La subida del agua por la nueva desaladora enfrenta a los municipios de la Costa del Sol

El incremento de la tarifa de agua que la empresa Acosol suministra a los 11 municipios de la Costa del Sol Occidental, para sufragar los gastos de mantenimiento de la desaladora que empezó a funcionar el pasado 4 de julio, ha abierto una nueva brecha política en el organismo. Los Ayuntamientos de Benalmádena y de Marbella, que votaron el miércoles contra las nuevas tarifas y van a impugnarlas, han avisado que si se aplican abandonarán la mancomunidad porque, además, no les resulta útil para mejorar los servicios que prestan a los ciudadanos.

La comisión gestora de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental aprobó antes de ayer un incremento del 13,8% en la tarifa del agua en alta -la que suministra a las empresas municipales que en cada ciudad abastecen a la población- más un recargo lineal en los recibos de 0,13 euros por cada metro cúbico. Éste último, en concepto de coste de desalinización, se aplicará de forma transitoria mientras que se utilice la planta desaladora de Marbella, en funcionamiento desde el pasado 4 de julio por la insuficiencia de recursos del pantano de La Concepción. El mantenimiento de la desaladora supone un coste diario de 9.000 euros.

Por el contrario, la tarifa en baja, la que pagan los ciudadanos que directamente contratan con Acosol y no con otras empresas municipales, sufre una reducción del 14%.

Las nuevas tarifas contaron con el voto contrario de los representantes de cinco de los 11 municipios agrupados en la mancomunidad: Los tres gobernados por el PP (Torremolinos, Fuengirola y Benahavís) y los dos en manos de independientes (Marbella y Benalmádena). Las nuevas tarifas han irritado especialmente al alcalde de Benalmádena, Enrique Bolín, quien se queja de la existencia de un trato discriminatorio para los ciudadanos, que pagarán tasas diferentes en una misma ciudad en función de si contratan directamente con Acosol o con una empresa municipal, y de una competencia desleal entre éstas.

Bolín entiende que la mancomunidad se ha convertido en una "herramienta política, más que en un organismo al servicio de los ciudadanos, y en el que se castiga a los independientes". El Ayuntamiento de Benalmádena ha presentado un recurso contencioso administrativo contra las nuevas tasas del agua y ha advertido de que si éste no prospera, abandonará la mancomunidad.

"La mancomunidad no nos es útil porque no atiende nuestras sugerencias para mejorar los servicios", lamentó ayer el alcalde, quien recordó que el organismo no ha permitido el uso parcial de la nueva depuradora, aún en construcción tras el incendio que sufrió el año pasado, por lo que hay agua que se pierde en el mar y que podría reciclarse para ser usada en el riego. Según los cálculos del Ayuntamiento de Benalmádena, con las nuevas tasas más el recargo por desalinización, la subida del recibo es en realidad del 63,6%. También la primera teniente de alcalde de Marbella, Isabel García Marcos, ha anunciado que si prosperan las tarifas, el Ayuntamiento abandonará la mancomunidad. Amenaza que también hizo en varias ocasiones Jesús Gil cuando era alcalde. García Marcos considera que las nuevas tarifas son abusivas y arbitrarias y que la mancomunidad no está legitimada para subirlas. El presidente de la mancomunidad, Juan Sánchez (IU), recordó que las nuevas tarifas cuentan con los preceptivos informes jurídicos.

El incremento se justifica, entre otras razones, por la deuda de 18 millones de euros que tiene con Acosol la empresa que suministra a Marbella, Aquagest, por el abastecimiento de los últimos cinco años. Acosol ha pedido autorización a la Junta para cortar el suministro a esta sociedad, que abastece también a Manilva y Estepona.