Se extiende la guerra de los 'narcos'

La guerra que libran dos de los carteles de narcotraficantes más activos de México se ha extendido de la frontera norte con EE UU a los Estados productores de marihuana y goma de opio, como Guerrero, Michoacán y Jalisco, en la franja costera del suroeste. Según han revelado fuentes de la Procuraduría (Fiscalía) General de la República (PGR), las organizaciones criminales luchan desde hace dos meses por recuperar el control de las zonas productoras de droga, que habían abandonado al concentrarse en los Estados fronterizos por donde pasan los cargamentos ilegales con destino al vecino del norte.

Este desplazamiento de las bandas delictivas explica el aumento de la violencia que se registra en Guerrero, donde los narcos han llegado a actuar en la ciudad turística de Acapulco. El gobernador del Estado, Zeferino Torreblanca, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha pedido, con algunas variantes, la aplicación en Guerrero del plan México Seguro que el Gobierno federal ha puesto en marcha en varios Estados de la frontera norte. Torreblanca reclama que no se desplieguen tanquetas ni efectivos del Ejército en las zonas turísticas para no alarmar a los visitantes. Hasta la fecha, dicho plan ha dado escasos resultados.

El Gobierno transmite una sensación de impotencia frente al crimen organizado

El lunes pasado, dos granadas de fragmentación lanzadas desde una camioneta estallaron en el cuartel de la Policía Preventiva de Guerrero, en la zona de Puerto Marqués de Acapulco. La semana anterior fue asesinado el subdirector de la Policía Investigadora Ministerial, Julio Carlos López Soto. Su guardaespaldas estuvo secuestrado durante tres días. Tras su liberación dio a conocer un mensaje de los captores, pertenecientes supuestamente al cartel del Golfo, de Osiel Cárdenas, que anunciaba la llegada a Guerrero de 120 zetas (fuerza de choque de dicha organización criminal) para "rajarle la madre" a integrantes del cartel de Sinaloa, que encabeza Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. Estas dos bandas habían concentrado sus fuerzas en ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros, en la guerra por el control de las rutas de la droga.

Según ha declarado al diario Milenio Noé Ramírez, director de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Salud de la PGR, el negocio del narcotráfico cambió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y el consiguiente incremento de la seguridad en la frontera con México. "Ya no hay respeto por las plazas, antes se respetaban los territorios, había una delimitación específica del área de acción de los carteles", explicó el funcionario. Los capos del narcotráfico buscaron nuevas vías de entrada a Estados Unidos a cualquier precio, lo que se tradujo en una escalada de la violencia entre las bandas rivales en los Estados del norte de México.

Las denuncias de la Fiscalía coinciden con un informe de la Agencia Antidroga Estadounidense (DEA), que da cuenta de una nueva estrategia de los narcotraficantes mexicanos. Según esta versión, los carteles de Sinaloa y de Juárez han empezado a cultivar y procesar droga en amplias extensiones de terreno en los Estados de Arizona, Tejas, Nuevo México, California, Washington, Utah, Kentucky y Oregón. Al amparo de bosques y desiertos poco patrullados, la tendencia de las organizaciones delictivas mexicanas es cultivar marihuana en territorio estadounidense, para eludir los riesgos del transporte a través de la frontera y sortear la acción de la Patrulla Fronteriza, el Ejército y los agentes antidroga de los dos países, según un documento elaborado por el Centro de Inteligencia Nacional sobre Narcóticos de la DEA. Los parques federales en los que se han detectado plantaciones de droga están vigilados por el servicio de guardabosques, la oficina de asuntos indígenas o inspectores de pesca, que no cuentan con armamento pesado.

Frente a la violencia y estrategias cada vez más sofisticadas del crimen organizado, el Gobierno mexicano transmite a la ciudadanía una sensación de impotencia e incapacidad, según ha puesto de relieve la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, que acaba de visitar México. En una carta abierta a los partidos políticos mexicanos, Khan advierte de que "uno de los grandes desafíos pendientes para México es realizar una revisión completa de su sistema judicial y de seguridad con miras a proteger los derechos humanos, aumentar la eficacia y garantizar el acceso a la justicia para todos".