La excarcelación de presos por delitos de terrorismo

La excarcelación de los presos por delitos de terrorismo en Irlanda del Norte se justificó como una medida necesaria para la pacificación y la normalización. Sin embargo, la impunidad política, jurídica y moral que ha garantizado dista mucho de haber favorecido dichos objetivos. En realidad, políticos y responsables del sistema penitenciario que la defendieron en su día han llegado a reconocer cuan contraproducente ha sido.

La excarcelación vino precedida de una eficaz propaganda política a través de la cual se extendió la creencia de que no era realista que las organizaciones terroristas mantuvieran sus treguas mientras los presos permanecían en la cárcel. Esta errónea asunción ignoraba los motivos que habían llevado al IRA, el más sangriento de los grupos terroristas norirlandeses, a decretar el final de su violencia. El convencimiento en torno a la ineficacia de su campaña terrorista había sido interiorizado por activistas y dirigentes de manera que la reanudación de la misma dejó de ser una opción útil para el grupo. Incluso en el caso de haberse rechazado la excarcelación tal y como se acometió es muy probable que el IRA tampoco hubiese retomado una violencia que generaba tantos costes políticos y humanos para su entorno, incluido el Sinn Fein. Obsérvese cómo la suspensión de la limitada autonomía norirlandesa desde 2002 y los supuestos agravios e injusticias que el IRA y el Sinn Fein todavía siguen denunciando hoy tampoco han provocado una reactivación de la campaña terrorista.

Políticos y responsables penitenciarios reconocen lo contraproducente que fue liberar a los presos

Mucho más pragmático hubiese resultado condicionar la excarcelación al desarme

Por tanto, como el tiempo ha demostrado, mucho más pragmático hubiese resultado condicionar la excarcelación al desarme y a la desaparición de los grupos terroristas, exigencias éstas que siguen sin ser satisfechas. De ese modo, la presión que llevó al IRA a aceptar el final de sus acciones pese a no haber conseguido sus aspiraciones políticas se habría mantenido sirviéndole de incentivo para obtener la salida de sus presos, si bien únicamente en un escenario diferente al existente ahora en la región. Es decir, los incumplimientos constantes de principios democráticos básicos por parte del Sinn Fein durante los últimos años hubiesen sido sancionados con la negación de beneficios penitenciarios a los miembros de una organización terrorista que sólo cede en su maximalismo cuando se ejerce presión sobre ella, como expone el comunicado del pasado mes de julio en el que el IRA ordena el fin de sus actividades. En cambio, la excarcelación anticipada ha minado considerablemente la confianza de los partidos democráticos y de la sociedad en un sistema que ha favorecido a quienes han amenazado con subvertirlo. La polarización política y social que así se ha generado es evidente, dando lugar a una situación de bloqueo de las instituciones autonómicas sin visos de solución.

Tan adversas consecuencias políticas surgen porque la excarcelación anticipada afecta a los pilares básicos en los que debería sustentarse la resolución de un conflicto como el norirlandés. Muchos fueron los que justificaron dicha medida argumentando que así se "evitaban nuevas víctimas", razonamiento insuficiente tanto desde un punto de vista político como moral al reclamar una impunidad de efectos tremendamente dañinos para la sociedad. Curiosamente las reflexiones del jesuita José María Tojeira sobre un escenario tan lejano como el de El Salvador sirven para clarificar este punto en el contexto de Irlanda del Norte. En una conferencia pronunciada en 2003 bajo el título Resistencia y Reconciliación, el entonces rector de la Universidad Centro Americana ofrecía pautas de análisis para la realidad salvadoreña que también encontraban aplicación en Irlanda del Norte. En opinión de Tojeira, "sólo un reconocimiento serio de los errores del pasado llevará a un cambio", de ahí su exigencia de justicia y reparación hacia las víctimas.

Esta misma petición suele repetirse en Irlanda del Norte cuando se plantea, como condición imprescindible para la reconciliación, la necesidad de enfrentarse al pasado mediante la búsqueda de la verdad. Sin embargo, es también una reivindicación a menudo ignorada, pues llega a utilizarse estratégicamente como una reclamación que, en opinión de algunos, puede obstaculizar la paz. Así lo denunciaba también Tojeira: "A la hora de pedir justicia para un crimen determinado, el actual presidente de la república, en El Salvador, se daba el lujo de decir que si se reabría tal caso, 'correría de nuevo la sangre' en el país. El lenguaje se volvía contrario a su significado natural cuando se nos decía que no convenía abrir heridas del pasado. Como si juzgar a los victimarios fuera abrirles heridas a ellos en vez de cerrar las que ellos mismos habían causado a sus víctimas. Los esfuerzos por contemplar los crímenes del pasado, reflexionar sobre los mismos, establecer fórmulas de reconciliación tan sencillas como la de lograr que los criminales del pasado pidan perdón públicamente y queden inhabilitados para la vida política, por ejemplo, aparecen como detalles irrelevantes para la vida democrática".

La vigencia de estas palabras en el ámbito norirlandés queda de manifiesto al evaluar los pasos seguidos en los últimos años. Al hacerlo descubrimos que una loable pretensión como la búsqueda de la paz es frecuentemente utilizada como un instrumento de coacción en una sociedad en la que se condicionan los avances hacia dicha meta a una cierta impunidad u olvido que vendría justificado por la necesidad de afrontar el futuro desde el supuesto pragmatismo que supondría relegar el análisis del pasado. Esta impunidad se ha traducido en la excarcelación y el arrinconamiento de los procesos judiciales que deberían seguirse contra aquellas personas responsables de crímenes con anterioridad al denominado proceso de paz. Sin embargo, las reclamaciones de las víctimas exigiendo la reapertura de casos todavía sin resolver ha llevado finalmente a la policía a declarar que así debe procederse. Esta actitud muestra, por un lado, la necesidad social de justicia y reparación, y cómo la ausencia de ambas obstaculiza la normalización y la convivencia. Asimismo desvela lo incongruente que resulta excarcelar a presos sentenciados mientras se anuncia que otros criminales serán procesados si se encuentran suficientes pruebas.

En ese contexto, la excarcelación anticipada se ha revelado como ineficaz alimentando una lógica conducente a la peligrosa legitimación de la violencia al favorecer una narrativa del conflicto basada en la difusión de responsabilidad de quienes utilizaron el terrorismo. Esta dinámica ha derivado en una indulgencia que ha fortalecido a aquellos que practicaron el terrorismo: los presos han dejado de serlo pese a que las organizaciones terroristas continúan existiendo y extorsionando. Al mismo tiempo las víctimas, que siguen reclamando justicia y reparación, son presentadas como un mal necesario e inevitable, adquiriendo las injusticias cometidas sobre ellas justificación y sentido. Se prostituye así su memoria ignorándose que la mayoría de la sociedad jamás recurrió al terrorismo a pesar de sufrirlo, desincentivándose por tanto el respeto a los valores democráticos. La excarcelación subestimaba cómo estos factores afectan decisivamente la esfera política. Sin embargo, la situación actual en Irlanda del Norte, caracterizada por la parálisis institucional y una profunda polarización política y social, demuestra que una democracia no puede funcionar con semejante déficit.

Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, y autor de Matar por Irlanda. El IRA y la lucha armada (Alianza Editorial).