Lula se queda cada vez más solo
El presidente de Brasil transmite una imagen de parálisis ante la grave crisis política que vive el país
Frente a la proliferación de acusaciones de corrupción, con o sin pruebas, contra dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) y miembros del Gobierno brasileño, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva transmite una imagen de parálisis y de creciente aislamiento en palacio que tiene como consecuencia inmediata una marcada caída en las encuestas. Un último sondeo realizado esta semana por Ibope indica que Lula da Silva perdería hoy en una eventual segunda vuelta electoral frente a tres de sus principales adversarios políticos: José Serra, alcalde de São Paulo; Geraldo Alckmin, gobernador del Estado de São Paulo, y el ex presidente Fernando Henrique Cardoso.
Las encuestas muestran un aspecto más alarmante, si cabe, para el Gobierno y para Lula que la caída en la intención de voto. Un estudio realizado por el periodista Reinaldo Azevedo, director de la revista Primeira Letura, a partir de los datos de una encuesta de Datafolha, concluye que "el deterioro del Gobierno es mayor de lo que parece". Entre diciembre y agosto, la diferencia entre quienes calificaban al Ejecutivo de Lula da Silva de óptimo/bueno y los que lo describían como malo/pésimo ha caído drásticamente tanto en las regiones metropolitanas como en las zonas rurales, incluidos los estados más pobres del Noreste, donde el Gobierno dedicó mayores esfuerzos en sus programas sociales.
La mala nota que empieza a recibir Lula de sus conciudadanos tiene que ver, según varios analistas, más con su falta de iniciativa para contrarrestar la avalancha de acusaciones y denuncias, que al convencimiento de que está implicado directamente en prácticas corruptas.
Como antídoto a la parálisis, el gobernador de Acre, Jorge Viana (PT), muy cercano a Lula y a quien se mencionó en su día como posible sucesor del ex hombre fuerte del Gobierno José Dirceu al frente de la Casa Civil, ha pedido públicamente que el primer mandatario se ponga las pilas. Propone que convoque a los ex presidentes José Sarney, Itamar Franco y Fernando Henrique Cardoso, reúna al Consejo de la República (órgano asesor del presidente), ordene la expulsión del PT y del Gobierno a los involucrados en la red de corrupción y se comprometa a no presentarse a la reelección en los comicios presidenciales de 2006.
Fuentes próximas al presidente insinúan que no está muy convencido de repetir mandato y recuerdan que Lula siempre estuvo en contra de la reelección. Concretamente, en los tiempos que presidía el sindicato de metalúrgicos revocó el principio de reelección que estaba en vigor en la organización sindical. El problema es que si el candidato del PT no es Lula, el partido del Gobierno puede encajar una derrota humillante en 2006.
Hay muchos frentes abiertos en esta crisis que comprometen a diversos partidos políticos y un buen número de destacadas figuras. El número de parlamentarios involucrados es ya de 18, el doble del último gran escándalo hace 10 años. Según las primeras investigaciones, la operación de compra de votos y financiación ilegal de campañas fue organizada por altos dirigentes del PT.
El juicio político para inhabilitar al presidente no es en estos momentos una opción prevista por ningún partido político. Sólo algunos parlamentarios aislados apuestan por el impeachment [proceso de destitución], uno de los términos más en boga en Brasil. Lula sigue siendo sinónimo de estabilidad económica y política, y salvo que se descubrieran evidencias que comprometieran de manera irrefutable al presidente en la corrupción, la mayoría de brasileños piensa que tiene las manos limpias.
Fernando Luiz Abrucio, investigador de la Fundación Getúlio Vargas, asegura que la caída del PT "afectaría no sólo al partido, sino a todos", y recuerda una reciente declaración del ex presidente Cardoso: "Acabar con el PT sería una desgracia".
Un elemento disuasorio para el juicio político a Lula es que su caída arrastraría al vicepresidente, José Alencar, del Partido Liberal, por lo que el político que tendría que asumir las riendas de la nación, por mandato constitucional, sería el presidente de la Cámara de Diputados, Severino Cavalcanti, del derechista Partido Progresista. Se trata de un político de escaso prestigio. Todos los pronósticos coinciden en que la crisis política será larga.
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