El Senado de Chile entierra los últimos vestigios de Pinochet en la Constitución

Más de 15 años después del final de la dictadura militar, el Senado chileno alcanzó el miércoles un acuerdo para introducir profundas reformas a la Constitución de 1980 y que ponen fin a la arquitectura institucional antidemocrática que dejó como herencia el general Augusto Pinochet. Las reformas, que deberán ser ratificadas el 16 de agosto en una ceremonia del pleno del Congreso, eliminan la figura de los senadores designados y vitalicios, no electos por votación popular; restablecen al presidente de la República la facultad de remover a los comandantes en jefe y modifican el Consejo de Seguridad Nacional, entre otros cambios.

Las enmiendas, que entrarán en vigor en 2006, ponen fin a la transición a la democracia al acabar con la mayoría de los mecanismos que los militares pusieron en la Constitución para preservar su poder e influencia. La firma de Pinochet dejará de estar en el texto constitucional y será reemplazada por la del socialista y actual presidente, Ricardo Lagos.

"Quince años atrás comenzaron los Gobiernos democráticos y ahora podemos decir que la transición en Chile ha concluido", afirmó ayer Lagos en Australia, donde está de visita, destacando la aprobación unánime de enmiendas que permiten al país recuperar su tradición. "Desaparecen los enclaves autoritarios", afirmó el senador democratacristiano Andrés Zaldívar, mientras que el ex ministro de Interior de la dictadura y ahora senador, Sergio Fernández, admitió que 25 años después de la promulgación de la Constitución "era necesario adecuar sus normas a la realidad que estamos viviendo".

Con las enmiendas, dejará de existir la llamada "bancada militar", un senador por cada rama de las Fuerzas Armadas. Casi un cuarto del Senado, entre los que designaban los militares, la Corte Suprema, ex ministros y ex presidentes -esta figura permitió a Pinochet ser senador hasta que dejó el cargo por su supuesta demencia senil- no se originaba en la voluntad popular. La recuperación de la facultad para remover jefes militares, ahora informando previamente al Senado, es también emblemática. En al menos dos oportunidades en la transición los Gobiernos democráticos fracasaron en sus empeños para remover comandantes en jefe, incluido Pinochet.

Los cambios diluyen las atribuciones sobre los poderes del Estado que tenía el Consejo de Seguridad Nacional, al que ahora sólo podrá convocar el presidente y será un órgano asesor. En este consejo se reunían, con un voto para cada uno, los tres jefes de las Fuerzas Armadas y el de Carabineros; los presidentes de la República, del Senado, de la Corte Suprema, y el fiscal. Por simple mayoría de sus miembros el consejo podía autoconvocarse y el presidente corría el riesgo de quedar en minoría. Otro cambio es la reducción del mandato presidencial, de seis a cuatro años, sin reelección.

Para la aprobación de las reformas fue determinante el apoyo de la derecha en el Senado. Siete intentos previos en 15 años fracasaron por la negativa de este sector. La renovación de la escena local, al dejar de ser Pinochet un factor político, la transición que ha realizado el Ejército, la admisión generalizada de los crímenes de la dictadura y la pérdida del temor a los socialistas en el empresariado, abonaron el escenario en el que los cambios fueron posibles.

El negociador del Gobierno, el ex ministro del Interior José Miguel Insulza, podía presionar con la posibilidad de designar senadores que iban a tener el oficialismo y, especialmente, con basar la campaña de las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre próximo en la necesidad de cambios al texto constitucional.

La derecha aceptó reformar la Constitución, pero se reservó un resorte esencial del poder: el sistema electoral binominal, que prácticamente asegura a la minoría -la derecha en estos 15 años- obtener el mismo número de parlamentarios que la mayoría, la coalición de socialistas y democratacristianos. Este sistema ha permitido a la derecha frenar muchos proyectos de ley.