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Entrevista:MARÍA ISABEL BAENA | Delegada de la Consejería de Salud en Córdoba

"IU y PP han metido miedo con Iznájar"

Manuel Planelles

María Isabel Baena (Córdoba, 1962), delegada de la Consejería de Salud en la provincia de Córdoba, prohibió el pasado martes 12 de julio a unos 166.000 habitantes de Córdoba beber y cocinar con el agua procedente del pantano de Iznájar, el mayor de Andalucía, porque los niveles de terbutilazina, un herbicida utilizado en el olivar, superaban el máximo establecido. Desde ese día PP e IU acusan a la Administración andaluza de conocer algunos informes que alertaban de que se podría haber superado el límite legal de tolerancia del plaguicida, al menos, cuatro meses antes.

Pregunta. ¿La Delegación de Salud tenía conocimiento antes del 12 de julio de que en algunos municipios se había detectado este herbicida por encima de lo que permite la ley?

"Yo puedo tomar muestras y supervisar, pero confirmarlo no es competencia de Salud"
"El papel que juega la Consejería es el de garante de la salud de los ciudadanos"

Respuesta. La Delegación no tiene ningún conocimiento. Los funcionarios hablan casi a diario, pero la normativa es absolutamente tajante en cómo se deben comunicar las cosas y como se deben confirmar. A la autoridad sanitaria, la Delegación, se le debe comunicar cuando se tiene confirmado un dato de incumplimiento. Pero no sé a qué tipo de comunicación se refiere.

P. ¿Usted sabía antes del 12 de julio que dos análisis de marzo en Almodóvar del Río (Córdoba) mostraban que los niveles podían estar por encima de lo legal?

R. No. No porque no hay noticia formal de este tema. Y no tiene que haber una comunicación formal salvo que se confirme con un contraanálisis. La normativa es absolutamente clara en su artículo 27. El tema de aguas está absolutamente reglamentado, en un Real Decreto de 2003: La responsabilidad de dar el agua en condiciones sanitarias adecuadas es de la suministradora, sea el Ayuntamiento o una empresa. El papel que juega la Consejería es el de garante de la salud de los ciudadanos. Y, ¿cómo se establece el conocimiento de la autoridad sanitaria para tomar una decisión en un momento determinado para proteger la salud de los ciudadanos? Está claro en la ley: detectado el incumplimiento, por parte del Ayuntamiento en este caso, tiene la obligación de confirmarlo a las 24 horas y tiene la obligación de comunicar en otras 24 horas a la autoridad sanitaria. El resto de análisis que se van haciendo no tienen obligación de comunicarlos. No tienen obligación, porque hoy me puede salir mal y mañana bien.

P. ¿Y no hay ninguna comunicación oficial de Almodóvar a la Delegación?

R. No hay. Tengo certificado del responsable del registro de esta Delegación que entre el uno de enero y la fecha de ayer no existe ni una sola entrada ni de Emproacsa

[la empresa de la Diputación que gestiona el pantano], ni del Ayuntamiento de Almodóvar, ni del distrito sanitario del Guadalquivir comunicando nada de Almodóvar en relación con la terbutilazina.

P. Sin embargo, el miércoles usted dijo que sí que tenía conocimiento de dos informes del Ayuntamiento de Almodóvar...

R. El 12 de julio, el día que nos enviaron el informe del pantano de Iznájar y decretamos la prohibición, llamé a los alcaldes para comunicárselo. La alcaldesa de Almodóvar me dijo que ella ya lo sabía, que había unos análisis en los que se detectaba este problema con el herbicida. En ese momento, encontramos un adjunto remito del Ayuntamiento de Almodóvar en el que hace una comunicación remitiendo un paquete de análisis al distrito sanitario. Estas analíticas se recibieron en el distrito sanitario el 3 de mayo. Entre otros muchos análisis que se encuentran bien, aparece uno de fecha 10 de marzo donde el dato de la terbutilazina está alterado. Pero esto se comunica el tres de mayo y nunca se hizo contraanálisis a las 24 horas. Y yo no supe de esta carta hasta el mismo martes 12 de julio.

P. Según lo que cuenta, el Ayuntamiento de Almodóvar no comunica nada a la autoridad sanitaria. Pero hay constancia escrita de que el Consistorio hace una comunicación a Emproacsa...

R. Ese documento lo he visto a través de los medios de comunicación. Parece ser que sí lo comunica.

P. En una carta de respuesta de Emproacsa al Ayuntamiento, se dice que esta empresa se ha "puesto contacto con la Delegación Provincial de la Consejería de Salud para darles conocimiento".

R. Se refiere a una comunicación entre dos funcionarios de la Diputación y de la Delegación que hablan y en el que la Diputación le dice a un funcionario de esta casa si puede utilizar el laboratorio, porque ellos no tienen la técnica montada, para hacer los análisis. Esa es la comunicación.

