Las primeras restricciones de agua en las casas se producirán a principios de octubre

El Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua conoció y aprobó ayer el decreto del Gobierno que impone la situación de emergencia por la sequía. La primera medida es separar las conexiones entre el Ter y el Llobregat, de modo que las restricciones se apliquen cuando una cuenca llegue al 20% de su capacidad de almacenamiento. La del Ter está al 32%, pero la del Llobregat dispone sólo del 24,67% de las reservas. De no llover en breve, el Gobierno aprobará el decreto a mediados de septiembre y las primeras restricciones se producirán a principios de octubre.

El decreto que aprobará el Gobierno catalán no decide el tipo de restricciones. Eso deberá decidirlo quien suministra el agua a las casas o las industrias. En algunos casos, son los propios municipios, solos o mancomunados; en otros casos, son empresas que gestionan una concesión. Unos y otros suministran el agua que reciben de la red general de aguas Ter-Llobregat y, en algunos casos, disponen de recursos propios (pozos, acuíferos). Lo que establece el decreto es que una vez se llegue al 20% de las reservas, las poblaciones afectadas recibirán menos agua por habitante.

Ahora el suministro es de 230 litros por habitante y día, pero si se baja del 20% se reducirá a 210 litros. Si sigue sin llover, caerá a 180 litros, y si las reservas siguen descendiendo hasta alcanzar el 5% de la capacidad de los pantanos, el suministro será de 160 litros por habitante y día.

Suministro equitativo

Los ayuntamientos o empresas concesionarias administrarán estas cantidades y las combinarán con los recursos propios cuando los tengan. En cualquier caso, dejó ayer claro el consejero de Medio Ambiente, Salvador Milà, el suministro será equitativo; es decir, aunque las poblaciones difusas -casas adosadas o chalets- consumen de media más agua que las poblaciones densas -bloques de pisos y mayor concentración de población por hectárea- el reparto se hará teniendo en cuenta el número de habitantes, de modo que sea el municipio o la empresa concesionaria el que decida la distribución posterior.

Las poblaciones han tenido que presentar ya un plan de actuación. El Gobierno catalán asumirá la confección o ayudará a hacerlo a los municipios pequeños y con pocos recursos que lo necesiten.

La primera medida es separar las cuencas del Ter y del Llobregat. Hoy por hoy, la primera se halla en mejor situación. Sus reservas superan el 30% de la capacidad de sus pantanos (Boadella, Sau y Susqueda). En cambio, los embalses de la cuenca del Llobregat (La Baells, Llosa del Cavall y Sant Ponç) se hallan mucho peor. Ayer, las reservas conjuntas de los tres eran el 24,67% de la capacidad.

La previsión es que el decreto sea aprobado el 13 de septiembre y que los municipios decidan en cada caso la fecha de aplicación, aunque en la cuenca del Llobregat las primeras restricciones pueden producirse ya a principios de octubre, siempre contando con que no haya lluvias aprovechables, es decir, en la zona anterior a los embalses.

Cada unidad de distribución (municipios y empresas) decidirá cómo aplica el decreto de sequía y qué tipo de restricciones impone. En algunos casos puede optar por una reducción de la presión del agua que se suministra a las casas, en otros puede preferir cortes horarios. Por ejemplo, en determinados núcleos urbanos la reducción de la presión podría suponer que los pisos más altos no recibieran agua.

La legislación actual establece que el consumo doméstico es prioritario. No obstante, el decreto regula también los suministros a las industrias de forma que no acaben paralizadas, y, además, los suministros a las zonas ganaderas con el objetivo de salvaguardar al máximo las cabañas. Los consumos agrícolas fueron los primeros en ser regulados, ya desde el pasado mes de mayo.