La UE acuerda almacenar los datos de llamadas telefónicas y mensajes de Internet

Los ministros del Interior y Justicia de la UE se manifestaron ayer a favor de retener los datos de las comunicaciones telefónicas y electrónicas para perseguir a los terroristas. Incluso los países más reticentes, como Alemania, participaron del acuerdo. La demostración de solidaridad sólo se vio perturbada por el francés Nicolas Sarkozy, que aportó datos erróneos sobre las pesquisas británicas. Sarkozy confirmó el restablecimiento de los controles fronterizos en Francia, que suspende así temporalmente la libre circulación prevista en el espacio Schengen, y pidió una mayor vigilancia de las mezquitas en la UE.

El consejo extraordinario de ayer de ministros de Interior y Justicia de la UE, convocado por los británicos tras los atentados de Londres, desbloqueó una negociación que lleva un año encallada. Se trata de establecer una norma europea que fije en una media de un año el tiempo durante el cual las operadoras de telefonía y los servidores de Internet deberán almacenar los datos de todas las comunicaciones.

No se trata de guardar el contenido de las comunicaciones, como aclararon Sarkozy y su homólogo español, José Antonio Alonso, sino los datos de tránsito, los que suelen aparecer en las facturas y que han sido tan determinantes en el esclarecimiento de atentados como los de Madrid de marzo de 2004.

Alemania, Finlandia y Austria eran los países más reticentes. Esgrimen el elevado coste que ello supone para sus compañías de telecomunicaciones. "Ha sido alentador escuchar ahora a algunos de mis colegas a favor de tomar esta medida", confesó Clarke al término de la corta reunión.

Ayer no era el momento, dijeron los ministros, de entrar en detalles sobre la directiva de retención de datos. El plazo de un año es el más barajado, pero algunos países están dispuestos incluso a establecer un máximo de tres años para los delitos más graves. En octubre, según el compromiso alcanzado ayer, se fijarán todos esos detalles para una norma que apoyan con especial ímpetu Francia, España y el Reino Unido, entre otros. Tanto el Parlamento Europeo como la Comisión ponen objeciones al proyecto por temor a vulnerar el derecho a la intimidad. "Todos nuestros Estados son garantistas a este respecto y el uso de los datos se hará siempre bajo mandamiento judicial", explicó Alonso.

Por lo demás, los ministros reunidos ayer en Bruselas se comprometieron a relanzar su agenda antiterrorista, como ya hicieron tras el 11-M, mejorando la cooperación judicial, policial y de inteligencia. El intercambio de datos sobre robo de explosivos, la protección de las infraestructuras críticas y el establecimiento de elementos comunes en los documentos de identidad son medidas que se consideran urgentes. Y se comprometieron a reflexionar sobre la radicalización de esta segunda generación de inmigrantes nacidos ya en suelo europeo, capaces de suicidarse en el metro para provocar una carnicería.

El francés Nicolas Sarkozy anunció que su país había suspendido temporalmente la libre circulación para restablecer los controles fronterizos como medida de precaución tras el atentado. Sarkozy también propuso a sus homólogos la vigilancia de las mezquitas existentes en territorio europeo para acabar con las prédicas de imanes radicales y evitar que esos centros sean semilleros de odio y de "actividades violentas".

Por otro lado, Sarkozy informó a la prensa de que varios de los terroristas de Londres habían estado detenidos en el pasado, lo que fue desmentido por el británico Clarke, que echó en cara al francés no haber asistido a la reunión completa.