Aciertos y riesgos de la economía
Eregli es una ciudad de 80.000 habitantes en la costa del mar Negro, a unos 300 kilómetros por carretera tanto de Ankara como de Estambul. Podríamos decir que es bonita. Tiene un largo paseo con esculturas, cafés y sitios donde sentarse, un puerto pesquero y varios plátanos monumentales plantados durante el reinado de Mehmet el Conquistador hace 550 años. Sus edificios de apartamentos de cuatro a siete plantas tienen vistas a una bahía azul que por una feliz casualidad no da al norte, sino al sur y al oeste. Pero no nos encontramos en un lugar turístico. En esta bahía atracan buques de gran cabotaje y cargueros, además de pescadores, y desde cualquier promontorio son visibles los innumerables cobertizos azules, blancos y rojos, los caballetes, los raíles, los transportadores, los tubos y los altos hornos de la planta siderúrgica Erdemir, con sus miles de metros de planchas de acero enrolladas esperando a ser transportadas.
El Estado ha puesto en venta sus acciones de la quinta empresa industrial del país, en la que tiene mayoría
Casi una cuarta parte de todos los ingresos del Estado se destina al pago neto de la deuda
Las privatizaciones son parte de la receta dictada por el FMI a cambio de su apoyo financiero continuado
Erdemir es la mayor y más moderna acerería de Turquía, y la quinta empresa industrial del país. Es propietaria también de fundiciones, puertos, minas, y fábricas de tuberías y de planchas de metal en Turquía y en Rumania. Ya es la decimotercera empresa siderúrgica más grande del mundo, y sigue invirtiendo y ampliándose. Pero, como parte de una serie de importantes ofertas de privatización programadas para este año, el paquete accionarial mayoritario del Estado se ha puesto en venta al mejor postor. Entre las 13 empresas o consorcios que se han clasificado para presentar sus ofertas, dentro de un plazo que finaliza el 26 de septiembre, están Arcelor, con sede en Luxemburgo; Mittal, de propiedad anglo-india; Corus, del Reino Unido; Posco, de Corea del Sur, tres entidades rusas y un grupo ucranio.
Quienes se oponen a la venta señalan que Erdemir ya está siendo gestionada eficazmente como empresa privada, que logró unos beneficios libres de impuestos de 473 millones de dólares en 2004 y que está financiando sus propias inversiones. Temen que un comprador extranjero desvíe los beneficios hacia otras empresas, reduzca los salarios, detenga la investigación y la ingeniería que se desarrolla ahora en la sede de Eregli y/o disminuya la producción en épocas de baja demanda en los mercados mundiales del acero. Los sindicalistas señalan que las privatizaciones del pasado han sido objeto de acusaciones de corrupción, y que muchas compañías privatizadas han sido cerradas subsiguientemente.
El alcalde Halil Posbiyik, antiguo ingeniero de Erdemir, es miembro del Partido de la Madre Patria (ANAP), que gobernó de 1983 a 1991, y que comenzó el proceso de privatizaciones. Pese a ello, se opone a la privatización de Erdemir. "No es tanto que tengamos miedo de lo que vaya a pasar", explica, "sino sólo que no entendemos por qué está sucediendo. Nadie ha venido aquí a explicarnos por qué se va a vender la empresa".
Ahmet Likoglu, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Eregli, señala que el negocio de cientos de comerciantes locales, empresas de transportes y pequeños fabricantes depende de Erdemir, y que además se están construyendo nuevos astilleros a lo largo de la costa. "Dejemos que el capital extranjero venga e invierta. El mercado es lo bastante grande. Pero no vendamos baratos nuestros productos", argumenta. Likoglu no es reacio a vender a un consorcio de capital exclusivamente turco creado bajo los auspicios de la Unión Turca de Cámaras de Comercio. Pero el Gobierno actual parece no tener remilgos a la hora de negociar con compradores extranjeros. Aprobó rápidamente el resultado del concurso del 1 de julio que otorgaba un 55% de las acciones de la compañía nacional de teléfonos Turk Telecom. Ganó el grupo Saudi Oger, una empresa de Arabia Saudí, con el apoyo de Telecom Italia, que realizó un desembolso de 6.550 millones de dólares. Las multinacionales se están preparando también para hacerse con un 51% de la refinadora de petróleo Tupras, por la que pueden ofertar hasta el 2 de septiembre.
En realidad, la razón detrás de la oferta de acciones de Erdemir no es ningún misterio. Las privatizaciones son parte de la receta dictada por el Fondo Monetario Internacional a cambio de su apoyo financiero continuado. Se espera que mejore la eficiencia empresarial, se realce el papel de las fuerzas de mercado en la economía, aumenten los ingresos de un Estado muy endeudado y se atraiga capital extranjero. Los gobiernos no lo tienen fácil para hacer caso omiso de las recomendaciones del FMI.