P. O sea, que la hubo...

R. Sí, hubo una conversación entre funcionarios de la que yo no me entero hasta que se ha montado todo este lío. Si esa conversación se entiende como una comunicación... Es que vamos a tener que hablar bajo notario. Es como si yo digo que he hablado con el portero del hospital y quiero entender que el gerente del hospital ya tiene comunicación. Eso no es una comunicación oficial. Y vuelvo a insistir, no hay ninguna comunicación oficial de Emproacsa. Pero es que voy más allá, no es Emproacsa quien lo tiene que comunicar, tendría que ser el Ayuntamiento. Eso es una conversación entre funcionarios y hasta que no está registrada no existe.

P. ¿En la conversación entre los dos funcionarios qué se estableció?

R. Nada más, que yo sepa.

P. ¿Entonces no se decidió hacer un contraanálisis en el municipio?

R. Es que no es competencia de Salud. Aunque yo quisiera, no puedo sustituir la actuación del Ayuntamiento. La actuación sólo le compete al Ayuntamiento, otra cosa es que en el buen funcionamiento y coordinación se nos pida si le podemos hacer los análisis si no tiene un laboratorio privado. Es que no tiene nada que ver.

P. Sin embargo, en la carta de Emproacsa se reconoce que a finales del año pasado otro municipio, Montilla, denunció una situación parecida y técnicos de la Delegación fueron a comprobar si era cierto o no.

R. Pero la Delegación de Salud no tiene obligación de comprobarlo.

P. Pero en aquel caso se hizo...

R. No, no. Lo hizo el Ayuntamiento de Montilla.

P. En la carta se dice textualmente: "Otro municipio, a finales del año pasado, nos informó que el laboratorio TCAL había encontrado en las aguas de su red municipal terbutilazina. Igualmente, informamos a la Consejería de Salud, que tomó y analizó muestras en diversos municipios con resultados negativos".

R. Si, pero no es mi competencia. Yo puedo ir a tomar muestras y supervisar lo que quiera, pero confirmarlo no es la competencia de Salud.

P. ¿Esta comunicación de finales de año fue por los cauces ordinarios?

R. Igual que en el caso posterior: Si no hay contraanálisis a las 24 horas no hay que comunicar nada. El que tiene que confirmar el resultado es el Ayuntamiento.

"Hay un Ayuntamiento que miente o se guardó datos"

P. ¿Por qué en el caso de Almodóvar no se actúa igual que en el de Montilla?

R. Pues porque no es mi competencia. No es competencia de la Delegación. No sé si soy capaz de explicarlo: no actúo porque no tengo competencias para actuar.

P. Pero, ¿por qué en un caso sí se actúa y en otro, con las mismas competencias, no?

R. Porque tú tienes inspectores repartidos por toda la provincia, porque en un momento determinado ves que el cloro, por ejemplo, de un pueblo no está bien y le haces la medición... Es el trabajo cotidiano de los inspectores farmacéuticos. Toman muestras, revisamos de vez en cuando. No tiene nada que ver. La ley establece que la competencia sólo la tiene el Ayuntamiento de Almodóvar. El explicar por qué allí sí y aquí no, es desenfocar el problema. El problema es que aquí hay un Ayuntamiento que o está mintiendo o que se guardó los datos. Me siento sometida a un tercer grado cuando la administración que ha actuado correctamente defendiendo la salud de los ciudadanos ha sido esta, que actúa en dos horas en cuanto lo conoce. El que confirmó al final que en el caso de Montilla no pasaba nada fue el Ayuntamiento.

P. Al margen de los trámites legales, ¿existe la posibilidad de que en Almodóvar o en otro municipio hayan estado cuatro meses bebiendo agua contaminada con este herbicida?

R. Pues yo no puedo contestar a eso. Lo tendrá que contestar la responsable del suministro de agua, que es la alcaldesa de Almodóvar. Porque a esta Delegación no llegó ningún escrito confirmando ningún dato de que eso sea así. Si tengo que contestar con los datos que yo tengo, nunca ha existido problema en esta provincia hasta el 12 de julio. La duda esa, razonable, la tendrá que contestar la responsable suministradora del agua, que es la alcaldesa.

P. ¿Qué efectos tiene este herbicida en el ser humano?

R. Están apareciendo expertos en este tema tratando de tranquilizar. Evidentemente no hay estudios en humanos porque no se pueden realizar, lo que hay se ha hecho en ratas. Y las cantidades que pueden provocar la muerte son absolutamente brutales durante un tiempo muy prolongado. Desde un principio, hemos tratado de transmitir tranquilidad. Tiene más que ver con un principio de legalidad y de precaución.

P. ¿Tiene la sensación de asumir un problema que no es suyo?

R. Pues sí. Creo estamos en una situación de crisis, pero creo que hemos actuado con rigor, con celeridad y con transparencia por el bien de la salud de los ciudadanos. Tanto IU como el PP han tratado de desenfocar la situación, enredando a los ciudadanos y, sobre todo, metiendo miedo. Están haciendo un uso bastante irresponsable del caso.

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Sobre la firma

Manuel Planelles
Periodista especializado en información sobre cambio climático, medio ambiente y energía. Ha cubierto las negociaciones climáticas más importantes de los últimos años. Antes trabajó en la redacción de Andalucía de EL PAÍS y ejerció como corresponsal en Córdoba. Ha colaborado en otros medios como la Cadena Ser y 20 minutos.

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