Mucho incendiario suelto

Hay muchos incendios porque hay mucho incendiario suelto. Cada mañana, más de medio centenar de compatriotas se levantan con la intención de prender fuego al monte: por enemistad con un vecino, porque quiere deslindar claramente su finca de la de otros, o que su ganado tenga pasto fresco para la próxima temporada; o porque sí. Según datos facilitados ayer por el Ministerio de Medio Ambiente, cada día se producen en España una media de 85 incendios, la mayoría de los cuales son provocados. En lo que va de 2005 han ardido 107.000 hectáreas de monte, un 23% más que el año anterior, pero menos que en Portugal, que con una superficie mucho menor ha perdido ya 135.000 hectáreas.

Si fuera por estadísticas, el problema ya estaría resuelto. Las hay abundantes, y resultan, también ellas, desoladoras. Desde 1980 ha habido en la UE un millón de incendios que han destruido 12 millones de hectáreas, de las que casi siete millones y medio corresponden a la península Ibérica. El año pasado, el 81% de los incendios y el 76% de la superficie quemada en los países mediterráneos de Europa correspondieron a España y Portugal. Hay que desechar, sin embargo, la tentación de atribuir esa desgracia a una maldición. En los últimos años se ha avanzado bastante en la identificación de las causas de los incendios y hoy se sabe que el 95% se debe a la acción humana: por negligencia en el 30% de los casos y por voluntad deliberada de provocarlos en más del 50%.

En lo que va de año 277 sospechosos han sido detenidos, de los que al menos tres pertenecían a los servicios de extinción. Sin embargo, de los miles de presuntos pirómanos que en la última década han sido objeto de procedimiento judicial, apenas superan la treintena los condenados. No es que la ley sea blanda. El Código Penal establece penas de hasta cinco años para los pirómanos, y hasta 20 si hay peligro para la vida o la integridad de las personas. Pero faltan medios de investigación que aporten pruebas. Facilitarlos es una de las cosas que pueden hacerse para combatir el fuego.

Otra es desincentivar los incendios provocados con finalidad económica. El anteproyecto de la nueva Ley de Montes, que se discute a partir de este otoño, prevé un periodo mínimo de 30 años para poder cambiar el uso de un bosque quemado. Su tramitación y debate parlamentario debería servir para, en lugar de echarse la culpa entre partidos, abordar las deficiencias remediables detectadas en la lucha contra el fuego: insuficiencia de medios humanos y materiales dedicados a la prevención -limpieza de maleza, etcétera-y a la rápida detección, diurna y nocturna, de los incendios; fallos de coordinación entre administraciones con competencias en la materia; carencias en la formación del personal.