Blair endurece las leyes para combatir a los radicales islámicos en Reino Unido

"Que nadie dude de que las reglas del juego han cambiado". Así lo anunció ayer el primer ministro de Reino Unido, Tony Blair, en referencia a las nuevas medidas que tomará su Gobierno contra el terrorismo. El ministro del Interior británico, Charles Clarke, posee ya las facultades legales para expulsar del país o denegar la entrada a quienes supongan una amenaza para la seguridad de Reino Unido. Pero en cuanto entren en vigor las nuevas medidas, también se podrá deportar a los acusados de fomentar el terrorismo.

Blair aseguró que ya se han alcanzado acuerdos con Jordania y que se está negociando con otros 10 países, entre los cuales se encuentran Líbano y Argelia. "Creo que cualquier ciudadano extranjero que fomente el odio y la violencia debe salir del país", declaró. "La gente entenderá ahora que cuando advertíamos sobre la amenaza terrorista no estábamos tratando de asustar, era algo real", añadió.

Blair consultará durante un mes a los líderes de otros partidos sobre sus 12 propuestas para combatir el terrorismo. En su última conferencia de prensa antes de marcharse de vacaciones, Blair dijo estar dispuesto a convocar al Parlamento para debatir su propuesta durante el descanso estival si fuese preciso. Entre otras medidas presentadas por Blair destacan:

- Ampliación de los poderes del Gobierno para privar a los ciudadanos de la nacionalidad británica o de la doble nacionalidad si actúan contra los intereses del país.

- Elaboración de una lista de páginas web y librerías, así como de otros centros y redes de acción extremistas.

- El Ministerio del Interior estudiará la deportación de toda persona que tenga en ellos una "implicación activa".

- Reforma de la Ley de Derechos Humanos por la cual Reino Unido se sumó a la Convención Europea de Derechos Humanos, en caso de que los planes del Gobierno sean obstaculizados por esta ley.

- Tipificar como delito la justificación o la apología del terrorismo.

- Estudiar la posibilidad de ampliar el plazo actual -de tres a 14 días- en el que un sospechoso de terrorismo puede estar detenido sin cargos.

- Rechazo automático de la solicitud de asilo de cualquiera que tenga algo que ver con el terrorismo.

- Incremento del número de tribunales especializados en terrorismo.

- Elaboración de una lista de predicadores a los que se les prohibirá la entrada en el país.

- Ilegalización de algunas asociaciones musulmanas, como Hizb ut-Tahrir y Al Muhajiroun.

- Revisión de las condiciones para la obtención de la ciudadanía británica.

- Establecer un límite máximo de tiempo para las extradiciones. Para anticiparse a posibles críticas, Blair hizo una referencia a España y Francia como "otros países" donde se ejecutan deportaciones "por decisión administrativa" y no de los jueces. El líder del Partido Liberal Demócrata, en la oposición, Charles Kennedy, indicó que estas medidas pueden poner en peligro el consenso contra el terrorismo logrado por todos los partidos tras los atentados del 7 de julio. Sin embargo, el responsable de asuntos de seguridad en la oposición conservadora, David Davis, y candidato al liderazgo de su partido, apoyó las propuestas y calificó de "vital" que el ministro del Interior disponga de poderes para "deportar o impedir la entrada de extranjeros que amenazan" la seguridad nacional. No obstante, tachó como "demasiado corto" el plazo de un mes que Blair ha previsto para consultar a los otros partidos.

El plan de Blair ha suscitado las críticas de diversos grupos independientes que opinan que se ha ido demasiado lejos en el delicado equilibrio entre libertad y seguridad. La asociación de derechos humanos Liberty acusó a Blair de atentar con sus propuestas contra derechos humanos fundamentales y de poner en peligro la unidad de la nación frente al terrorismo. "Blair dice que las reglas del juego han cambiado, pero la seguridad pública nunca fue un juego. Los valores fundamentales de una democracia no pueden cambiarse porque nos provoquen los terroristas", indicó la directora del grupo, la abogada Shami Chakrabati. La directora de Liberty dijo sentirse preocupada por el hecho de que se deporte a personas hacia países donde "se practica la tortura".

Blair había aclarado antes que Jordania ha garantizado el buen trato de los deportados. Y que Reino Unido se encuentra en negociaciones con Líbano y Argelia y está buscando otros 10 Estados con garantías de que no se torturará a ningún deportado.

Imran Waheed, portavoz del grupo Hizb ut-Tahrir, uno de los que se pretende ilegalizar cuando entre en vigor el plan de Blair, anunció que recurrirá ante los tribunales. "Somos un partido político no violento", dijo. Waheed fue uno de los líderes musulmanes que se reunió con Blair tras el 7-J. Su grupo no condenó los atentados, aunque distribuyó panfletos donde llamaba a la unidad de los musulmanes y recordaba que el islam prohíbe causar daños a "inocentes".

Las medidas anunciadas por Blair llegan después de que un diputado conservador, Gerald Howarth, declarase refiriéndose a los extremistas musulmanes: "No puede haber compromiso ninguno con esta gente. Si no les gusta nuestra forma de vida hay una solución muy sencilla: que se vayan". Cuando le preguntaron al diputado qué había que hacer si los extremistas habían nacido en Reino Unido, dijo: "Lo mismo. Si no guardan lealtad a este país, que se vayan. Hay otros países cuya forma de vida es más propicia para encontrar lo que ellos buscan".