Política de puentes rotos

Ha pasado casi un mes desde el 19 de junio, fecha de la celebración de las elecciones gallegas, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente del PP, Mariano Rajoy, no se han reunido en La Moncloa como comunicó Zapatero a Rajoy en mayo. No lo hacen desde el 14 de enero, y nadie sabe si lo volverán a hacer. Es la muestra más expresiva de que los puentes entre el Gobierno y el PP están totalmente rotos, sin quedar siquiera a salvo los asuntos de Estado, respetados entre el Ejecutivo y el primer partido de la oposición, a escala nacional y en los países europeos: la lucha antiterrorista, la cuestión territorial y la política exterior. Aún más, los tres han sido declarados elementos clave de la oposición que Rajoy hará a Zapatero.

La constitucionalidad del Estatuto catalán marca la disputa en el debate territorial

El Gobierno atribuye la política de ruptura del PP al desconcierto por su derrota el 14-M

El PP mantiene que el Gobierno rompió el Pacto al no instar a la ilegalización de EHAK

El Gobierno atribuye esta política de puentes rotos al "desconcierto" del PP que "no ha asimilado su inesperada derrota del 14-M y las que le han sucedido en Europa y autonomías". Y añade: "El PP continuará con esa política hasta comprobar si le da resultados, aunque Rajoy corre un grave riesgo al impulsar a los sectores más duros del partido y marginar a los más moderados, con lo que cada vez tiene más difícil la marcha atrás. Y esa marcha atrás puede ser inevitable porque las elecciones se ganan desde la moderación".

El PP, en cambio, cree que ha sido el Gobierno quien "ha roto una política pactada, y que funcionaba, en la lucha antiterrorista"; ha elegido "nuevos socios, como Fidel Castro y Hugo Chávez, en política internacional, tras ofender a EE UU", y busca "el desmantelamiento de España" en pago a las "letras que firmó a sus socios nacionalistas para estar en el Gobierno".

- Terrorismo. El primer aviso que el Gobierno tuvo de la ruptura del consenso sobre terrorismo se produjo en abril. Rajoy se negó a participar en una convocatoria del Pacto Antiterrorista, al condicionarla a que el Ejecutivo promoviera, en cumplimiento del Pacto, la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK). El PP tuvo el aviso antes: había solicitado "seis veces" la reunión de ese Pacto, precisamente para preguntar al Ejecutivo "por qué no instaba a la ilegalización de ese partido, por ser lo mismo que Batasuna".

El Ejecutivo se queja de que, además, el PP rompió la regla de oro de evitar preguntas sobre terrorismo en la sesión de control. Le preguntó insistentemente por la ilegalización de EHAK.

El segundo punto de choque lo abrió la declaración del Congreso, tras el debate sobre el estado de la nación en mayo, en la que todos los partidos, menos el PP, apoyaron un diálogo entre el Gobierno y ETA, con condiciones. Rajoy había acusado a Zapatero, en aquel debate, de abandonar la voluntad de derrotar a ETA, de "revigorizarla", y de "traicionar a los muertos".

El PP considera imprescindible, para recomponer el consenso antiterrorista con el Gobierno, "que se cumpla el Pacto Antiterrorista, que dejaba muy claro que con los terroristas no se dialoga, sino que se les derrota, y que los terroristas no pueden estar en las instituciones", y el Parlamento vasco es una de ellas. Ésta es la opinión de Rajoy, que acusa al Gobierno de haber "roto irresponsablemente una estrategia antiterrorista que tenía a ETA contra las cuerdas".

El Gobierno mantiene que la declaración del Congreso sobre un fin dialogado con ETA se acoge a los principios acordados por todos los partidos democráticos en los pactos de Madrid y Ajuria Enea, de 1987 y 1988. El PP ve "superior" el Pacto Antiterrorista. En cuanto a su reticencia a promover la ilegalización de EHAK, el Gobierno se remite a la Fiscalía del Estado y a la Abogacía del Estado que no ven argumentos jurídicos suficientes.

