoy hay una fractura social y territorial que ya veremos cómo se cierra. Éste y no otro, era el principal objetivo de los antitrasvasistas. El cambio de toma de Cortes de Pallás a Cullera que ellos mismos han preparado, es una maniobra de distracción para firmar el acta de defunción del Júcar-Vinalopó. En realidad, es un antitrasvase completamente inviable y disparatado que no beneficia a nadie y perjudica a todos los valencianos.

Se constituyó una comisión técnica controlada y manipulada en todo momento por la Fundación. Su representante disponía de una copia personal del programa de simulación, y de ello se ha jactado públicamente. Pero así es como procede el Ministerio de Narbona, rendido a los antitrasvasistas y con la mordaza puesta a los profesionales de las Confederaciones. ¡Son los tiempos que corren¡ Otra información que conviene retener, es que en esa comisión se vetó la presencia de profesores de la Universidad de Alicante. Y el objetivo era claro. Demostrar, como fuere, que no había sobrantes en Cortes de Pallás. La manipulación estadística es sencilla. Se acorta la serie hidrológica del Júcar a 25 años, y se exageran los efectos de las dos sequías históricas más duras que padeció la cuenca en la segunda mitad del siglo XX. Al disminuir las entradas y conservar como salidas los derechos concesionales -muy superiores al consumo real-, el promedio de agua a trasvasar se reducía a 20 hm3/año. El fraude metodológico es de juzgado de guardia. Con una serie de 50 años, la toma de Cortes de Pallás es completamente viable, y respetando en todo momento los derechos de los usuarios del Bajo Júcar. Los antitrasvasistas lo saben, como también saben que con la modernización de regadíos y con un Banco Público del Agua se garantizaría el funcionamiento del trasvase desde Cortes. Ellos mismos han demostrado en su proyecto de antitrasvase, que 2 acequias de Sueca y Cullera vierten al mar directamente, un promedio de 70 hm3/año. ¿Si sobra agua abajo, por qué no arriba? Es de sentido común. Como también lo es que el Bajo Júcar participe en el control del trasvase y, más allá, se beneficie de un posible Banco Público del Agua. Ése es el camino a seguir.

Por otro lado, los inconvenientes que ofrece el cambio de toma de Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa son incuestionables. Es inconcebible que se paralice una obra pública y con financiación europea, que se encuentra ejecutada ya en más de un 43 %. El trazado en ejecución superó los rigurosos trámites de la Unión Europea, y los inspectores del BEI determinaron que el proyecto era completamente viable e incluso modélico para otras regiones del estado español. La toma en Cortes, y no otra, es la que asegurará la sustitución de extracciones en acuíferos sobreexplotados del Vinalopó, beneficiando a 50.000 ha y a 1 millón de habitantes.

Pero sobre este asunto también existe un informe oficial elaborado por Aguas del Júcar, en abril de 2005, que no deja lugar a dudas. Además, el Consejero Delegado de AJUSA, es uno de los asesores más directos de Joan Ignasi Pla. Los resultados del "Informe Marugán" son demoledores. El cambio de toma a Cullera es inviable y abocará a esta empresa pública a la quiebra financiera. Además, el informe evidencia toda la intoxicación y la manipulación desplegada por la Fundación:

a) En cuanto a los sobrantes, se determina que "las transferencias al Vinalopó serían incluso algo superiores manteniendo la toma en la situación actual", es decir, con la toma en Cortes de Pallás y respetando en todo momento los derechos del Bajo Júcar.

b) Sobre la calidad del agua, se concluye que el cambio de toma significaría "un claro deterioro de los principales parámetros de calidad ambiental". Se descubre así otra de las estrategias de los antitrasvasistas. Quieren dejar fuera a los abastecimientos de agua potable, para hacer inviable el trasvase para los regantes.

c) La obra en ejecución, cumple la Directiva Marco del Agua a través de un convenio de financiación por parte de todos los usuarios. En el "Informe Marugán" se advierte que los usuarios pueden denunciar el incumplimiento del convenio. La vía judicial por daños y perjuicios a los usuarios puede abrir un abismo muy profundo a los pies de los vocales de AJUSA que han paralizado las obras. Las decisiones injustas, a sabiendas de que lo son, no salen gratis.

d) A buen seguro, el Ministerio de Hacienda y la propia Comisión Europea podrían concurrir también en la causa. ¿Por qué? El cambio de toma provocaría unas pérdidas patrimoniales en Aguas del Júcar superiores a los 140 millones y "la entrada de la sociedad en situación de quiebra técnica". Y deja muy claro que "supondría la pérdida de los Fondos Comunitarios". Y esta afirmación, no es ninguna broma.

e) El cambio de toma exige una inversión superior a los 300 millones de euros, para completar un recorrido más costoso y largo, que atraviesa 2 Lugares de Interés Comunitario (Marjal de Cullera y Sierra de Corberá), para trasvasar un agua de ínfima calidad que no podrían pagar los regantes. En términos energéticos, el bombeo neto en términos energéticos desde Cullera a Villena es superior a los 800 metros. Ningún regante puede pagar ese bombeo.

f) En este asunto, resulta inconcebible la complicidad de las organizaciones agrarias con los antitrasvasistas. ¿No se dan cuenta que contribuyen a poner la soga al cuello a los agricultores del Vinalopó? Sobre los plazos de ejecución del antitrasvase, Aguas del Júcar es tajante al afirmar que "debe preverse en orden a los 3 años, en un escenario optimista, sin interrupciones, la puesta en marcha de una solución alternativa a la actual". Dicho de otro modo, se admite que el agua de Cullera no llegaría al Vinalopó mucho antes del 2011 ó 2012.

Todos estos argumentos son de una claridad meridiana. La propuesta de antitrasvase de la Fundación no merece la más mínima credibilidad. La semana pasada, un humilde regante del Vinalopó y miembro de la Unió de Llauradors, resumía la opinión del campo alicantino con la siguiente frase: "Maldita la suerte que tenemos. Esperar 600 años para tropezar con la Narbona. Nos está haciendo más daño que un pedrisco".

Antonio M. Rico es catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante.