El rompecabezas del fraude del petróleo

La investigación del fraude en el programa Petróleo por Alimentos en Irak sigue enredada y va más allá de los casos de corrupción protagonizados esta semana por el ex director del plan de ayuda humanitaria, Benon Sevan, y uno de los funcionarios responsables de supervisar los contratos, Alexander Yakovlev. El equipo que dirige Paul Volcker debe aclarar aún el presunto caso de conflicto de interés que afecta al secretario general de la ONU, Kofi Annan, el papel del Consejo de Seguridad al aplicar las sanciones al régimen de Sadam Husein y la conducta de las 4.500 contratas.

Paul Volcker -ex presidente de la Reserva Federal de EE UU- lleva enfrascado en la investigación desde abril de 2004, cuando el Consejo de Seguridad le encargó determinar cuánto había calado el fraude petrolero en los cimientos de la ONU. En paralelo, el Congreso de EE UU realiza su propio examen, mientras el ala más conservadora inició una campaña de acoso y derribo contra la figura de Annan. La ONU contó siempre con la posibilidad de que se destaparan corruptelas internas, pero dijo que serían "menores" comparadas con lo que pasó fuera de los despachos del organismo.

La filosofía del programa, a pesar del escándalo, no la pone nadie en duda. Era un instrumento que permitía hincar el diente de las sanciones contra el régimen de Sadam tras la invasión de Kuwait, pero sin hacer daño a la población inocente. Fue el mayor plan de ayuda creado por la ONU, dotado con 64.178 millones de dólares. El mecanismo era simple: se trataba de tomar ventaja de los recursos petroleros de Irak a cambio del suministro de una amplia variedad de productos civiles -alimentos, medicinas, equipamiento deportivos y artículos industriales-.

La mayor parte de los recursos se destinaron a las labores de asistencia humanitaria (42.700 millones) y a la reconstrucción tras la guerra del Golfo (18.600 millones), y sirvió para financiar el programa de inspecciones de armas de la ONU (500 millones) y cubrir costes administrativos (1.100 millones). El programa dejó de operar tras la segunda invasión de Irak en marzo de 2003 y se liquidó con 8.000 millones sin utilizar, cantidad que fue transferida al Fondo de Desarrollo para Irak.

La ayuda internacional que se canalizó a través del polémico programa de la ONU llegó así a 27 millones de iraquíes, lo que permitió reducir los casos de malnutrición a la mitad y mejoró la asistencia sanitaria en hospitales del Centro y Sur del país, que contaron con medicinas contra el cólera, la malaria, la meningitis o la tuberculosis. El diseño del programa, sin embargo, no era perfecto y estuvo influenciado por intereses políticos opuestos, lo que permitió a Bagdad aprovechar la situación y sacar tajada.

El régimen de Sadam era al final el que decidía con quién quería comerciar su petróleo. Por eso no extraña que fueran firmas rusas, pero también francesas y chinas, las que más se beneficiaron del programa humanitario. Husein fue capaz de crear, en paralelo, una trama clandestina de contrabandistas y criminales que le permitió esquivar el régimen de sanciones conforme se iba abriendo el puño y ampliando las listas de productos permitidos.

A partir de esto, Volcker delimita en dos áreas su compleja investigación del fraude. Por un lado, examina el grado de corrupción interna de la ONU. Por otro, intenta establecer la implicación de los diferentes países en la red ilícita creada por Sadam bajo el escudo del programa humanitario de la ONU. La primera parte está prácticamente concluida con la publicación de tres informes internos, que se centraron en lo que pasó puertas adentro en la ONU y que confirman irregularidades en el sistema de concesión de los contratos, que, como indica el propio Volcker, estaba "manchado" y sujeto a "consideraciones políticas" que impidieron que no se aplicaran las reglas.

Ya han caído las primeras cabezas, como la del que fuera el director del programa, el chipriota Benon Sevan, acusado de haber recibido sobornos de una contrata egipcia por valor de 147.200 dólares. El otro implicado es el ruso Alexander Yakovlev, que facilitó información confidencial sobre los concursos a cambio de sobornos y fue detenido el lunes después de que se le retirara la inmunidad. Y puede haber más funcionarios en la lista, como advierte Volcker.

Queda, además, pendiente el caso que afecta a Kofi Annan. Volcker se vio obligado a reabrir su expediente -cerrado en febrero- después de que nuevos documentos desvelaran que Annan mantuvo encuentros con ejecutivos de Cotecna, la empresa de inspecciones suiza para la que trabajó su hijo, Kojo, y que se hizo después con un contrato del programa.

Volcker tiene previsto publicar en septiembre, con casi medio año de retraso, un cuarto informe -que se considera definitivo- sobre el papel que jugó este exclusivo órgano.

Habrá además un quinto documento sobre la actuación de las 4.500 contratas que participaron en el programa. El comité de investigación no da detalles sobre estos dos expedientes, pero ya ha dicho que la mitad de las empresas que operaron en el mecanismo de ayuda violaron las reglas pagando sobornos, cobrando comisiones ilegales o elevando el precio de los productos fijado por la ONU.

Annan, que mantiene su inocencia, dijo, tras recibir el tercer informe interino de Volcker, que la ONU actuará con vigor para asegurarse de que no habrá "nuevas manzanas podridas" en el departamento de adquisiciones. Pero como se insiste desde la Secretaría General de la ONU, el contrabando de petróleo estaba fuera de control y se afirma que la violación de las sanciones era conocida por los países del Consejo de Seguridad, incluido EE UU.