El Sáhara Occidental, ¿un conflicto sin solución?

El 14 de noviembre se cumplirán 30 años de los Acuerdos Tripartitos de Madrid por los que el último Gobierno de la dictadura ponía fin a la presencia colonial española en el Sáhara Occidental; cedía la administración temporal a Marruecos y Mauritania -que renunciaría a la misma en 1979-, aunque no la soberanía (nadie puede dar lo que no tiene), y formalmente, no daba por concluido el proceso hasta que "la opinión de la población saharaui se haya expresado válidamente" (Jaime De Piniés, embajador de España en la ONU, 26 de febrero de 1976). La descolonización se llevó a cabo tarde, mal y de manera precipitada ante la presión política a que estaba dando lugar el fin de la dictadura; la división de opiniones (celebración del referéndum de autodeterminación o cesión a Marruecos) en el Gobierno de Arias Navarro, aquejado del "síndrome portugués"; la creciente agresividad de Rabat (Marcha Verde); la ambigüedad de Argelia en los meses precedentes; la actividad militar del Frente Polisario y el apoyo de Francia y EUA a las tesis de Marruecos. La responsabilidad de lo sucedido se reparte, pues, entre el Gobierno de Arias y el resto de partes implicadas. Además, el conflicto nacía viciado, porque al litigio de soberanía se superponían los efectos de la Guerra Fría y de la pugna por la hegemonía en el Magreb.

La descolonización del Sáhara se llevó a cabo tarde, mal y de manera precipitada

Cualquier mediación debe tener en cuenta los cambios habidos desde 1975

La descolonización del Sáhara Occidental dejó entre la opinión pública española un poso de mala conciencia y de responsabilidad histórica que se tradujo en un importante apoyo humanitario al pueblo saharaui. Treinta años después, el apoyo humanitario sigue vivo -y hoy es más necesario que nunca ante la amenaza de penuria alimentaria en los campamentos de Tinduf-. Otra cuestión son las presuntas responsabilidades históricas. Por una parte, los gobiernos de la democracia no son responsables de los desmanes de la dictadura, cuya primera víctima fue, a lo largo de cuatro décadas, la propia población española. Por otra parte, resulta excesivamente fácil culpar de todo lo que acontece en las antiguas colonias a la ex metrópoli, obviando las responsabilidades de las élites dirigentes de estos países tras las independencias. En este caso, la no resolución del conflicto debe más, aunque en desigual medida, a la falta de voluntad política de las partes implicadas (Marruecos y el Frente Polisario -y Argelia-), o incluso a la incapacidad de Naciones Unidas para resolverlo, que al actual -o anteriores- Gobierno de la democracia española. En suma, el Gobierno español debe hacer todo cuanto esté en su mano por mediar en el conflicto y posibilitar una resolución pacífica y justa del mismo en el marco de Naciones Unidas. Y debe hacerlo no tanto por responsabilidad histórica, sino por responsabilidad política en el actual marco de las nuevas relaciones de la UE con los países del Magreb, y por responsabilidad humanitaria, porque la actual situación tiene un elevado coste social, humano y económico sobre los refugiados de Tinduf, la población del Sáhara Occidental, la de Marruecos y, por extensión, del resto del Magreb, en la medida en que impide la construcción de la Unión del Magreb Árabe (UMA), pieza clave para mejorar el comercio interregional, el nivel de vida de sus habitantes y las relaciones con la UE.

Al mismo tiempo, cualquier mediación debe tener en cuenta los cambios habidos desde 1975. Por una parte, el escenario resultante de la guerra de 1976-1991, que supuso una internacionalización del conflicto, pero que, sobre el terreno, ganó Marruecos, que sigue ocupando las partes útiles del territorio; y que, en la esfera diplomática, ganó, parcialmente, el Frente Polisario, puesto que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) fue reconocida por la mayoría de países africanos, lo que dio a pie a su entrada como miembro de pleno derecho en la Organización para la Unidad Africana (OUA) en 1984, y por diversos países de los cinco continentes entre los que no se contaban, sin embargo, ni las grandes potencias, ni la mayoría de países árabes y europeos. Y por otra, el proceso de paz pactado entre las partes en 1988 ha evidenciado las limitaciones de la mediación de Naciones Unidas, ya que nunca ha podido ser aplicado ni en su versión original (el Plan de Arreglo de 1990-1991), ni en la vía autonomista planteada por James Baker en 2001 y 2003.

Con la intención de analizar el conflicto, el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) reunió a una treintena de expertos en un seminario internacional (Madrid, 2-4 de junio) que elaboraron las siguientes conclusiones. Primero, la necesidad de efectuar un nuevo diagnóstico atendiendo a los cambios producidos en el escenario internacional (fin de la Guerra Fría, unilateralismo, globalización), regional (crisis de Argelia, proceso de transición -tímida y limitada- en Marruecos, disidencias en el Frente Polisario, situación de la población de Tinduf y del Sáhara Occidental), y en las sociedades marroquíes y saharauis. Los cambios han afectado directamente al conflicto y el bloqueo ha permitido la aparición de nuevas formas de organización económica, pero también de comercio ilegal y de paso clandestino de emigrantes con riesgo de sus vidas por la existencia de minas en la zona de nadie que existe entre Marruecos y el Frente Polisario. Segundo, integrar las iniciativas procedentes de una emergente sociedad civil saharaui y marroquí, que demandan nuevas respuestas, que no están dispuestas a esperar otros 30 años para encontrar una solución y que tienen puntos en común a favor de la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos y la modernización de Marruecos y del Sáhara Occidental. Tercero, instar a la UE a comprometerse en la resolución del conflicto incluyéndolo, como punto prioritario, en su agenda de política exterior mediterránea y de vecindad. Por último, constituir un Grupo Internacional de Trabajo, con capacidad de interlocución con las partes, que ayude a romper el bloqueo actual buscando el apoyo de foros internacionales y de las sociedades civiles y de los países vecinos concernidos por el conflicto.

Por último, no está de más advertir de que, más allá del movimiento táctico del Frente Polisario del pasado mayo -manifestaciones de El Aaiún-, la prolongación del estancamiento actual sólo puede redundar en una agravación de la situación y en la desesperación de una población que ve comprometido su futuro por un conflicto sin salida. Hoy es más necesaria que nunca la mediación internacional para encontrar puntos de aproximación entre las partes. En esta línea se mueve la diplomacia española que ha intensificado los contactos para encontrar una salida en el marco de Naciones Unidas, conseguir el nombramiento del nuevo Enviado Personal del Secretario General, Peter van Walsun, ex embajador de Holanda en Naciones Unidas, y de un nuevo responsable de la Misión de Naciones Unidas para la Organización del Referéndum en el Sáhara Occidental -Minurso-, función que recaerá, probablemente, en un diplomático europeo mediterráneo. A partir de ahora, la Minurso tiene que elaborar un informe sobre los acontecimientos de El Aaiún y arbitrar medidas de confianza entre las partes: el Frente Polisario debería, tal como ha prometido, liberar a los presos marroquíes y esclarecer el trato dado a los disidentes, y Marruecos dar cuenta de los desaparecidos saharauis y comprometerse a no utilizar en el futuro la fuerza y la represión (policial y judicial) contra las manifestaciones de los independentistas saharauis.

Antoni Segura es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona y coordinador del seminario Soluciones para el Sáhara.