La Generalitat da más tiempo a las empresas de ITV para que se adapten a la apertura a la competencia

El Gobierno catalán dará a las empresas de inspección técnica de vehículos (ITV) y a las de inspección y control (EIC) un margen de tiempo para que puedan adaptarse al cambio de régimen que establece el proyecto de ley de seguridad industrial aprobado a finales del pasado julio y que ha abierto un contencioso entre la Generalitat y el sector, principalmente con Applus+ (Aguas de Barcelona). Trabajo e Industria asegura que este plazo, que prevé el decreto que acompaña la nueva ley y que ayer aprobó el Consell Executiu, será inferior a un año.

El tiempo empezará a correr a partir del 23 de julio, fecha en la que vence la concesión de las ITV que operan en Cataluña, después de que el tripartito decidiera revocar la prórroga de la concesión hasta el año 2014 decidida por el anterior Ejecutivo de CiU poco antes de las últimas elecciones autonómicas. La idea del decreto aprobado ayer es "ofrecer estabilidad jurídica a los operadores", afirma la Generalitat.

La nueva ley entierra el vigente régimen de concesiones por otro de autorizaciones, lo que supone abrir el mercado a la competencia. Actualmente, de las menos de 50 estaciones de ITV que hay en Cataluña, 8 son de la empresa RVSA, y el resto, de ITEUVE Technology y ECA-ITV, ambas de Applus+. En cuanto a las empresas de inspección y control, que ahora pasarán a llamarse organismos de control (OC), las concesiones vencen el próximo septiembre. Applus+ señaló ayer que su contencioso sigue adelante pese a estos avances legislativos. Fuentes del grupo estimaron en su día en cerca de 160 millones de euros los perjuicios causados por la decisión del Gobierno catalán y advirtieron de que los planes de expansión y de empleo de la empresa -participada, además de por Aguas, por Unión Fenosa y Caja Madrid-, diseñados contando con la prórroga de la concesión, quedarían en el aire. Trabajo e Industria minimiza las posibilidades de que la empresa gane la batalla.

Las firmas que cumplan determinados requisitos técnicos podrán presentarse a los concursos que convocará el año próximo la Generalitat para trocear en lotes (de un máximo de seis estaciones, repartidas por el territorio para que las empresas opten a ubicaciones rentables y menos rentables) las instalaciones actuales.