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La oposición de Orihuela y Torrevieja denuncia pagos ilegales de facturas

Acusan a los gobiernos locales del PP de hacer abonos sin contratos y ni consignación

El grupo del PSPV en el Ayuntamiento de Orihuela presentó ayer un recurso de reposición contra la modificación de crédito de 9,9 millones de euros aprobada por el equipo de gobierno del PP porque considera que se han trasvasado fondos de la venta de suelo público para pagos a proveedores. El grupo de Los Verdes en el Ayuntamiento de Torrevieja, también en manos del PP, denunció el pago de facturas por 4,5 millones de euros sin mediar contrato.

La modificación extraordinaria de crédito del Ayuntamiento de Orihuela fue aprobada en el último pleno. El grupo municipal del PSPV denunció la, a su juicio, ilegalidad de la operación porque los fondos provenían de la venta de solares municipales, "y, por tanto, este dinero sólo puede destinarse al capítulo de inversiones, y no a pagos ya contraídos", puntualizó Francisco García Ortuño, portavoz del grupo del PSPV. "Además, no sólo se van a pagar facturas pendientes, sino a tenor del informe del interventor algunas de la facturas ya estaban abonadas a cargo de esa eventual modificación presupuestaria", añadió. Ortuñó señaló que si el equipo de gobierno local del PP mantiene el acuerdo, recurrirá a la vía de lo Contencioso Administrativo.

Por su parte, José Manuel Dolón, portavoz de Los Verdes en el Ayuntamiento de Torrevieja, denució ayer el pago irregular de facturas por valor de 4,5 millones de euros, "sin que haya habido ningún contrato o encargo previo", precisó. Dolón añadió que el equipo de gobierno del PP ha materializado los pagos, pese al informe en contra de los técnicos municipales advirtiendo de la ilegalidad de la operación. El portavoz de Los Verdes subrayó que las facturas abonadas no disponían de consignación presupuestaria.

A las denuncias sobre presuntas irregularidades en las cuentas del Ayuntamiento de Torrevieja también se sumó el grupo del PSPV. El concejal socialista Manuel Vera cuestionó la cobertura de los seguros de los funcionarios y vehículos municipales contratados por el Ayuntamiento con la Mutua General de Seguros "porque las pólizas de 2003 y 2004 han estado al descubierto durante varios años".

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