Touriño y Chaves

Los presidentes de Galicia y Andalucía, que se vieron hace dos días en Santiago, comprobaron -y expresaron públicamente- las coincidencias que les unen en relación con las reformas territoriales, especialmente en materia de financiación. Hay razones objetivas que favorecen esa coincidencia, por encima de consideraciones identitarias. Galicia es, comparativamente, una comunidad pobre, como Andalucía o Extremadura, que son las tres con menor producción per cápita. El saldo fiscal de Galicia (relación entre lo que recibe en bienes y servicios y su aportación a la caja común) es positivo en una cantidad equivalente al 10% de su PIB.

Pérez Touriño y Chaves tuvieron interés en exteriorizar su sintonía en relación con los principios que propugnan para las reformas estatutarias: reconocimiento de la singularidad de las comunidades con hechos diferenciales, pero sin que de ello se deriven privilegios o merma de la solidaridad interterritorial. El martes pasado, el nuevo presidente gallego ya había expresado al Rey, en Palma, su aspiración de que la reforma del Estatuto gallego se convierta en referente para las de otras comunidades autónomas. Hay que suponer que el Gobierno de Zapatero estará interesado en el éxito de ese proyecto. Frente al bloqueo de la reforma catalana -por el maximalismo de Esquerra y otros motivos-, Galicia podría ser ejemplo de una reforma profunda pero consensuada, respetuosa de los límites constitucionales y no contradictoria con la lógica del Estado autonómico.

Y ello porque la propia composición del Parlamento gallego favorece un acuerdo en esos términos, y porque las condiciones socioeconómicas actúan como freno a planteamientos soberanistas. En Cataluña, un argumento decisivo del tripartito es que la reforma propuesta es condición para poder desplegar las políticas sociales avanzadas de su programa. Pero ese mismo argumento jugaría en Galicia en sentido contrario: para desarrollar sus políticas sociales, el tándem Touriño-Quintana necesitaría reforzar el componente solidario del actual sistema de financiación. Y más ahora que, tras la ampliación de la UE, varias regiones españolas dejarán de figurar entre las beneficiarias de los fondos estructurales. Galicia está en el límite: su renta supone el 73,3% de la media comunitaria, y se dejan de percibir a partir del 75%.