Paro y precariedad laboral en Andalucía

"Las oficinas del paro serán oficinas de empleo", sentenció Anton

io Fernández García, estrenando su cargo como nuevo consejero de Empleo.

Esta perogrullada sería coherente con el compromiso del Gobierno de la comunidad andaluza, plasmado en la Ley de 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que invocando la perspectiva solidaria del Estatuto de Autonomía declara como objetivo prioritario "la consecución del pleno empleo en todos los sectores de la producción y la especial garantía de puestos de trabajo para las jóvenes generaciones de andaluces", si no fuera porque una enésima radiografía evidencia la raquítica estabilidad laboral en Andalucía.

A este respecto, con esta comprimida carta, doy pública réplica al provocativo triunfalismo de este nulo gestor público:

Al mes de diciembre de 2003 como viceconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, con el turbio de Viera Chacón como baranda, teniendo además las riendas del poderoso Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), un 49% de los parados andaluces se quedaron sin cobertura asistencial por no haber cotizado el periodo mínimo estipulado para obtener el derecho a la prestación por desempleo.

En la provincia de Sevilla este porcentaje se incrementó al 52% de los parados que se registraron en el Inem en ese mismo periodo. El 83% de los contratos suscritos fueron temporales. De ellos, el 44% tuvieron una duración menor a un mes (Informe La Sevilla socioeconómica de 2003).

Este diagnóstico sigue vigente en la actualidad. La tasa de temporalidad laboral está más que vinculada a la renta per cápita, y Andalucía continúa hundida en lo más profundo de este decisivo parámetro.

Así, durante su gestión al frente de la Consejería de Empleo, nuestra tierra se ha situado a la cabeza de las comunidades autónomas con el mayor nivel de temporalidad, concretando el informe El talón de Aquiles del mercado de trabajo español, elaborado por UGT, que el 44,5% del empleo es eventual. A este "logro" hay que añadir el 15% de paro registrado en Andalucía, superando en cinco puntos a la media nacional.

Que explique este mismo personaje al mundo desarrollado, solidario y progresista, cómo en Sevilla pueden existir núcleos de marginalidad urbana (Polígono Sur y Martínez Montañés) donde la tasa de paro alcanza hasta un 99% de su población activa, y que el 91% de su censo (14.817 habitantes) no tiene formación profesional.

El propio consejero Fernández, con toda la artillería de tres direcciones generales de su departamento con competencias plenas de intermediación e inserción laboral, fomento del empleo y formación para el empleo en el SAE, parecen haberse conjurado para dinamitar sus endebles cimientos, enterrando las expectativas del progreso de las políticas activas de empleo, que sin excusa alguna deben atender las necesidades reales de la sociedad andaluza.

Con este panorama, sacar pecho aquí, en Andalucía, es simplemente una burla obscena de quienes tienen asegurada la pitanza a perpetuidad.