Pensiones chilenas

Desde las elecciones en EE UU se ha intensificado el debate sobre las alternativas de reforma de los sistemas de pensiones. Por ello, parece conveniente reflexionar sobre las experiencias existentes, entre las que destaca la introducción de cuentas de capitalización individual y gestión privada en Chile en 1981.

Los argumentos a favor de este proceso parecen claros. Teóricamente, los sistemas con elementos de capitalización individual mejoran los incentivos a la participación laboral (el importe de la pensión depende directamente de dicha participación) y contribuyen a desarrollar los mercados financieros y de capitales locales (debido a la inversión de los ahorros acumulados por los afiliados en fondos de pensiones). Ello permite un aumento de la eficiencia y del crecimiento de la economía, como ha mostrado Chile. Pero, al tiempo, estos sistemas deben contribuir a aumentar la cobertura y el nivel de las prestaciones, objetivos esenciales de la protección social. En estos aspectos, los resultados no han sido tan favorables. La proporción de afiliados sobre población en Chile ha crecido sólo ligeramente desde los años setenta. Y, pese a las rentabilidades de los fondos de pensiones, los salarios de sustitución (que relacionan la pensión con el último salario percibido) no son muy elevados.

La experiencia chilena puede ser útil para guiar el proceso internacional de reformas de los sistemas de pensiones

En conjunto, hay cierto consenso de que los efectos han sido positivos, pero sin satisfacer todas las expectativas. ¿Qué razones hay detrás de esta evolución? En primer lugar, para un sistema de protección 25 años no es tanto tiempo. Hasta 2020 no se jubilarán los primeros pensionistas plenos del nuevo sistema. Además, el marco regulatorio ha empezado a mostrar limitaciones, en especial en la financiación de coberturas de muerte e invalidez. En tercer lugar, un sistema de pensiones está muy relacionado con la evolución macroeconómica y con la de un mercado de trabajo que sigue mostrando una elevada informalidad. Por último, en la población afiliada hay un amplio desconocimiento sobre el funcionamiento efectivo del sistema.

Las recomendaciones se antojan evidentes. Se ha de avanzar en reformas estructurales que potencien los beneficios macroeconómicos del sistema. Hay una labor pendiente de información y formación. Y de impulso a la cooperación entre el sector público y el privado para diseñar un conjunto óptimo de reglas, dentro de una perspectiva dinámica de largo plazo.

Ángel Melguizo Esteso es economista del Servicio de Estudios del BBVA.