Tres de cada diez euros de gasto social van a centros de ancianos

Las administraciones públicas y el sector privado destinaron 1.073 millones de euros en el año 2003 para sufragar los gastos en servicios sociales, lo que significa un 17% más que el año anterior. El mantenimiento y la mejora de la atención a la tercera edad a través de los diferentes servicios de residencia supuso el 31% del total, hasta rondar los 336 millones. Año a año, las administraciones han elevado su aportación, pero la atención a los ancianos sigue presentando algunos déficits en cuanto a plazas en residencias, centros de día y asistencia domiciliaria.

Según el último estudio realizado por el Instituto Vasco de Estadística-Eustat, el gasto medio por habitante se situó en 2003 en 511 euros, de los que 353 procedieron de fondos públicos (el 69% del total). Destacan también los 136 millones de euros que los usuarios aportaron a cambio de los servicios prestados y que supuso el 17% del gasto corriente.

El gasto en asistencia a ancianos fue el que más creció, un 25,1%, hasta acercarse a los 336 millones de euros (el 31% del gasto total). Este dinero se fue fundamentalmente en la financiación de los diferentes centros para ancianos, desde residencias hasta clubes de día. Si se tienen en cuenta los recursos que se destinan a la tercera edad desde otros programas, como el Fondo de Bienestar Social, ayuda a domicilio y tele-alarma la inversión ronda el 40% de todo el dinero que se destina a la protección social en su conjunto.

Se trata de un núcleo de población cada vez más numeroso y más discapacitado para realizar las actividades del día a día de una forma autónoma. La atención a este colectivo se centra fundamentalmente en las residencias, centros de día y la atención domiciliaria. Desde estos servicios se atendió al 7% de los mayores de 65 años. La oferta de plazas en residencias y viviendas comunitarias alcanzó las 14.123, lo que representa una cobertura de 2,9 plazas por cada 100 ancianos.

En los últimos cinco años esta oferta ha crecido a una media de un 4% anual. En este periodo también ha crecido la oferta privada de consumo público, mediante conciertos, y la contribución cada vez mayor de los usuarios. Dado que la población anciana mayoritariamente desea vivir en su domicilio, existen una serie de alternativas para cumplir este deseo como son las 427 plazas en centros de estancias temporales y apartamentos tutelados. Los centros de día vieron crecer su oferta en los cinco últimos años un 83%, hasta disponer en la actualidad de más de 2.300.

Oferta privada

En cuanto al servicio de ayuda a domicilio, los trabajadores de este sector atendieron a algo más de 17.000 ancianos en su propio hogar. Este servicio, que está financiado en un 90% desde la administración, ha incrementado su número de usuarios en una media anual del 8%. Y destinado al colectivo más autónomo de la tercera edad se encuentran las asociaciones y clubes de jubilados. Este tipo de organizaciones tiene una gran implantación social, ya que la mitad de los mayores de 65 años es socio de algún club de este tipo.

Sin embargo, la comunidad autónoma no puede escapar a un mal común al Estado y es el déficit de la oferta en relación con la demanda de plazas residenciales. Álava es el territorio más avanzado, con Guipúzcoa en un punto intermedio y Vizcaya situada más abajo. La atención a la tercera edad ha cambiado de una forma muy importante en la última década y la administración ha ido dando paso a la entrada del sector privado. Hasta el punto, de que ahora la oferta privada es imparable y domina tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa. En la actualidad, las instituciones públicas apenas controlan la tercera parte de las 14.000 plazas existentes. Además, están proyectadas otras 3.600.

Álava es la única provincia vasca donde el sector público es mayoritario, aunque cada vez va cediendo más terreno. El 56% de las plazas dependen de la Diputación, frente al 40% que es propiedad de la Diputación de Guipúzcoa y el 20% de la vizcaína. Los especialistas critican que, en muchos casos, las administraciones públicas no disponen de los recursos suficientes para realizar un control estricto de la asistencia que se presta a los mayores desde el sector privado.

Al margen de los centros para ancianos, el otro gran sector que concentró la inversión en protección social fueron las ayudas económicas a las familias, que ascendieron a 232 millones de euros.