El Gobierno mantiene el precio del agua y los plazos previstos para el trasvase Júcar-Vinalopó
La Sociedad Estatal admite que la calidad del agua de Cullera es inferior a la de Cortes
La posible modificación del trasvase Júcar-Vinalopó enfrentó de nuevo ayer al Gobierno central y a la Generalitat. El presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias-Meseta Sur (SEIASA), Francisco Rodríguez Mulero admitió en Alicante que la calidad del agua del azud de la Marquesa "no es la misma" que la de la toma anterior prevista en Cortes de Pallás, pero aseguró que es "el doble mejor" de la que se hubiera obtenido con el trasvase del Ebro que defiende el PP. El ministerio dice que el precio del agua será asequible y llegará en el plazo previsto.
El PP alerta sobre un "freno automático a los fondos Feder" si cambia el trasvase
La inversión para modernizar regadíos en Alicante pasa de 40 millones a 172
La subdelegada del Gobierno en Alicante, Etelvina Andreu, aseguró que el trasvase Júcar-Vinalopó es un compromiso "incuestionable" de José Luis Rodríguez Zapatero que quiere hacer "el mejor trasvase posible" que comportará más agua para Alicante. Junto a ella, el presidente de SEIASA, Francisco Rodríguez Mulero, reconoció que si se modifica el proyecto del trasvase el uso de esta agua está "garantizada con un tratamiento potabilizador" y aseguró que su calidad es "el doble mejor" que la que se hubiera obtenido del trasvase del Ebro que defiende el PP. Rodríguez Mulero destacó cómo las demandas de los regantes coinciden con el planteamiento del PSPV para cambiar la toma de agua en el sentido de que se asegure la transferencia, que la obra sea pública, que su coste no sea superior al del agua del Tajo-Segura y que el plazo de ejecución no sea mayor que el previsto, es decir el 2008-2010.
El representante del Ministerio de Agricultura vaticinó que se podrán trasvasar entre 50 y 70 hectómetros cúbicos anuales "si la Generalitat cumple sus funciones" y moderniza la Acequia Real del Júcar, y alertó de que es posible "que no haya agua" si el Consell no acomete la modernización de regadíos, ya que hasta el momento la actuación de la Generalitat ha sido "bastante liviana y casi inexistente".
El consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, Juan Cotino, replicó poco después y destacó cómo "uno de los impulsores de paralizar el trasvase del Júcar-Vinalopó ha admitido que la calidad del agua del azud de la Marquesa es de mucha peor calidad que la procedente de la toma de donde está previsto trasvasarla". Cotino dijo no entender que "personas que deben hacer imperar planteamientos técnicos por encima de los políticos no lo hagan así, a sabiendas de que escogen la peor opción".
Rodríguez Mulero presentó en Alicante los datos referentes a las inversiones destinadas a la modernización de los regadíos en la provinicia de Alicante, y recordó cómo durante el último año de Gobierno del PP se iniciaron obras por valor de 40 millones de euros y durante el primer año de Gobierno socialista se han adjudicado obras por valor de 172 millones de euros. Además recordó cómo "el gobierno de Aznar nunca decretó obras de interés general en Alicante, y en estos momentos el ministerio ha decretado de interés general todas las obras de modernización de regadíos de la Vega Baja".
Por su lado, el Consell difunció un informe elaborado por su delegación en Bruselas sobre el posible cambio del trazado del trasvase Júcar-Vinalopó que pone en duda los fondos Feder. Según el Consell la Comisión Europea "duda de que pueda haber cambios en el estado en que se encuentra el proyecto por los plazos a respetar", al tiempo que señala que una modificación "sustancial" del mismo "podría cuestionar su financiación". El vicepresidente del Consell, Víctor Campos, manifestó, en declaraciones a Europa Press, que el documento "confirma definitivamente que la modificación, tal y como se plantea del trasvase Júcar-Vinalopó, significaría una alteración sustancial del mismo y, por lo tanto, un freno automático a los fondos Feder". Campos recalcó que con un nuevo trazado "habría que presentar nuevos informes para solicitar nueva financiación, incluidos los de impacto ambiental, que son muy costosos de realizar desde el punto de vista técnico y temporal", por lo que, según insistió, "nos reafirmamos en nuestra conclusión de que la modificación del trasvase sería tanto como firmar su certificado de defunción".
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