Los jueces apoyan que se consulte la ley de violencia sexista al Constitucional

Las tres asociaciones de jueces, la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, la progresista Jueces para la Democracia y la moderada Francisco de Vitoria, coinciden en que el tratamiento distinto en las penas que da a hombres y mujeres la Ley Integral contra la Violencia de Género es jurídicamente discutible y es conveniente que el Constitucional se pronuncie al respecto. Una juez de Murcia acaba de plantear la primera cuestión de constitucionalidad a la norma. El Gobierno considera que los argumentos de la juez "no son sólidos", según dijo ayer la secretaria de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Soledad Murillo.

Las dos principales asociaciones de jueces, la progresista Jueces para la Democracia y la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), coinciden en dudar de que la Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad en el Parlamento en diciembre de 2004, respete la Constitución al establecer agravamientos de las penas según el sexo del agresor.

Jueces para la Democracia admite que el tratamiento penal diferenciado entre hombres y mujeres "podría llegar a ser considerado inconstitucional por vulneración del principio de igualdad del artículo 14", según afirmó su portavoz, Edmundo Rodríguez. La Asociación Profesional de la Magistratura es rotunda es su apreciación: "Esta ley es clarísimamente inconstitucional, sin duda de ningún tipo, porque genera una situación de desigualdad penal por el mero hecho de ser hombre", aseguró su portavoz, José Manuel Suárez.

La tercera asociación de jueces española, la moderada Francisco de Vitoria, a pesar de asegurar que "la ley es plenamente constitucional", entiende que se trata de una cuestión polémica y discutible y "es lógico que los jueces y magistrados que tienen que aplicar la norma tengan reservas", señaló Manuel Torres Vela, su portavoz.

Los jueces se pronuncian así sobre la cuestión de constitucionalidad planteada por la titular del Juzgado número 4 de Murcia, María Poza, sobre la ley contra la violencia machista. Poza afirma que la imposición de penas distintas en función del sexo del agresor vulnera tres artículos de la Constitución: el principio de igualdad del artículo 14, el derecho a la presunción de inocencia del artículo 24.2 y el derecho a la dignidad de la persona establecido en el artículo 10.1. La juez afirma que la ley, al determinar que las mujeres, son personas "especialmente vulnerables", está lesionando su dignidad.

La ley integral modificó varios artículos del Código Penal endureciendo las penas cuando el agresor es hombre. Tras su entrada en vigor, las lesiones que menoscaban la integridad física o psíquica de la mujer se castigan con penas de dos a cinco años de cárcel (lo que implica necesariamente el ingreso en prisión) si el autor es un hombre con el que tiene o ha tenido una relación sentimental. Si la agresora es la mujer, el castigo es de seis meses a tres años de prisión. En los casos de lesiones leves, maltratos de obra sin lesión, amenazas y coacciones leves, el mismo hecho se considera delito si lo comete el hombre (pena de prisión de seis meses a un año) y sólo falta si lo hace la mujer (pena de arresto de fin de semana o multa).

Las tres asociaciones de jueces consideran positivo que el Constitucional se pronuncie sobre la ley y despeje las dudas sobre su constitucionalidad. La Ley Integral contra la Violencia de Género es la primera que contempla medidas de discriminación positiva en el ámbito penal, por lo que los juristas no saben a ciencia cierta qué criterio seguirá el Constitucional. Hasta ahora, las medidas de discriminación positiva se han circunscrito al ámbito del acceso al trabajo, a cargos públicos o a la función pública. En estos casos, el Constitucional ha señalado que "los tratos diferenciados a favor de las mujeres con el fin de corregir desigualdades de partida o de eliminar situaciones discriminatorias" no vulneran el principio de igualdad.

"Ignora la tragedia"

El Gobierno considera que los argumentos de la juez de Murcia no son sólidos. "Ignora la realidad social de una tragedia, la muerte de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, que no se puede convertir en un problema abstracto", afirmó ayer la secretaria de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Soledad Murillo, quien insistió en que la unanimidad que recibió la ley en el Congreso le da "mucha fuerza". "En la redacción tuvimos muy presente que podía llegar al Constitucional y confío en que entienda nuestros motivos para sacar la ley adelante para luchar contra la violencia de género, que tiene en España cifras de víctimas superiores a las del terrorismo", indicó.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comas, se mostró en desacuerdo con el razonamiento de la juez de Murcia: "No se aplica el agravamiento de penas frente a cualquier ataque de un hombre a una mujer", dijo ayer a Efe. La ley protege a la mujer "en la específica relación de pareja o ex pareja, por ser en esta específica relación sentimental donde muchas mujeres se encuentran en situación de debilidad", al ejercer los hombres manifestaciones "de superioridad, de dominio o de poder".