Ibarretxe reclama al Gobierno un calendario sobre transferencias

El Gobierno vasco requirió ayer al Gobierno central que le remita antes de que finalice el año un calendario en el que se concrete el proceso para transferir a Euskadi las competencias que aún quedan pendientes. En este tono de apremio, el Ejecutivo de Vitoria, que preside Juan José Ibarretxe, reclamó la convocatoria inmediata de la Comisión Mixta de transferencias para cerrar el traspaso cuanto antes de la gestión de las prisiones.

Se vuelve a reabrir de esta forma la larga polémica sobre el desarrollo pleno del Estatuto de Gernika y las transferencias de competencias que reclama la Administración autonómica vasca al Ejecutivo de la nación.

Mientras el Gobierno de Vitoria reclama 37 materias pendientes, según la interpretación que hizo el Parlamento vasco en 1993, la Administración central sólo reconoce siete de ellas. Las restantes son o materias de competencia exclusiva del Estado o asuntos resueltos, según zanjó el anterior Gobierno, del Partido Popular, cuando la cuestión estuvo encima de la mesa en 2002.

El Consejo de Gobierno del Ejecutivo autónomo activó ayer de nuevo la demanda sobre las transferencias al considerar que la materialización de las competencias pendientes contribuirá a la normalización política de Euskadi. Además, entiende que la reclamación de las 37 transferencias no implica renunciar a reformar el actual marco político y superar el techo del Estatuto. La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, presentó públicamente el acuerdo y justificó la demanda de un calendario en el compromiso que adquirió el año pasado el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, de completar el desarrollo estatutario durante 2005.

Aunque el tono empleado es exigente y firme, dista mucho del ultimátum lanzado la legislatura pasada por el anterior Gobierno vasco. En aquella ocasión (julio de 2002) dio dos meses al Ejecutivo del Partido Popular para que traspasase las competencias pendientes y le advertía de que las asumiría de forma unilateral si no se cerraba un acuerdo a plazo fijo.

Según Zenarruzabeitia, el balance del primer año del Gobierno del PSOE ha sido, en cuanto a desarrollo estatutario, "decepcionante". El Ministerio de Administraciones Públicas tiene ocho propuestas sobre otras tantas transferencias y sólo ha accedido negociar una de ellas: las políticas activas de empleo. A pesar de ese cómputo negativo, la vicelehendakari presentó el acuerdo tomado ayer como un intento de "cerrar la puerta al pasado y abrirla al futuro", con la convicción de que se puede inaugurar una etapa de amplios consensos.

Y como primer paso para materializar todo este proceso, solicitó la constitución de la Comisión Mixta de transferencias para negociar y formalizar cuanto antes el traspaso de la gestión de las prisiones y de las políticas activas de empleo. En esta última área se han mantenido negociaciones durante los últimos meses, pero las posturas no se han acercado lo suficiente.

Euskadi es la única comunidad autónoma que no gestiona las políticas activas de empleo, ya que históricamente ha exigido que en el mismo paquete vayan las políticas pasivas, que incluyen el pago de las prestaciones y el cobro de las cuotas de formación que pagan los trabajadores. La Administración central se ha negado reiteradamente por miedo a romper la caja única de la Seguridad Social. Ambas partes podrían estar buscando ahora una vía intermedia.

La transferencia de la gestión de prisiones, por otra parte, está más verde. "El modelo de transferencia propuesto es exactamente el mismo que opera en Cataluña y, por lo tanto, no debería haber problemas", aseguró Zenarruzabeitia. Sin embargo, el Gobierno central siempre se ha opuesto con el argumento de que afecta a la lucha antiterrorista.