La economía turca lleva años con un problema clásico de "déficit gemelos". En primer lugar, ha necesitado la entrada de capitales para poder mantener el déficit en sus cuentas corrientes. La energía, la maquinaria, los componentes y varios productos más tienen que importarse, mientras que las exportaciones consisten en su mayoría en productos manufacturados para el consumo masivo muy sensibles a las variaciones de precios. El resultado es que Turquía sólo ha presentado superávit en años de crecimiento económico muy bajo o negativo. En segundo lugar, Turquía ha necesitado inyecciones de capital para sanear su déficit fiscal o presupuestario. En su deseo por mantenerse en el poder y "alcanzar" a las economías occidentales, los gobiernos a menudo han gastado generosamente sin aumentar los ingresos por impuestos. Los déficit resultantes contribuyeron a una inflación crónica de alrededor de un 70% anual en las décadas de 1980 y 1990, así como a una peligrosa acumulación de deuda de alto interés.
Mientras, la economía se transformó de una economía cerrada a una abierta, conforme con las tendencias y presiones internacionales. El comercio se liberalizó a principios de los ochenta, los controles de moneda se levantaron en 1989 y las tasas de importación sobre los productos manufacturados provenientes de la UE se suprimieron tras la unión aduanera de 1996. En resumidas cuentas, Turquía se hizo cada vez más dependiente de las "inversiones" extranjeras para poder mantener su déficit presupuestario y tapar las deudas del Gobierno. Estas inversiones generalmente se concretaban en depósitos especulativos en los mercados de deuda, moneda y en la Bolsa, y en préstamos a corto plazo de los bancos. Mientras los tipos de interés internacionales estuvieran bajos y la confianza financiera, boyante, todo iba bien. Pero en momentos de menor liquidez internacional, incertidumbre global, inestabilidad política o mala gestión, aumentaba la probabilidad de que la lira se desplomase y de que los tipos de interés subieran vertiginosamente, y también de que creciera el temor a que el Gobierno entrara en suspensión de pagos. El alto interés, un recorte de las importaciones y las inevitables medidas de ajuste de cinturón hundían a la economía en la recesión, y el sistema bancario, confuso y mal regulado, se sumía en el caos.
En diciembre de 1999, el Gobierno y el FMI entraron en un acuerdo de reserva según el cual Ankara prometía recortar su déficit fiscal y asumir una serie de reformas para reducir la intervención del Gobierno en la economía y aumentar el papel de las fuerzas de mercado. De esta manera se superaría el problema de la deuda y la economía se volvería más eficiente y atractiva para los inversores extranjeros. Pero se subestimaron los problemas del sector bancario, y se diseñó un sistema de tipos de cambio fijo con el objetivo de reducir la inflación rápidamente que resultó imposible de poner en práctica.
Durante un año, los tipos de interés cayeron, y hubo un gran auge en la actividad económica. Entonces, en febrero de 2001, estalló otra crisis. Se dejó fluctuar la lira y enseguida perdió casi la mitad de su valor. El producto interior bruto se redujo en un 9,5%. La inflación volvió por sus fueros, pasando de un 39% al final de 2000 a un 68,5% un año después. La deuda estatal creció velozmente, y el Gobierno se tuvo que enfrentar a una factura de decenas de miles de millones de dólares para sufragar las deudas de bancos insolventes estatales y privados. La política con la que se dio respuesta a esta crisis fue un nuevo acuerdo de reserva con el FMI: más préstamos a cambio de nuevas medidas de ajuste y un paquete acelerado de reformas.
Desde entonces, la economía se ha recuperado con fuerza. El crecimiento interior bruto se situó oficialmente en un 7,8%, un 5,9% y un 9,9% en 2002, 2003 y 2004, respectivamente. Bajo un Banco Central independiente, la inflación se ha estado situando repetidamente por debajo de las estimaciones, cayendo a menos de un 10% por primera vez desde principios de la década de los setenta. El banco ha conducido el tipo de interés fundamental del mercado de divisas a un 14,25%, en comparación con el 35% en el que estaba situado hace dos años y el casi 50% de hace tres años. Los correspondientes tipos de interés bancario han estimulado los préstamos en el sector privado. Al mismo tiempo, el déficit fiscal se ha reducido drásticamente. En los últimos dos años, el Gobierno ha conseguido el difícil objetivo de lograr el superávit fiscal primario (superávit fiscal excluyendo el pago de intereses) de hasta un 6,5% del producto interior bruto. Esto significa que casi una cuarta parte de los ingresos del Estado se destina al pago neto de la deuda. Además, que los tipos de interés hayan bajado ha supuesto un considerable descenso de la cantidad de intereses que se pagan sobre la deuda estatal.
