Malestar en la fiscalía por la pasividad empresarial y política sobre el 'caso del 3%'

Profundo malestar se registra en la Fiscalía de Cataluña como consecuencia de la pasividad empresarial y política para avanzar en la investigación de las acusaciones de corrupción por el cobro de comisiones que Pasqual Maragall lanzó en el Parlament el pasado 24 de febrero. Las diligencias que abrió el fiscal jefe, José María Mena, avanzan lentamente y nada hace prever, por ahora, que se pueda escarbar a fondo en la averiguación judicial de la afirmación que en su día hizo el presidente de la Generalitat: "Ustedes [por CiU] tienen un problema que se llama 3%".

El malestar de la fiscalía señala a empresarios, particulares e instituciones públicas y privadas, especialmente con algún departamento del Gobierno de la Generalitat en manos del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), del que se esperaba una colaboración más activa en las diligencias que abrió el fiscal jefe, al día siguiente de que Maragall lanzase su acusación en el Parlament dirigiéndose al líder convergente Artur Mas. "Aquí casi nadie ha presentado unos documentos en condiciones", explican fuentes de la fiscalía de manera más que ilustrativa. Y concretan todavía más: el único texto que ha aportado la empresa pública Gisa, que es la que controla toda la obra pública en Cataluña y depende de Política Territorial, son las conclusiones de la comisión parlamentaria creada a raíz del hundimiento del Carmel. Aunque parezca un sarcasmo, una de esas conclusiones solicita la colaboración de los agentes sociales para denunciar prácticas corruptas y se afirma que "no se ha podido acreditar" el cobro de comisiones ilegales en obra pública.

Fuentes de la dirección del PSC aseguran que si el tripartito no ha colaborado más activamente en la investigación de la fiscalía es porque no ha podido, no porque no ha querido. "El problema es encontrar a alguien que te explique las cosas que se hicieron, no los papeles en sí. Si lo supiéramos, lo denunciaríamos", asegura un dirigente socialista, quien añade también que "el Departamento de Política Territorial en la época de CiU estaba muy politizado, con grandes lazos familiares entre altos funcionarios y todos ellos se esconden y se protegen".

La excepción, Adigsa

La fiscalía entiende, por el contrario, que los actuales gestores políticos de la Generalitat sí podrían afinar el tiro cuando les remiten centenares de folios sobre auditorías internas y señalar aquellos apartados en los que se cometieron irregularidades. Se trataría, en definitiva, de orientar al fiscal y evitar que éste busque la aguja en un pajar, como da la sensación que ha ocurrido en algún momento.

Con todo, fuentes de la fiscalía precisan que la excepción a toda esta norma es la empresa pública Adigsa, en manos de Iniciativa per Catalunya Verds, que sí ha respondido con celeridad y precisión a los requerimientos de la fiscalía. La colaboración ha sido tal que el presidente de Adigsa y el consejero delegado, Ricard Fernández y Miquel Bonilla, respectivamente, han llegado a declarar como testigos en la fiscalía y han ratificado que el Gobierno de CiU realizó adjudicaciones irregulares. En esas declaraciones, que se celebraron el pasado 8 de junio, ambos directivos de Adigsa también ratificaron distintos aspectos de las irregularidades denunciadas por el constructor José Antonio Salguero, quien explicó el abono de comisiones de hasta el 20% en 18 obras realizadas por Adigsa.

Fuentes del tripartito próximas al PSC aseguran que era difícil "conducir dos trenes al mismo tiempo: el del Estatut y el del 3%". El propio Mas dijo en el pleno del 24 de febrero que si Maragall no rectificaba, CiU se desvinculaba de la reforma estatutaria.

Fuentes vinculadas a Esquerra reconocen la dificultad de llegar a acuerdos con CiU si el Gobierno catalán hubiese facilitado a la fiscalía informaciones que comprometiesen a las administracioones convergentes. En este sentido, en el Ejecutivo se recuerda que el líder de CiU, Artur Mas, declinó asistir a una reunión sobre la financiación autonómica con el tripartito que debía producirse el día siguiente de presentarse la auditoría de gestión sobre los últimos años del pujolismo. El presidente Maragall reconoció que el citado informe no llegaba al fondo de muchos asuntos: "Quizá la auditoría no dio de sí lo que algunos esperaban. Sirvió para situar cuáles eran los defectos de tramitación interna importantes que se han corregido. Podría haber servido para más, lo admito", dijo.