La Generalitat creará un plan de pensiones para funcionarios en diciembre
Tendrá 133.000 partícipes y una aportación inicial de 38 millones
Los funcionarios y trabajadores públicos del Gobierno catalán tendrán su plan de pensiones en marcha a finales de año. Los sindicatos y el Departamento de Gobernación han firmado las bases para la puesta en marcha del primer plan de pensiones de promoción conjunta de Cataluña, que afecta a más de 133.000 trabajadores de la Generalitat y que se constituirá con un importe inicial de 38 millones de euros.
El Gobierno catalán tiene previsto convocar en septiembre, a la vuelta de las vacaciones, el concurso público para elegir la compañía depositaria y gestora del fondo, con unos baremos establecidos por ambas partes. Se tendrá en cuenta que "las inversiones sean socialmente responsables, el nivel máximo de rentabilidad y las comisiones más bajas", explicó ayer la secretaria de Administración y Función Pública, Ruth Carandell, quien añadió que en diciembre debería estar constituido el plan.
El sistema de capitalización de las pensiones de los trabajadores de la Generalitat se pondrá en marcha con una aportación inicial de 38 millones de euros, que corresponden al 0,5% de la masa salarial de los años 2004 y 2005. Se trata de la implantación del salario diferido en la Administración catalana. El pacto entre sindicatos y administración establece destinar el mismo porcentaje en los tres próximos ejercicios, hasta 2008, a razón de unos 19 millones de euros anuales.
Cataluña se suma al grupo de comunidades autónomas -"casi todas", según el responsable del área pública de Comisiones Obreras Joan Carles Gallego- con planes de pensiones para sus empleados, junto con otras administraciones, como la Diputación de Barcelona, el propio Ayuntamiento barcelonés y la Administración del Estado, cuyo fondo se adjudicó hace justo un año al BBVA. Ese plan, el mayor de España en partícipes, se constituyó para 523.000 trabajadores públicos con un importe inicial de 54,65 millones de euros.
A diferencia del fondo de la Administración central, gestionado por una empresa participada en el 70% por el BBVA y en el 30% restante por los sindicatos, la compañía (banco, caja o aseguradora) que gestione las pensiones de los funcionarios catalanes estará controlada por una comisión de seguimiento partitaria formada por el Gobierno catalán y los sindicatos mayoritarios del sector.
Además de CC OO, UGT y Cemsatse, las centrales que han firmado el acuerdo, también se podrá añadir si lo estima oportuno el sindicato CATAC, según Carandell.
Aunque el fondo afecta exclusivamente a los funcionarios y trabajadores de la Generalitat, excepto los de las empresas públicas -son partícipes, por poner un caso, los Mossos, pero no los empleados de la CCRTV-, está abierto a otras administraciones y organismos públicos catalanes; cualquier ayuntamiento, por ejemplo. Igualmente, los trabajadores públicos que lo deseen podrán aportar al fondo su plan de pensiones privado, si es el caso.
En estos momentos, los sindicatos calculan en 7.000 los trabajadores mayores de 60 años, los primeros que se beneficiarán del fondo. La media de edad de los empleados de la Generalitat es de 40 años.
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