Se prevé que la inflación baje al 8% al final de este año, a un 5% el año que viene y a un 4% en 2007. Para celebrar su éxito en este campo, el Gobierno introdujo una "lira nueva" a principios de 2005. Cada lira nueva tiene el valor de un millón de antiguas liras. Como resultado de esta maniobra, una barra de pan ha bajado de 300.000 liras a 0,3 liras nuevas, y los precios de los coches y las casas se expresan ahora en miles en lugar de en billones.
Turquía se ha convertido en el mayor moroso del FMI, con una deuda de alrededor de 20.000 millones de dólares. Pero, en general, la deuda estatal parece estar estabilizándose. Según el Gobierno, la "deuda estatal neta" bajó a un 63% del producto interior bruto al final de 2004, sólo ligeramente por encima del límite del 60% previsto en los criterios de Maastricht. Con las tendencias actuales, los criterios de Maastricht en torno al déficit fiscal y la inflación podrían también conseguirse mucho antes de la primera fecha posible para la entrada de Turquía en la Unión.
Mientras, tiene que haber aún otra tanda de reformas bancarias, diseñada en parte para cumplir con las estrictas normas de prudencia bancaria de Basilea-II. Los tres bancos estatales serán por fin reestructurados y/o privatizados. El gasto y las cuentas públicas serán reguladas de manera más severa, y la transparencia y la responsabilidad, mejoradas, tanto en el ámbito local como en el nacional. El empleo público -que ya está congelado de hecho- será reducido, se racionalizará la contratación y se simplificará el plan salarial. El sistema de la seguridad social va a ser reformado, haciendo que las pensiones sean menos generosas y reduciendo la carga que suponen a largo plazo para el erario público. Se va a introducir un sistema general de cobertura sanitaria básica, en el que los pacientes habrán de pagar y podrán elegir hospital, que sustituirá al actual, que sólo ofrece una cobertura parcial. Una ley largamente esperada sobre la administración de las empresas estatales va a ser aprobada. La base fiscal va a ser ampliada, y dejará de tolerarse la evasión de impuestos y el incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social. Esto habría de reducir la dependencia del Gobierno de los impuestos indirectos, elevados e injustos. Algunos tipos de impuestos podrían bajarse para contribuir a atraer inversiones. Liberado de la pesada carga de la deuda, el Gobierno espera poder aumentar el gasto en educación e infraestructuras. Las formalidades burocráticas que desaniman la inversión serán simplificadas; los procedimientos aduaneros, racionalizados, y la legislación comercial, revisada de acuerdo con las normas de la UE.
El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) ascendió al poder vertiginosamente como respuesta al clima de insatisfacción que siguió a la crisis de 2001. En el Gobierno, el AKP ha seguido a veces con desgana las políticas del FMI, especialmente en materia de ahorro. En la actualidad, los préstamos del FMI están paralizados, porque el Parlamento no ha sido capaz de aprobar la legislación en torno a la seguridad social antes del descanso estival. Pero cada vez que los mercados financieros han mostrado su descontento, el AKP ha apretado el paso. Es probable que cumplan la mayoría de las promesas que han hecho al Fondo.
Aparentemente satisfechos con estas mejoras económicas, los bancos y las empresas europeas -Unicrédito, BNP-Paribas, Fortis, Carrefour- están en proceso de adquirir acciones en sus equivalentes turcos. Sin embargo, no todo el mundo es optimista respecto al futuro de la economía. Los críticos sospechan que los últimos tres años no han sido más que una fase al alza del típico ciclo crisis-boom. Destacan sobre todo la ampliación del déficit de las cuentas públicas (más del 5% del producto interior bruto en 2004 y, potencialmente, más alto aún este año). También subrayan el alto valor de la lira, que se cambiaba contra el euro este mes de julio más o menos al mismo precio que en julio de 2003, a pesar de la diferencia de inflación entre Turquía y la zona euro. Incluso la mejora de las cuentas públicas y de la situación de la deuda parecen más de lo que son por la fuerza de la lira, señalan. Y, finalmente, se muestran alarmados por el aumento del 100% en los préstamos personales y en las cuentas de tarjetas de crédito pendientes de pago. Concluyen que la economía se ha mantenido dependiente de inyecciones financieras a corto plazo, de "dinero caliente". En caso de variación en las condiciones financieras internacionales, explican, la lira podría hundirse; los tipos de interés, aumentar; la inflación, subir, y la economía, contraerse. El menor crecimiento golpearía los ingresos del Estado, mientras que las empresas y los consumidores tendrían dificultades para pagar sus deudas.
El catedrático Erinc Yeldan, autor del reciente artículo, publicado en el International Herald Tribune, 'Turquía podría ser la próxima Argentina', apoya algunas de las medidas recomendadas por el FMI, tales como la mejora en la regulación bancaria y las reformas en el gasto público, pero lamenta que se ponga el acento en la refinanciación de la deuda, en objetivos fiscales arbitrarios y en la reducción de la inflación, mientras no se presta atención al empleo, la redistribución de ingresos, la sanidad, la educación y las necesidades sociales.
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