Maragall convoca a los líderes de los partidos para desatascar el Estatuto

El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, convocó ayer a los líderes de los cinco grupos parlamentarios catalanes a una ronda de consultas en septiembre para desatascar el Estatuto de Autonomía, encallado por desacuerdos entre nacionalistas y socialistas sobre el blindaje de las competencias y la financiación. La convocatoria fue remitida ayer por la tarde, después de que el Gobierno catalán analizara la situación en que se halla el proceso estatutario y ratificara la unánime voluntad de sus miembros de lograr en septiembre la aprobación del proyecto por el Parlamento catalán.

De la primera reunión del Gobierno catalán tras las vacaciones, celebrada ayer por la mañana en el palacio de la Generalitat bajo la presidencia de Maragall, salió un mensaje de tranquilidad sobre la expectativa de aprobar la reforma del Estatuto en los plazos previstos. "Sería estúpido que, teniendo como ya tenemos un acuerdo sobre el 95% del proyecto, fuéramos incapaces de salvar el 5% de desacuerdo", dijo el primer consejero, Josep Bargalló, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno.

El mensaje de confianza gubernamental en el éxito de la reforma era particularmente necesario después de la espiral de augurios negativos, alimentada en las últimas semanas por dirigentes de casi todos los partidos, incluidos los del propio Gobierno tripartito. Y, sobre todo, por las reiteradas advertencias de Esquerra Republicana (ERC), el partido de Bargalló, en el sentido de que el fracaso de la reforma del Estatuto significaría el fin de la legislatura y el consiguiente adelanto de las elecciones autonómicas.

La ronda de entrevistas convocada por Maragall responde a las peticiones que le han dirigido en las últimas semanas todos los partidos, incluidos los de la oposición, para que lidere el proceso estatutario en un momento particularmente delicado.

La intención de Maragall, sin embargo, es que las entrevistas con Artur Mas, de Convergència i Unió (CiU); Manuela de Madre, del grupo Socialistes-Ciutadans pel Canvi (PSC); Josep Lluís Carod, de Esquerra Republicana (ERC); Josep Piqué, del Partido Popular (PP), y Joan Saura, de Iniciativa Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), no se lleven a cabo hasta después de que el Consejo Consultivo de la Generalitat dé a conocer el dictamen que está elaborando sobre la adecuación del texto a la Constitución. La previsión es que el dictamen sea entregado el 5 de septiembre a los grupos parlamentarios.

La ronda de entrevistas entre los líderes de los grupos parlamentarios no impide que, en paralelo, se lleven a cabo reuniones bilaterales entre los partidos para acercar posiciones en los asuntos conflictivos. Maragall dejó claro que, pese a todo, la redacción y negociación del nuevo Estatuto sigue siendo una tarea del Parlamento catalán.

Unanimidad en el tripartito

Tanto Bargalló como el portavoz del Gobierno, Joaquim Nadal, socialista, destacaron la unanimidad de los integrantes del Ejecutivo tripartito en la voluntad de superar los escollos que han surgido en el último tramo de la reforma estatutaria, tras 18 meses de lenta gestación del proyecto. Nadal afirmó: "No contemplamos ninguna otra hipótesis que la aprobación del proyecto".

La posición fue tomada después de una primera intervención de Maragall destinada a exponer la situación del proyecto, a la que siguieron intervenciones de miembros de los tres partidos que forman el Gobierno, los consejeros de Relaciones Institucionales, Joan Saura, líder de Iniciativa Verds (ICV); el primer consejero, Josep Bargalló, republicano, y el consejero de Justicia, Josep Maria Vallès, del grupo socialista.

Bargalló quitó importancia a las advertencias realizadas en los últimos días por los principales dirigentes de su partido, que han presionado públicamente al PSC para que abandone su rechazo a la vinculación de los derechos históricos con el blindaje de las competencias de la Generalitat si no quiere provocar el fracaso de la reforma y verse abocado a unas elecciones anticipadas. Las excusó afirmando que las entrevistas veraniegas suelen ser "más relajadas".

"No se ha valorado ni una sola de las manifestaciones de los consejeros del Gobierno en agosto", dijo. La conclusión del Gobierno es, agregó, que "existe la voluntad clara, rotunda, inequívoca de que septiembre sea el mes del Estatuto, como julio fue el mes de la ponencia parlamentaria y agosto el de las declaraciones".