Vacaciones

La ponencia para la Reforma del Estatuto de Autonomía ha cerrado por vacaciones. Hace calor. El debate debe ser en frío. La fijación de las competencias de la comunidad sean exclusivas, compartidas o delegadas, deben aguardar a que baje el termómetro. Definir la Comunidad Autónoma, como nación, no. Así lo afirma el presidente de esta Comunidad. No vale este término para Andalucía. Este término define España, asienta la monarquía constitucional y permite hablar de soberanía popular única. No es revisable. Su revisión podría abrir grietas en el sistema democrático. No requiere una puesta al día. Menos en dos días y por contentar a cuatro iluminados. Hay otras cuestiones que sí la requieren.

La Justicia. Su organización es una de ellas. Las leyes nacen en los parlamentos y autonómicos. Hay leyes del Estado. Hay leyes de las Comunidades. Es razonable que el Tribunal Supremo unifique la doctrina del Estado. No tiene porque serlo que los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades interpreten y apliquen las leyes del Estado y de las CCAA. Los jueces son del Estado. Andalucía es parte integrante de España. Deberían ser la última instancia. Estas competencias no quiebran la unidad ni implican soberanía sobre el resto del Estado. Sólo interpretan normas del Estado y de las delegadas constitucionalmente. Además, si se quiebra la unidad interpretativa, el TS la unificaría.

Miedo dan otras cuestiones. La creación de los Consejos de Justicia Autonómica, una de ellas. El CGP Judicial -se dice- es conocido como "la oficina de colocación". Si se delegan sus funciones puede haber más oficinas de colocación. Un despropósito. Relaciones personales y afinidades políticas, y no los méritos profesionales, podrían ser los factores determinantes de los nombramientos. Estamos hartos de verlo en Madrid. Se vota por bloques, como en la guerra fría. El Consejo y los que se van a crear, al amparo de los artículos 47 y 48 del EA, no representan al pueblo. La Justicia sí emana del pueblo. El Parlamento lo representa. No sé a que se espera para que, cuando menos, el presidente del TSJ de Andalucía lo nombre el Parlamento andaluz. El Estatuto de Andalucía debe reclamar este derecho como uno de los más importantes del Pueblo que representa.