La brecha crece y se elevará a 7.200 millones este año

Lejos de reducirse, el déficit sanitario de las comunidades autónomas crece con los años. En 2005, la diferencia entre sus recursos y lo que gastan en sanidad se elevará a 7.226 millones de euros, pese a que Economía baraja incluso los 7.500 millones de euros.

La cifra se desprende de una proyección realizada por varios expertos para este diario. El cálculo es el siguiente: para saber los ingresos se tienen en cuenta las previsiones de crecimiento nominal (sin deflactar la inflación) para los años 2004 y 2005 hechas por el Ministerio de Economía. Para la contabilización del gasto, se suman dos puntos a las cifras anteriores, que es el diferencial de crecimiento que cada año viene experimentando el gasto sanitario respecto al PIB.

Con estos datos, la factura sanitaria de las autonomías alcanzará este año los 42.216 millones de euros, mientras que el sistema aportará 34.990 millones. El déficit alcanza los 7.226 millones de euros. En otras palabras: los ingresos de las comunidades autónomas sólo cubrirán el 83% de lo que necesitan.

¿Por qué se tiene en cuenta el PIB para calcular los ingresos que las autonomías destinan a financiar la sanidad? Porque es el criterio de referencia que establece el modelo de financiación autonómica vigente, en vigor desde 2002, para garantizar que ninguna comunidad ingrese menos de lo que crece el PIB del conjunto de España.

Cuando eso pasa, el Estado aporta la diferencia. Ha sido así en los casos de Asturias, Baleares, Canarias, las dos Castillas, Cataluña, Extremadura, Galicia y La Rioja.

Dicha garantía, sin embargo, no es indefinida. Se pactó para los tres primeros años de aplicación del modelo. Al término de este año, pues, el Estado no aportará ni un euro. Por ese motivo, a partir de ahora las comunidades autónomas deberán asumir riesgos para contribuir a financiar la sanidad, algo que con el fondo de garantía no pasaba.

Éste es, justamente, el mayor cambio que pretende introducir el Gobierno de Zapatero a partir de la Conferencia de Presidentes. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, defiende a capa y espada que el esfuerzo para sufragar el déficit de la sanidad sea compartido entre el Gobierno y las autonomías.