El Ejecutivo cree que la causa por la que el PP ataca por ese flanco es que "necesita buscar espacio político para hacer oposición al Ejecutivo" porque "no lo encuentra en los temas como la política económica y social". Recuerda que José María Aznar, entre 1993 y 1996, ya rompió el consenso antiterrorista en su política de oposición, pero "entonces tenía enfrente un Ejecutivo muy debilitado, el terminal de González, lo que ahora no sucede".

El PP, en cambio, opina que el Ejecutivo ha roto ese consenso antiterrorista dentro de su política de "aislar al PP y pactarlo todo con los nacionalistas". Aún más, hay voces dentro del PP que ligan "la rendición a ETA con el desguace del Estado" que, según el primer partido de la oposición, "prepara Zapatero con sus socios nacionalistas".

- Debate territorial. El Gobierno estima que, en las reformas de los estatutos, "la política de puentes rotos de Rajoy, con el señuelo de que España se rompe, ha hecho agua". Recuerda que "Rajoy proclamó, durante su campaña electoral y al inicio de la legislatura, que el PP no respaldaría las reformas de los estatutos de las autonomías que lo deseasen, y que el PSOE defendía en su programa. Al final, ha tenido que asumir que se produzcan reformas en las comunidades que gobiernan, como la valenciana y balear, porque la presión de sus presidentes autonómicos ha sido irresistible para él. E incluso en alguna comunidad donde no gobierna, como Andalucía".

La excepción es, por el momento, Cataluña. El Gobierno cree que "la decisión de Rajoy de dejar al PP fuera del consenso del Estatuto de Cataluña le va a situar en la irrelevancia política".

Rajoy mantiene que el problema del Estatuto catalán es que es "radicalmente inconstitucional". Destaca que también lo ven inconstitucional relevantes socialistas, como Alfonso Guerra o Manuel Chaves. Y pide a los socialistas "con sentido común", que se opongan a él y voten en contra.

Dentro del debate territorial, ocupa un lugar específico la reforma de la de financiación sanitaria. El Ejecutivo vaticina que sucederá lo mismo que con la reforma de los estatutos, y el PP la apoyará. "Rajoy ha adelantado que no acepta un modelo que otorga más instrumentos fiscales a las autonomías. Es posible que esta actitud acarree la oposición de las comunidades gobernadas por el PP al modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Conferencia de Presidentes, que se celebrarán en septiembre. Pero, al final, entrarán porque los presidentes autonómicos del PP saben que el Gobierno está dispuesto a poner dinero para paliar su agujero sanitario", dicen fuentes del Gobierno.

Las autonomías del PP se reunieron la pasada semana para conjurarse a no respaldar ninguna modificación del sistema de financiación sanitaria que les obligue a subir sus impuestos. El argumento del PP es que el actual sistema de financiación "está sin desarrollar en su totalidad y prevé recursos adicionales para cubrir el déficit sanitario".

- Política exterior. La primera "gran sorpresa" del Gobierno fue la actitud del PP hacia su política europea, manifestada en su reticencia al referéndum sobre la Constitución europea, promovido por Zapatero, y sus críticas "al Gobierno en las cumbres europeas, lo que no tiene precedentes". Sin embargo, Rajoy pidió e hizo campaña por el voto afirmativo en dicho referéndum.

El Ejecutivo también critica las "zancadillas de Aznar hacia la política del Gobierno con EE UU". Rajoy y Aznar mantienen que las zancadillas, en este asunto, se las pone el propio Zapatero. Rajoy suele burlarse de que aún "no ha habido ninguna conversación telefónica de Bush con Zapatero" debido, a su juicio, al "antiamericanismo" del presidente y a la "precipitada retirada" de las tropas españolas de Irak y recuerda que, en la campaña electoral, dijo que esperaría a una resolución de la ONU que se aprobó después en junio. El Gobierno afirma que ha tenido que contrarrestar esa "falsa imagen de antiamericanismo".