Gibraltar deberá dar la información fiscal que pidan los países de la UE

Gibraltar tiene la misma obligación que el resto del territorio de la UE de facilitar los datos fiscales que las autoridades de un país le pidan sobre las inversiones realizadas por un determinado ciudadano en su territorio. También debe informar de las operaciones intracomunitarias. Así lo dictaminó ayer el Tribunal de Justicia europeo, en una sentencia que condena al Reino Unido por contravenir en su colonia la normativa europea y que supone una nueva victoria de Bruselas, a la que España apoya en esta batalla, contra la opacidad fiscal del Peñón.

Una directiva europea que el Reino Unido ha vulnerado data de 1977, aunque ha sido modificada posteriormente en un par de ocasiones. Según esa directiva, cuya finalidad es la de atajar la evasión y el fraude fiscal, un Estado miembro de la UE puede pedir a otro datos en casos concretos sobre un ciudadano que ha realizado inversiones en ese segundo Estado. Se trata así de facilitar la liquidación correcta de impuestos de sus ciudadanos.

Tal directiva no requiere un mandamiento judicial para que las autoridades de un país pidan a las de otro información. Establece que todos están obligados a "prestarse asistencia mutua" aportando la información y también que dentro de esa asistencia mutua se incluye la obligación de intercambiar información de forma automática trimestralmente sobre operaciones intracomunitarias.

El Reino Unido logró en su particular tratado de adhesión a la UE de 1973 dejar a Gibraltar fuera de las normas de armonización fiscal, así como del territorio aduanero comunitario. De ahí que Londres considerase que tampoco la directiva de 1977 era aplicable a su colonia en los casos del IVA y de los impuestos especiales sobre carburantes, alcohol y tabaco.

Un caso aparte

La Comisión Europea denunció el caso ante el Tribunal de Justicia europeo, denuncia a la que se sumó en diciembre de 2003 el Reino de España. Los jueces dan ahora la razón a Bruselas y Madrid dictaminando que Gibraltar debe cumplir con la misma obligación que el resto.

Gibraltar ha sorteado sistemáticamente las diversas normativas fiscales de la Unión Europea para mantener un régimen que le permite funcionar como paraíso fiscal. Este mismo año, la Comisión Europea ha logrado una de las victorias más importantes en este terreno al lograr, tras años de batalla, que Londres haya aceptado abolir las ventajas fiscales de que disfrutan las casi 9.000 empresas extranjeras radicadas en el Peñón que funcionan en régimen de off-shore. De acuerdo con lo pactado con Bruselas, este régimen terminará de forma progresiva en cinco años. Los jueces europeos deberán dirimir todavía, sin embargo, un contencioso aún más importante: las ventajas fiscales de que disfrutan el resto de sus empresas (unas 20.000).

En realidad, tanto la Comisión Europea como España cuentan en este terreno con el apoyo de la mayoría de los países de la UE, pues en 1997 los ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) decidieron perseguir los regímenes fiscales especiales al considerar que distorsionan la competencia en el mercado único europeo.